Solo el 4% de las investigaciones de la Fiscal¨ªa avanza en los tribunales

En M¨¦xico dif¨ªcilmente las denuncias de delitos terminan en actos de justicia. O lo que es lo mismo, campea la impunidad. Es muy frecuente que la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) abra carpetas de investigaci¨®n a partir de las denuncias que recibe, pero los expedientes no suelen pasar exitosamente la prueba judicial. La organizaci¨®n M¨¦xico Eval¨²a ha documentado un persistente cuello de botella en el sistema de justicia penal. El estudio indica que, de los 2,2 millones de carpetas de investigaci¨®n abiertas en 2022, solo en 96.500 casos (el 4,3% del total) la Fiscal¨ªa logr¨® que un juez dictara la vinculaci¨®n a proceso de los acusados. La cifra es pr¨¢cticamente igual a la del a?o anterior, se?ala el estudio.

Este indicador es importante porque muestra la eficacia de los fiscales en la labor de convencer al juez de que los indicios y evidencias que recabaron para sustentar una acusaci¨®n son legales y consistentes. Si el juzgador da cr¨¦dito y considera que hay elementos para presumir que el delito se cometi¨® y que la persona acusada puede ser responsable, autoriza que el proceso contin¨²e en la etapa judicial. Esa es la vinculaci¨®n. Que el asunto llegue a una sentencia ¡ªcondenatoria o no¡ª es cosa posterior, pero, de entrada, la vinculaci¨®n a proceso es un examen en el que se pone a prueba la robustez y limpieza de las investigaciones a cargo de la FGR. Por ello, que menos del 5% de los expedientes de la Fiscal¨ªa pasen esta etapa es muestra de un fallo grave en la procuraci¨®n de justicia, de acuerdo con M¨¦xico Eval¨²a.

El informe de la ONG tambi¨¦n muestra que hay un enorme rezago de la FGR en la integraci¨®n de las carpetas o francamente una renuncia a su facultad de indagar. El periodo del an¨¢lisis abarca la gesti¨®n de Alejandro Gertz al frente de la instituci¨®n de procuraci¨®n de justicia. Al cierre de 2022, del total de expedientes abiertos, 1,1 millones segu¨ªan en etapa de investigaci¨®n (el 52,3%). En otros 967.000 casos (el 43%), la Fiscal¨ªa tom¨® la decisi¨®n de no seguir investigando, ya sea porque envi¨® las carpetas al archivo temporal, o decidi¨® no ejercer la acci¨®n penal, o se abstuvo, o se declar¨® incompetente, o decidi¨® acumular a otros expedientes, entre otras figuras previstas en la ley y que respaldan la inacci¨®n de la FGR, ¡°sin tener claridad sobre si se justificaban esas determinaciones¡±, indica el estudio.

M¨¦xico Eval¨²a advierte de que hay una tentaci¨®n de atribuir los fallos en el sistema de justicia penal a los jueces. Ejemplos recientes hay muchos en el ambiente pol¨ªtico mexicano. El presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, ha convertido al Poder Judicial en el sospechoso habitual y ha descargado en los juzgadores la responsabilidad de la impunidad que impera en el pa¨ªs. Para el mandatario, los fallos se deben a la corrupci¨®n judicial y a las ¡°convivencias inconfesables¡± de los jueces y no a las violaciones al debido proceso cometidas por la Fiscal¨ªa o los cuerpos de seguridad.

¡°En m¨²ltiples ocasiones en el contexto reciente se ha querido trasladar a los poderes judiciales la responsabilidad entera sobre el fracaso de los esfuerzos para disminuir la impunidad y la prevalencia de la corrupcio?n. No obstante, es preciso subrayar que estos solo pueden actuar sobre la base de los casos que las fiscali?as [la federal y las estatales] logran judicializar. Si las fiscali?as fracasan en el cumplimiento de su mandato, todo el sistema lo hace¡±, afirma el estudio.

