La trama criminal de El Mayo enfrenta a la Fiscal¨ªa con el Poder Judicial
La pol¨¦mica sobre la reforma judicial se atraviesa en las investigaciones sobre la captura de Zambada, tras un nuevo choque entre las instituciones que procuran e imparten justicia
La pol¨¦mica alrededor de la captura de Ismael El Mayo Zambada ha puesto en curso de colisi¨®n a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) y a integrantes del Poder Judicial. Tras un mes de silencio, el Ministerio P¨²blico Federal public¨® nuevos hallazgos de la investigaci¨®n para esclarecer lo que sucedi¨® en territorio mexicano antes de que El Mayo fuera detenido en Estados Unidos y sobre el montaje de la Fiscal¨ªa de Sinaloa tras el asesinato de H¨¦ctor Cu¨¦n, un influyente pol¨ªtico local. Las ¨²ltimas revelaciones no s¨®lo incomodaron a las autoridades estatales. El colectivo Art¨ªculo 41, compuesto por 1.500 jueces y magistrados federales, acus¨® a la FGR de faltar a la verdad, al asegurar que un juez federal de Culiac¨¢n obstaculiz¨® las ¨®rdenes de captura para que avanzara el caso y comenzara el reparto de responsabilidades. ¡°No se corresponde con la realidad¡±, acus¨® la representaci¨®n del grupo en ese Estado del pa¨ªs y afirm¨® que fue la propia Fiscal¨ªa quien desisti¨® de la orden de captura. La FGR dobl¨® la apuesta y volvi¨® a culpar al juzgador. En un giro inesperado, la reforma judicial se ha atravesado con la trama criminal de El Mayo.
El Centro Justicia Federal en Sinaloa, parte del colectivo de jueces que ha decidido dar la pelea contra la reforma judicial de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador en los tribunales, sembr¨® dudas alrededor de las afirmaciones que present¨® con contundencia la FGR el pasado fin de semana. El grupo acus¨® a los fiscales de ¡°m¨²ltiples inconsistencias probatorias¡± durante su exposici¨®n de hechos en un tribunal federal. Dijo que el juez a cargo del caso declar¨® la audiencia ¡°sin materia¡±, despu¨¦s de que los representantes ministeriales decidieran por s¨ª mismos, seg¨²n esta versi¨®n, retirar las ¨®rdenes de captura para ¡°perfeccionar¡± y ¡°mejorar¡± la causa. Tambi¨¦n afirm¨® que el rastro de sangre que se encontr¨® en la finca donde El Mayo fue secuestrado seg¨²n las autoridades mexicanas, la prueba material m¨¢s convincente que se ha presentado para colocar a Cu¨¦n en la escena del crimen, ¡°no son coincidentes¡± con los restos hem¨¢ticos del pol¨ªtico asesinado.
La respuesta de la FGR fue mucho m¨¢s concisa. Defendi¨® su decisi¨®n de se?alar a Joaqu¨ªn Guzm¨¢n L¨®pez, hijo de El Chapo detenido junto a El Mayo en Nuevo M¨¦xico, como el principal sospechoso del secuestro. Cit¨® la transcripci¨®n del juicio, en la que se advierte de que el juez solicit¨® que la orden de captura fuera emitida por un juez de un penal de m¨¢xima seguridad para tomar precauciones frente a la ola de violencia que azota a Sinaloa. Afirm¨®, finalmente, que los rastros de sangre de Cu¨¦n presentados en aquella audiencia de mediados de septiembre ya no son los ¨²nicos indicios que se tienen, y que peritos hab¨ªan logrado identificar otros restos que arrojan ¡°la coincidencia indudable del perfil gen¨¦tico¡± de la v¨ªctima.
El conflicto, sin embargo, no es nuevo. Las instituciones de procuraci¨®n de justicia (las fiscal¨ªas) y las de impartici¨®n de justicia (los tribunales) se han culpado durante a?os por el atolladero legal que persiste en M¨¦xico y la impunidad que prevalece en el pa¨ªs. Los fiscales afirman que los jueces son corruptos, obstaculizan las investigaciones y dejan en libertad a los criminales, echando por tierra su trabajo. Los juzgadores aseguran, en cambio, que las pesquisas son deficientes, los casos se construyen al vapor y que la incompetencia de los agentes ministeriales no les dejan otra opci¨®n m¨¢s que fallar a favor de los acusados. S¨®lo el 4% de las indagatorias de la FGR avanza en los tribunales, de acuerdo con un estudio de M¨¦xico Eval¨²a publicado el a?o pasado.
