El dique europeo resiste con grietas a la ola antiabortista mundial

Que un derecho est¨¦ reconocido no implica que pueda ejercerse realmente, y que una ley lo garantice no significa que no pueda haber retrocesos, a¨²n sin tocar ni una coma de esa norma. Esto es lo que ocurre con el aborto en Europa, el territorio donde la libertad y la protecci¨®n de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres est¨¢n, en general, m¨¢s asegurados que en el resto del mundo, y, a¨²n as¨ª, esos derechos se est¨¢n limitando de distintas formas y han comenzado a estar en riesgo. Europa no es inmune al avance de movimientos y partidos de ultraderecha cuya primera diana, siempre, son los derechos de las mujeres. Pretenden barrerlos all¨ª por donde van expandi¨¦ndose, y en los ¨²ltimos a?os lo han hecho sobre todo en Estados Unidos y Am¨¦rica Latina, en una corriente reaccionaria ante el impulso del feminismo. Como en un juego de espejos, los recortes en unos pa¨ªses se replican en otros. Y tambi¨¦n como un eco, los pasos hacia delante de algunos gobiernos, y los muros de contenci¨®n a ese cercenamiento, se propagan en otros.

Retroceso, avance. Avance, retroceso. La ola conservadora en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sac¨® el aborto del amparo constitucional hace dos a?os, lo que provoc¨® que Francia planteara blindarlo dentro de su Constituci¨®n. Lo hizo hace dos meses. La llamada ley del latido, que proh¨ªbe el aborto a las seis semanas, entr¨® en vigor en Florida este mi¨¦rcoles, y el Supremo de ese mismo estado ha autorizado un refer¨¦ndum para blindarlo en la Constituci¨®n estatal. M¨¦xico lo despenaliz¨® a nivel federal el pasado septiembre, mientras la llegada de Javier Milei a la presidencia argentina ha supuesto la proposici¨®n de un proyecto para penalizarlo con hasta tres a?os de c¨¢rcel.

En Reino Unido, una nueva gu¨ªa oficial del Colegio de Ginecolog¨ªa rechaz¨® en enero que se informara a la polic¨ªa de los abortos autoinducidos. Rusia, el pasado verano, puso sobre la mesa limitar la venta de la p¨ªldora del d¨ªa despu¨¦s en las farmacias y prohibir los abortos en las cl¨ªnicas privadas, dej¨¢ndolo en manos de centros controlados por el Estado donde las mujeres suelen ser presionadas para no hacerlo.

Son solo algunos de los tirones hacia delante y hacia atr¨¢s en distintas partes del mundo. Y la perspectiva internacional es central para entender el contexto actual en Europa. En un mundo h¨ªperglobalizado, las estrategias para limitar o prohibir el acceso al aborto se conectan en una red que une, sobre todo el territorio europeo con Latinoam¨¦rica y Estados Unidos a trav¨¦s de partidos, fundaciones y organizaciones que financian y generan argumentarios para activar las mismas pol¨ªticas y discursos.

Al otro lado, quienes intentan preservar esa libertad son conscientes de esa amenaza global, sistematizada. El pasado 24 de abril, en ocho ciudades europeas y de forma simult¨¢nea, se daba la misma cifra: en el continente m¨¢s de 20 millones de mujeres no tienen garantizada la interrupci¨®n voluntaria del embarazo. Era la presentaci¨®n de My Voice, My Choice (Mi Voz, Mi Decisi¨®n), un movimiento organizado en 11 pa¨ªses que registr¨® ante la Comisi¨®n Europea una iniciativa ciudadana para que el aborto sea libre, seguro, gratuito y accesible, sea cual sea el lugar en el que vivan y la situaci¨®n econ¨®mica o administrativa que tengan las mujeres.

