Renuncias de ministros y cambios a la reforma judicial: la pen¨²ltima apuesta de la Corte para evitar el voto popular a los jueces

La batalla para aminorar los efectos m¨¢s negativos de la reforma judicial no ha llegado a su fin. El ministro de la Suprema Corte Juan Luis Gonz¨¢lez Alc¨¢ntara ha elaborado un proyecto en el que propone invalidar una parte de la enmienda aprobada en el Congreso por la mayor¨ªa morenista y que ya est¨¢ en el texto de la Constituci¨®n. Ni se invalida toda la enmienda oficialista y ni toda se aprueba. El coraz¨®n del proyecto de sentencia plantea que se mantenga la elecci¨®n de ministros del Supremo, magistrados del Tribunal Electoral y magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En cambio, se propone invalidar lo relativo a la elecci¨®n de jueces de distrito y magistrados de circuito, quienes tendr¨ªan que quedar sujetos a los criterios de la carrera judicial existente desde hace tres d¨¦cadas.

Se necesitan ocho votos de 11 para que se apruebe este proyecto de acci¨®n de inconstitucionalidad. Aunque solo hay tres ministras que votan a tono con el oficialismo, fuentes de la Corte han se?alado que no hay certezas de que el bloque mayoritario act¨²e en masa. Este es el escenario ideal que salvar¨ªa la carrera profesional de cientos de jueces y magistrados que han llegado al cargo gracias a a?os de estudio y ex¨¢menes de oposici¨®n. La publicaci¨®n del proyecto de Alc¨¢ntara coincide con la noticia de que varios ministros adelantar¨¢n esta semana su renuncia a la Corte. La partida de estos ministros, entre ellos el propio Alc¨¢ntara, supone que rechazan participar en la elecci¨®n judicial como candidatos. El presidente del Senado, Gerardo Fern¨¢ndez Noro?a, del PT, ha se?alado que en todo caso permanecer¨¢n en el cargo hasta que tomen posesi¨®n los nuevos ministros electos en las urnas, el pr¨®ximo a?o, a excepci¨®n de Luis Mar¨ªa Aguilar, que concluye su mandato constitucional el 30 de noviembre.

El proyecto ha provocado resquemores en las filas del oficialismo. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la C¨¢mara de Diputados, ha adelantado que su formaci¨®n ¡ªla mayoritaria¡ª no acatar¨¢ la sentencia del m¨¢ximo tribunal en caso de que sea aprobada. El asunto anticipa un fuerte choque de poderes y una crisis pol¨ªtica de altos vuelos, a un mes de iniciado el Gobierno de Claudia Sheinbaum y tras la partida de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, el l¨ªder espiritual de Morena y el principal impulsor de la reforma.

El ministro Alc¨¢ntara argumenta que la elecci¨®n de jueces y magistrados, tal como est¨¢ propuesta en la reforma, vulnera la divisi¨®n de poderes, la independencia judicial y el acceso a la justicia de los ciudadanos. ¡°No existe un r¨¦gimen democr¨¢tico sin que haya una divisi¨®n de poderes efectiva¡±, dice el proyecto. Se?ala que la garant¨ªa de independencia judicial est¨¢ sustentada en criterios constitucionales que la enmienda ha borrado: la inamovilidad en el cargo, un sistema adecuado de ascensos, la prohibici¨®n del despido injustificado y la irreductibilidad del salario. Para destituir a un juez, se se?ala, debe abrirse un procedimiento sancionatorio, con garant¨ªas de debido proceso, que justifique su despido, y no de un plumazo, como estableci¨® la enmienda.

El documento precisa que la inamovilidad de los jueces no significa que el sistema de nominaci¨®n de la judicatura no pueda cambiar. Lo que se pide es que las reglas de acceso y ascenso est¨¦n establecidas desde el comienzo y no cambien a mitad de la partida. El proyecto sugiere, en todo caso, que los jueces y magistrados sean electos en las urnas solo hasta despu¨¦s de que los actuales juzgadores concluyan el periodo natural de su nombramiento.

