M¨¦dicos que se niegan y trampas con la Fiscal¨ªa: la dificultad para acceder al aborto en el Estado de M¨¦xico incluso en caso de violaci¨®n

En el Estado de M¨¦xico, el aborto es ilegal. Est¨¢ penado con hasta cinco a?os de c¨¢rcel para el personal de salud que lo practique y con tres para la mujer que lo decida. Por ley, solo est¨¢ permitido en cuatro circunstancias: en caso de violaci¨®n, de peligro de vida para la madre, por ¡°alteraciones gen¨¦ticas¡± del feto, o en caso de que el aborto se produzca por accidente, sin intenci¨®n de la mujer. Aun en estos casos, el camino a la interrupci¨®n legal del embarazo est¨¢ plagado de obst¨¢culos, trampas y recovecos. De m¨¦dicos que se niegan por miedo o creencias, de guardias de seguridad que impiden la entrada a los hospitales, de personal que maltrata a las mujeres o de trabas inventadas con la Fiscal¨ªa. As¨ª lo acredita una investigaci¨®n de la organizaci¨®n Human Rights Watch, que durante un a?o se entrevist¨® con decenas de m¨¦dicos, activistas y funcionarios para ver c¨®mo funciona el acceso a un derecho b¨¢sico para las mujeres mexicanas.

Julia ten¨ªa 23 a?os y una hija cuando tuvo que ser internada por un aborto en curso en el Estado de M¨¦xico. El personal de salud trat¨® de impedirlo: ¡°Una buena madre no hace esas cosas¡±. Dayana ten¨ªa 15 a?os y hab¨ªa sido violada. Intent¨® acceder a un aborto, pero los m¨¦dicos se lo negaron: ¡°Se ten¨ªa que comportar como una se?ora porque eso era¡±. Tambi¨¦n se lo rechazaron tras una agresi¨®n sexual a Ana, que tuvo que trasladarse a Ciudad de M¨¦xico para interrumpir el embarazo. Despu¨¦s, la Fiscal¨ªa mexiquense no le acept¨® la denuncia ¡°porque se hab¨ªa hecho un aborto y eso es un delito, y un delito borra otro delito¡±. Estos son algunos de los testimonios ¡ªcon nombres ficticios¡ª que recoge el informe Navegando obst¨¢culos: acceso al aborto en el Estado de M¨¦xico, de Human Rights Watch (HRW). El documento est¨¢ basado en 66 entrevistas, entre los que hay personal de salud de 12 hospitales de la entidad, y en m¨¢s de 30 solicitudes de informaci¨®n.

El Estado de M¨¦xico es una de las 16 entidades del pa¨ªs que sigue criminalizando el aborto. A pesar de la resoluci¨®n de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n, que despenaliz¨® la interrupci¨®n voluntaria del embarazo en una decisi¨®n hist¨®rica, la mitad del pa¨ªs sigue sin adecuar su c¨®digo penal. Desde entonces se han conseguido algunas victorias gracias a amparos legales de organizaciones, como Gire, y otras porque el Congreso local de cada Estado ha votado por adecuarse. El camino que queda es largo. Tambi¨¦n a nivel federal. En 2023, la SCJN resolvi¨® que deb¨ªa quitarse el delito de aborto en el C¨®digo Penal Federal y que las instituciones de salud p¨²blicas est¨¢n obligadas a ofrecer el servicio de forma gratuita. Sin embargo, los cambios todav¨ªa no han llegado.

La situaci¨®n en los Estados es fr¨¢gil. El Estado de M¨¦xico es el m¨¢s poblado del pa¨ªs, con casi 17 millones de personas, y uno de los m¨¢s pobres, con el 43% de la poblaci¨®n en situaci¨®n de pobreza. A esta realidad se suma el primer puesto que alcanza en delitos de violencia de g¨¦nero, adem¨¢s de en lesiones y extorsi¨®n a mujeres, trata y violaci¨®n. Solo de enero a junio de 2024, m¨¢s de 1.600 mujeres presentaron una denuncia por agresi¨®n sexual en el Estado de M¨¦xico, seg¨²n las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P¨²blica. El INEGI estima que el 60,7% de las mujeres en esa entidad sufrir¨¢n violencia sexual en alg¨²n momento de su vida.