En Madrid, ese dato lo dio Kika Fumero, una de las coordinadoras en Espa?a, el d¨ªa de la presentaci¨®n, cuando tambi¨¦n se abri¨® la recogida de firmas necesarias para que esa iniciativa pueda tener recorrido en el Ejecutivo comunitario: necesitan al menos un mill¨®n. En algo m¨¢s de una semana han superado las 100.000 y esperan tener las 900.000 restantes antes de las pr¨®ximas elecciones europeas, el 9 de junio.

¡°Porque esto, evidentemente, es pol¨ªtica¡±, dec¨ªa en esa presentaci¨®n en Madrid la periodista y escritora Cristina Fallar¨¢s, tambi¨¦n coordinadora en Espa?a del movimiento: ¡°El ascenso de la ultraderecha, no solo aqu¨ª sino en Estados Unidos y Latinoam¨¦rica, nos dan una idea de lo que puede llegar a pasar, eso hace que no actuemos en reacci¨®n sino que estemos esper¨¢ndoles¡±. Una prevenci¨®n organizada de forma supranacional para hacer frente a los recortes o la supresi¨®n de derechos de las mujeres.

Esta semana, en otra rueda de prensa de My Voice, My Choice en Bruselas, Nika Kova? ¡ªdel Instituto 8 de Marzo, de Eslovenia, de donde parte este movimiento¡ª cont¨® cu¨¢l fue el primer contacto que hicieron cuando comenzaron a organizarse: ¡°A las mujeres de Polonia. Marta Lempart [del movimiento polaco Paro Nacional de Mujeres] fue la primera a la que llam¨¦ un d¨ªa antes de Navidad¡±.

Y fue Polonia porque Polonia es el segundo pa¨ªs m¨¢s estricto de la Uni¨®n Europea en relaci¨®n al aborto, solo por detr¨¢s de Malta, donde era ilegal en cualquier circunstancia hasta el verano del a?o pasado; desde entonces, la aprobaci¨®n de una normativa de m¨ªnimos permite el aborto si la mujer est¨¢ en riesgo de muerte y solo con el visto bueno de tres especialistas (el ¨²nico caso que permite a un m¨¦dico practicarlo sin consultar es si ese riesgo de muerte es inminente).

Polonia no llega a ese extremo pero sus limitaciones no est¨¢n muy lejos: es uno de los lugares con m¨¢s restricciones para las mujeres en autonom¨ªa y libertad para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.

Polonia, una prohibici¨®n que ha provocado muertes

El Tribunal Constitucional, un ¨®rgano controlado por jueces afines al partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), decidi¨® en 2020, a instancias de ese partido, prohibir el aborto en uno de los tres supuestos que ten¨ªan en vigor: por malformaci¨®n fetal, que comprend¨ªa el 90% de los alrededor de 1.000 abortos legales que se llevaban a cabo anualmente en el pa¨ªs. Ya solo se puede abortar cuando la vida corre peligro o en caso de violaci¨®n o incesto. Varias mujeres han muerto desde que entr¨® en vigor la sentencia, en 2021, porque los m¨¦dicos no realizaron una intervenci¨®n a tiempo.

Eso provoc¨® una salida en masa a la calle de las polacas y su impulso fue determinante para la victoria de los partidos liberales en las elecciones del pasado octubre. Dos partidos del nuevo Gobierno llegaron al poder con la promesa de legalizar el aborto hasta la semana 12 sin necesidad de justificar la causa, y de ampliar los plazos para los distintos supuestos. La izquierda pide tambi¨¦n ¡ªen una propuesta separada¡ª despenalizar la ayuda a abortar. Un tercer socio, m¨¢s conservador, defiende sin embargo volver a la situaci¨®n previa a la sentencia de 2020.

La C¨¢mara baja del Parlamento aprob¨® empezar a tramitar las propuestas el pasado 12 de abril. Ahora, el Ejecutivo deber¨¢ buscar una soluci¨®n consensuada que logre el apoyo de todos los socios y satisfaga a las mujeres y a los m¨¢s j¨®venes, que empiezan a manifestar su descontento de nuevo y que saben que tienen, al final del proyecto legislativo, la amenaza de veto del presidente ultraconservador del pa¨ªs, Andrzej Duda, cuyo mandato no expira hasta 2025.