Alc¨¢ntara razona en contra de los criterios de elecci¨®n propuesto en la reforma morenista. En el discurso oficialista, la designaci¨®n de los jueces por voto popular es ¡°democratizar¡± al Poder Judicial, calificado de opaco, privilegiado y antidemocr¨¢tico. El proyecto observa que los requisitos pedidos a los aspirantes a cargos judiciales ¡ªser abogado, tener buen promedio, presentar un ensayo, entregar cartas de recomendaci¨®n de vecinos¡ª no son uniformes, no dan certeza de una buena preparaci¨®n y son ¡°de una ambig¨¹edad irremediable¡±, por ejemplo, aquel de presentar un buen promedio en la carrera de Derecho. Adem¨¢s, los Comit¨¦s de Evaluaci¨®n, que har¨¢n el filtrado y selecci¨®n final de los candidatos, deber¨¢n conformarse a propuesta unilateral de la presidenta de la Rep¨²blica, las C¨¢maras del Congreso y el pleno de la Suprema Corte.

El proyecto rebate el argumento de que la reforma ¡°democratiza¡± la justicia. Empezando por el hecho de que las personas que integran el primer filtro de selecci¨®n (los Comit¨¦s de Evaluaci¨®n) ¡°son elegidas por una minor¨ªa simple de nuestros representantes sin otro criterio que su ¡®reconocimiento en la actividad jur¨ªdica¡±. Tambi¨¦n se?ala que el modelo de elecci¨®n propuesto, por listas regionales ¡ªcircuitos judiciales¡ª y no por juzgados, ¡°[deja] en un lugar completamente relegado la individualizaci¨®n del voto y, por lo tanto, el papel que buscaba cumplir, de legitimar democr¨¢ticamente a la persona juzgadora y acercarla y responsabilizarla frente a su electorado¡±.

Ello sin contar la cantidad de boletas que un mismo ciudadano deber¨¢ tachar en la jornada electoral, entre cientos de candidatos a juez, a nivel federal y estatal. ¡°El dise?o constitucional propuesto tiene un efecto antidemocr¨¢tico al establecer un sistema que por sus caracter¨ªsticas intr¨ªnsecas no permite votar de manera informada. El voto informado es un elemento indispensable de las elecciones aut¨¦nticas¡±, reflexiona.

Otra de las modificaciones constitucionales que combate el proyecto de Alc¨¢ntara es el relativo al juicio de amparo. El oficialismo ha prohibido que los jueces puedan dictar la suspensi¨®n de una norma con efectos generales, esto es, en beneficio de varios afectados. Los casos de derechos ambientales son frecuentes en este tipo de amparos, en los que dif¨ªcilmente se puede individualizar el efecto de una norma nociva. La reforma ha buscado acotar a los activistas, que en el sexenio de L¨®pez Obrador lograron frenar por esa v¨ªa normas y megaproyectos de infraestructura. El ministro Alc¨¢ntara rechaza esa acotaci¨®n a la protecci¨®n del amparo por considerarla, de nuevo, antidemocr¨¢tica.

Su propuesta s¨ª valida, por ejemplo, la creaci¨®n del Tribunal de Disciplina Judicial con las atribuciones de indagar la conducta de los jueces y de imponer sanciones. Sin embargo, advierte de que hay un fraseo ambiguo que hace parecer que tendr¨¢ alcances no solo para sancionar un mal comportamiento sino tambi¨¦n el contenido de las sentencias, otro elemento que prende las alertas sobre la invasi¨®n a la independencia judicial. ¡°Los criterios sostenidos en las resoluciones judiciales no pueden ser motivo para la remoci¨®n del juzgador¡±, se?ala.

El ministro ponente ha decidido no entrar al an¨¢lisis de si la ruta establecida para la elecci¨®n de nuevos integrantes del Supremo es constitucional. Se trata de una renuncia voluntaria y es un ofrecimiento de paz al oficialismo. Alc¨¢ntara se?ala que lo m¨¢s sensato es declinar el an¨¢lisis de los preceptos relativos al r¨¦gimen que afecta a los ministros del Supremo, debido a ¡°la notoria p¨¦rdida de di¨¢logo interinstitucional que impera en la actualidad y, en t¨¦rminos m¨¢s generales, de la crisis constitucional que ha generado la reforma judicial analizada¡±. ¡°Se declina el an¨¢lisis de ese r¨¦gimen¡±, explica el ministro, ¡°en un ejercicio de autocontenci¨®n, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Uni¨®n¡±. No hay fecha para que se discuta el proyecto de Alc¨¢ntara. El voto del ministro Aguilar, que est¨¢ por dejar su asiento en el pleno, ser¨¢ clave.