Sin embargo, entre 2018 y 2022, la Secretar¨ªa de Salud de la entidad registr¨® solo 179 egresos hospitalarios de atenci¨®n por aborto bajo la causal de violaci¨®n. ¡°El bajo n¨²mero de abortos relacionados con violaci¨®n sexual en el Estado de M¨¦xico indica que hay una utilizaci¨®n limitada de este servicio en el sector p¨²blico. Esta tendencia podr¨ªa atribuirse a los desaf¨ªos para el acceso al aborto, a pesar de que la causal de violaci¨®n est¨¢ permitida en el Estado¡±, apunta el informe de Human Rights Watch.

El maltrato, un obst¨¢culo clave

Entre las dificultadas creadas por el sistema, una clave es la mala atenci¨®n a las mujeres. Un m¨¦dico de un hospital reconoci¨® a HRW que ¡°el maltrato se trata de un obst¨¢culo importante y que algunas usuarias no acceden a los servicios de aborto porque ya no regresan despu¨¦s de haber recibido malos tratos¡±. Un funcionario de la Secretar¨ªa de Salud mexiquense tambi¨¦n acept¨® que las mujeres pueden ser maltratadas antes y despu¨¦s de abortar.

En los casos de violencia sexual, el informe de la organizaci¨®n recoge que el personal de salud del Estado de M¨¦xico exige requisitos ¡°por fuera de la ley¡±. Por ejemplo, dicen a las v¨ªctimas que no se las puede atender si no han presentado la denuncia penal por violaci¨®n, solicitan una autorizaci¨®n parental para las menores, o tratan de imponer el l¨ªmite de 12 semanas para practicarlo. Todas estas condiciones son inventadas por los m¨¦dicos para no cumplir con la obligaci¨®n. En la Ley de V¨ªctimas se recoge que el aborto por agresi¨®n sexual no requiere de denuncia, sino que debe prevalecer ¡°la buena fe¡± de la solicitante; tampoco se necesita permiso de los padres si la mujer tiene m¨¢s de 12 a?os, y en caso de violaci¨®n, no hay m¨¢ximo de semanas.

Ante estas situaciones, Human Rights Watch apunta: ¡°El personal m¨¦dico posterga la atenci¨®n de salud en abortos en contra de la voluntad de la persona, o donde la presionaron para que esperara antes de someterse a un aborto, incluso cuando su vida estaba en riesgo¡±. En algunas de estas ocasiones, el personal se niega por el temor a ser perseguidos legalmente. Seg¨²n el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P¨²blica, entre enero de 2018 y marzo de 2023, la Fiscal¨ªa del Estado de M¨¦xico inici¨® 740 investigaciones penales por el delito de aborto. Esto ocurre pese a que los jueces no pueden emitir condenas por aborto cuando se realiza con la voluntad de una mujer, como resultado de la sentencia que la Suprema Corte dict¨® en 2021.

As¨ª, la mayor¨ªa del personal de salud entrevistado por Human Rights Watch cree que la despenalizaci¨®n del aborto mejorar¨ªa el acceso a los servicios de aborto. ¡°Eliminar las restricciones legales mitigar¨ªa el temor entre mujeres, ni?as, adolescentes, sobre todo teniendo en cuenta que existe una percepci¨®n generalizada de que el marco jur¨ªdico vigente proh¨ªbe el aborto en todas las circunstancias. Tambi¨¦n mitigar¨ªa las inquietudes del personal de salud por la posibilidad de ser procesados penalmente si brindan atenci¨®n legal de aborto¡±, concluye el informe. HRW hace varias recomendaciones al Congreso local, federal, y a las secretar¨ªas de Salud para avanzar en reconocer este derecho y cumplir con la sentencia de la SCJN.

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