Italia y Alemania y Polonia son tres de los pa¨ªses donde m¨¢s movimiento en torno al aborto ha habido de forma reciente. En ambas direcciones. Mientras la ciudadan¨ªa polaca ve el camino abierto para un m¨ªnimo progreso, en Italia, desde la llegada de la ultraderechista Georgia Meloni, el acceso a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo se complica cada vez m¨¢s.

Italia: poner trabas

La estrategia de Meloni, que prometi¨® no tocar la ley, es socavar el derecho regulado en la norma con distintas iniciativas. ?La ¨²ltima? Usar los fondos europeos de recuperaci¨®n para financiar y facilitar las actividades de los grupos antiabortistas en las cl¨ªnicas donde las mujeres van a informarse o a poner fin a un embarazo; algo que pueden hacer hasta los noventa d¨ªas de gestaci¨®n por motivos de salud, econ¨®micos, sociales o familiares.

A primera vista, y sobre el papel, su normativa parece bastante completa a pesar de su antig¨¹edad ¡ªde 1978¡ª, pero el problema llega a la hora de aplicarla, y no solo por esa reciente decisi¨®n de Meloni. Porque que el aborto sea legal no significa que sea accesible y para muchas mujeres interrumpir su embarazo se convierte en una carrera de obst¨¢culos.

El principal es la elevada tasa de objeci¨®n de conciencia entre el personal sanitario: m¨¢s del 70% de los ginec¨®logos lo son y en algunas regiones, como Molise o Campania, el porcentaje alcanza el 90%. Eso limita considerablemente la aplicaci¨®n de la ley, un problema que, de forma parecida, tambi¨¦n arrastra Espa?a desde la despenalizaci¨®n en 1985, cuando las cl¨ªnicas privadas comenzaron a hacerse cargo del acceso a ese derecho. Llevan haci¨¦ndolo desde entonces.

La ¨²ltima reforma espa?ola, del pasado a?o, estableci¨® ese acceso en el sistema p¨²blico y fij¨® la creaci¨®n de un listado de objetores para poder reorganizar los servicios y garantizar el aborto en los hospitales p¨²blicos, sin embargo, la resistencia de centros y la inacci¨®n de las autonom¨ªas ¡ªcon las competencias sanitarias¡ª est¨¢ provocando que ese registro a¨²n no est¨¦ en la mayor¨ªa de territorios, que pr¨¢cticamente nada haya cambiado y que, incluso, haya habido intentos de retroceso en aquellas comunidades donde el PP gobierna con Vox.

El a?o pasado, el vicepresidente de esa regi¨®n, Juan Garc¨ªa-Gallardo, del partido de ultraderecha, intent¨® activar un protocolo antiabortista: quer¨ªa instar a los m¨¦dicos de esa CC AA a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto y contemplar una ecograf¨ªa 4D (con imagen en movimiento y mucho m¨¢s n¨ªtida que las habituales), adem¨¢s de recibir asistencia psicol¨®gica. Pero ese protocolo no era nuevo, sal¨ªan de la legislaci¨®n del primer ministro h¨²ngaro Viktor Orb¨¢n, uno de los principales aliados europeos de Santiago Abascal, el l¨ªder de Vox.

Diferentes instituciones europeas, nacionales e internacionales ¡ªcomo el Consejo de Europa, el Comit¨¦ Europeo de Derechos Sociales, la ONU o, en el caso espa?ol, el Tribunal Constitucional¡ª, han denunciado o reprobado en varias ocasiones a ambos pa¨ªses por violar los derechos de las mujeres, evidenciando las dificultades pr¨¢cticas que se encuentran, como tener que viajar a hospitales de otras regiones para poder interrumpir el embarazo. Esto, relacionado en parte con el tab¨² y los prejuicios a¨²n existentes en torno al aborto, ocurre tambi¨¦n en Alemania.