La ONG advierte de que ¡°existen retos al interior de los poderes judiciales. Uno de ellos, muy evidente en los tiempos recientes, tiene que ver con su independencia. El Poder Judicial de la Federacio?n ha sido blanco de mu?ltiples ataques por parte de diversos actores pol¨ªticos¡±. La confrontaci¨®n es constante. El presidente incluso ha decidido mostrar en su conferencia diaria, la popular ma?anera, los nombres de los jueces que, desde su punto de vista, dictan resoluciones contrarias al inter¨¦s de la naci¨®n. El malestar del oficialismo con los juzgadores que instruyen la liberaci¨®n de un detenido por violaciones al debido proceso lleg¨® a tanto que la bancada de Morena en el Congreso impuls¨® hace unos meses una reforma para anular esa facultad de control judicial. La reforma, finalmente, no avanz¨®, pero las confrontaciones desde Palacio Nacional no cesaron.

La percepci¨®n de que hay corrupci¨®n entre los jueces ha aumentado entre la poblaci¨®n. El an¨¢lisis de M¨¦xico Eval¨²a demuestra que, en 2021, el 67,3% de la ciudadan¨ªa consider¨® que los jueces son corruptos, dos puntos m¨¢s que el a?o anterior. Si bien no se puede establecer una relaci¨®n directa entre esa percepci¨®n negativa y los cuestionamientos constantes de L¨®pez Obrador al Poder Judicial, tampoco se puede pasar por alto la influencia del presidente en la opini¨®n p¨²blica, considera Chr¨ªstel Rosales, coordinadora del programa de justicia de la ONG. ¡°Ha faltado hacer mucha pedagog¨ªa de las reglas de una justicia penal m¨¢s garantista. Se prev¨¦n derechos tanto para v¨ªctimas como para personas imputadas, y estos derechos no est¨¢n en pugna, no es un juego de suma cero donde al garantizar los derechos de unos se contrarrestan los derechos de otros. Esa es una narrativa que muchas veces se busca impulsar en las pol¨ªticas de punitivismo penal¡±, explica la investigadora en entrevista.

Para Rosales, el desconocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones de justicia, sumado a la falta de respuesta pronta y efectiva a las necesidades de la ciudadan¨ªa, conforma el caldo de cultivo que alimenta el discurso oficialista donde los jueces son culpables de la impunidad. ¡°Esta narrativa en realidad desinforma a la poblaci¨®n, porque cuando un juez no vincula a proceso, o decreta como ilegal una detenci¨®n, o emite una sentencia absolutoria, en muchos casos se debe a deficiencias en la procuraci¨®n de justicia [a cargo de la Fiscal¨ªa] o en la labor de los primeros respondientes [las corporaciones de seguridad: polic¨ªas, guardias nacionales, militares]¡±, se?ala.

La investigadora afirma que los elementos de seguridad y los fiscales deben recibir una mejor capacitaci¨®n en el debido proceso para reducir el cuello de botella en la etapa judicial. ¡°No quiero decir que no hay casos donde no se corrompan los jueces, pero lo cierto es que este sistema de justicia penal s¨ª tiene mayores controles, y, en la pr¨¢ctica, la gran mayor¨ªa de los casos que se caen en tribunales es porque no vienen bien armados de inicio y porque hubo de origen violaciones a derechos¡±, se?ala.

Rosales agrega que el an¨¢lisis de la impunidad debe abarcar a otras instituciones del sistema de justicia penal, y no solo centrarse en la labor judicial. Por ejemplo, la investigadora llama la atenci¨®n sobre el hecho de que, en 2022, alrededor de 560.000 carpetas de investigaci¨®n (el 25% de los expedientes abiertos) fueron enviadas por la Fiscal¨ªa al archivo temporal. ¡°Eso es esperar a que los delitos terminen por prescribir. Esa es una apuesta a la impunidad, algo que podr¨ªamos catalogar como una impunidad activa, una que es por decisi¨®n de las instituciones¡±, detalla.

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