El cuello de botella ha colmado la paciencia del Gobierno federal y de la FGR, sobre todo cuando est¨¢n bajo la presi¨®n de casos de alto perfil. La batalla judicial contra Emilio Lozoya, exdirector de Petr¨®leos Mexicanos imputado por la trama corrupta de Odebrecht, fue paradigm¨¢tica. Bajo la bandera de acabar con la corrupci¨®n, Lozoya pas¨® de ser una suerte testigo estrella a blanco n¨²mero uno de la justicia mexicana. Pero cuando la Fiscal¨ªa empez¨® a acumular derrotas en los tribunales anunci¨® que iba a presentar cargos contra los jueces involucrados. La propia reforma judicial es otro caso. Ante los recursos legales de los jueces inconformes, miembros del bloque oficialista han amagado con llevarlos ante la justicia. ¡°?Por qu¨¦ no hacen una investigaci¨®n en Harvard sobre las resoluciones de que no se paguen impuestos en la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n o sobre los amparos que violan la Constituci¨®n o sobre las liberaciones de delincuentes?¡±, reproch¨® este martes Claudia Sheinbaum tras las burlas sobre la reforma en un evento de esa universidad. Defenestrados de sus cargos, los jueces, que normalmente no respond¨ªan p¨²blicamente, anunciaron conferencias de prensa diarias.
La pol¨¦mica alrededor de la reforma judicial alcanz¨® el caso de El Mayo, m¨¢s all¨¢ del ¨²ltimo cruce de acusaciones. La enmienda fue cuestionada por la elecci¨®n por voto directo de jueces, magistrados y ministros, tras el diagn¨®stico oficialista de que el Poder Judicial es ¡°corrupto¡± y est¨¢ sometido a ¡°intereses olig¨¢rquicos¡±. Pero dej¨® fuera a las instituciones de procuraci¨®n de justicia: reconfigur¨® los tribunales, pero no toc¨® a las fiscal¨ªas. Sheinbaum se ha comprometido a impulsar tambi¨¦n cambios legales en el ministerio p¨²blico, pero tiene en fila una bater¨ªa de reformas impulsadas, sus cr¨ªticos dir¨¢n impuestas, por L¨®pez Obrador. El descr¨¦dito al sistema judicial es palpable a partes de iguales: s¨®lo el 47,7% de los mexicanos cree que la FGR es efectiva y un 47,3% dice lo mismo de los jueces, seg¨²n datos oficiales. Los ministerios p¨²blicos, las agencias de investigaci¨®n y las polic¨ªas corren la misma suerte. Tambi¨¦n son reprobados por la ciudadan¨ªa.
El caso de M¨¦xico sobre El Mayo puede parecer una causa restringida a lo simb¨®lico. Los grandes juicios contra los narcos mexicanos se siguen librando en las cortes de Estados Unidos. Zambada ya navega por el sistema judicial estadounidense, al igual que los hermanos Ovidio y Joaqu¨ªn Guzm¨¢n. Sin embargo, ante el silencio de Estados Unidos sobre lo que sucedi¨® el pasado 25 de julio, la FGR recibi¨® una nueva oportunidad de probar que pod¨ªa dar respuestas a los mexicanos. Desmont¨® la versi¨®n oficial sobre el asesinato de Cu¨¦n, expuso los errores de la Fiscal¨ªa estatal, hizo p¨²blicos los avances del caso y presion¨® a sus contrapartes estadounidenses para obtener la informaci¨®n necesaria. En medio del esc¨¢ndalo ha mandado se?ales de diligencia.
La Fiscal¨ªa, sin embargo, va contra sus propias estad¨ªsticas, su saturaci¨®n de trabajo, su falta de entendimiento con los jueces y su r¨¦cord de impunidad. Con nuevas piezas en el rompecabezas, el relato colectivo arroja luz poco a poco sobre los innumerables puntos ciegos del caso. M¨¢s all¨¢ de Los Chapitos, la prueba de fuego ser¨¢ llevar ante la justicia a los responsables. La Fiscal¨ªa anunci¨® que citar¨¢ a polic¨ªas, peritos y funcionarios. Sea por los jueces o por ellos mismos, ninguna orden de aprehensi¨®n se ha cumplimentado despu¨¦s de casi tres meses. En medio de la incertidumbre por la refundaci¨®n del Poder Judicial, est¨¢ por verse si la FGR lograr¨¢ que sean condenados en un tribunal de M¨¦xico. Lo que no pas¨® con El Chapo ni con Genaro Garc¨ªa Luna ni con El Menchito ni con El Nini, por citar algunos casos.
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