Alemania y el estigma

All¨ª sigue vigente el controvertido art¨ªculo 218 del C¨®digo Penal por el que abortar est¨¢ prohibido. Sin embargo, desde 1992 no est¨¢ penado si se realiza durante las 12 primeras semanas, siempre que lo practique un m¨¦dico, que previamente la mujer haya recibido un asesoramiento en el que se le expliquen las opciones de ayuda que existen para continuar el embarazo y que hayan pasado tres d¨ªas de reflexi¨®n. Tambi¨¦n es posible abortar hasta la semana 22 si la vida de la mujer corre peligro, hay riesgo grave para su salud f¨ªsica o mental o si deriva de una violaci¨®n.

As¨ª, aunque el aborto es ilegal, en la pr¨¢ctica se puede realizar, no sin dificultad. La exigencia del asesoramiento previo es para muchas mujeres y asociaciones un requisito inc¨®modo en el que sienten que tienen que justificar sus motivos como si se tratara de una especie de confesionario y donde en muchas ocasiones se sienten juzgadas, especialmente en los estados federados m¨¢s conservadores, como Baviera.

A eso se suma encontrar un m¨¦dico que quiera practicarlo ¡ªespecialmente complicado en los estados del sur y del oeste¡ª, y el coste (entre los 350 y los 600 euros), ya que los seguros m¨¦dicos p¨²blicos solo se hacen cargo por cuestiones de salud o si ha sido fruto de violencia sexual. En los dem¨¢s casos lo debe pagar la mujer, a excepci¨®n de si percibe un sueldo que no supere los 1.383 euros al mes.

Ante ese contexto, hace tres semanas, una comisi¨®n de expertos formada por 18 miembros a petici¨®n del Gobierno alem¨¢n recomend¨® acabar con esa situaci¨®n y legalizar expl¨ªcitamente los abortos durante las primeras 12 semanas. Aunque no se prev¨¦ que suceda a corto plazo, es un movimiento que abre la v¨ªa para el avance en derechos.

Y en esa misma l¨ªnea, la Euroc¨¢mara se pronunci¨® hace un mes con una resoluci¨®n que reclama que el derecho al aborto ¡°seguro y legal¡± se consagre como derecho fundamental de la Uni¨®n, insta a los Estados miembros a despenalizarlo por completo y a eliminar y combatir los obst¨¢culos.

Fue aprobada por 336 votos a favor, 163 en contra y 39 abstenciones durante la pen¨²ltima sesi¨®n plenaria del Parlamento Europeo antes de su disoluci¨®n de cara a las elecciones europeas de junio. Pero esa resoluci¨®n, no vinculante y derivada de la decisi¨®n francesa de blindar el aborto en su Constituci¨®n, no es la primera, hubo otra hace dos a?os despu¨¦s de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocara ese derecho constitucional en el caso Roe contra Wade.

Como entonces, es dif¨ªcil que llegue a materializarse, porque para hacerlo hace falta la unanimidad de los Veintisiete, una unanimidad ahora inexistente y poco probable en el futuro m¨¢s pr¨®ximo. Aunque tiene un alto grado de simbolismo y marca un camino, hace falta algo m¨¢s para evitar que siga habiendo mujeres que no pueden abortar, que no pueden hacerlo en condiciones de seguridad o que mueren por intentarlo.

Ida Katariina Haapea, una de las coordinadoras de My Voice, My Choice en Finlandia, dijo el pasado lunes que el mill¨®n de firmas que necesitan no es solo ¡°para evitar¡± y ¡°hacer retroceder¡± al propio ¡°retroceso¡±, sino que es una cuesti¨®n de ¡°solidaridad europea¡± porque ¡°nadie est¨¢ a salvo de que sus derechos fundamentales m¨¢s b¨¢sicos est¨¦n en peligro¡±, como lo est¨¢n ahora los de millones de mujeres.