Los gobernadores de los 32 Estados de M¨¦xico piden a la Suprema Corte mantener la prisi¨®n preventiva oficiosa

Los gobernadores de los 32 Estados de M¨¦xico se han puesto de acuerdo. Los mandatarios, la mayor¨ªa de Morena y sus aliados, pero tambi¨¦n del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han enviado una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n (SCJN) para pedirle que no toque la prisi¨®n preventiva oficiosa. El alto tribunal est¨¢ preparando varios proyectos para modificar esta pol¨¦mica figura, despu¨¦s de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara a M¨¦xico el a?o pasado y le ordenara retirarla de su Constituci¨®n. Sin embargo, los pol¨ªticos aluden que esta figura es clave para mantener la seguridad del pa¨ªs. El presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha celebrado este martes en su conferencia ma?anera la posici¨®n de los gobernadores.

Bajo la figura amicus curiae (amigos de la Corte), la Conferencia Nacional de Gobernadores present¨® a final de abril un escrito en el buz¨®n de la Suprema Corte. En la misiva, los mandatarios piden al tribunal que valore el ¡°grave impacto¡± que tendr¨ªa en la seguridad de M¨¦xico la modificaci¨®n de la prisi¨®n preventiva oficiosa. ¡°Se trata de una decisi¨®n que impactar¨¢ directamente en la seguridad y gobernabilidad del pa¨ªs y con ello en la de las entidades federativas, de cuyos gobiernos somos responsables y tenemos por tanto la valoraci¨®n del que vive y tiene elementos m¨¢s que suficientes para emitir opini¨®n fundada sobre las negativas consecuencias¡±, se lee en la carta.

Los gobernadores hacen hincapi¨¦ en ¡°el colapso¡± en el que entrar¨ªan los tribunales federales si tienen que ¡°analizar todas y cada una de las solicitudes de modificaci¨®n a la medida cautelar de prisi¨®n preventiva oficiosa¡±. En M¨¦xico hay 68.000 personas bajo esta figura en las c¨¢rceles, sin que hayan recibido una sentencia. Son un tercio de las 232.600 personas encarceladas. La mayor¨ªa est¨¢n en el Estado de M¨¦xico (21.000), le siguen 8.400 en Jalisco, 4.500 en Veracruz o 3.300 en Michoac¨¢n.

La prisi¨®n preventiva oficiosa est¨¢ recogida en el art¨ªculo 19 de la Constituci¨®n y permite enviar de forma autom¨¢tica a prisi¨®n a los acusados en una serie de delitos en la primera fase del proceso judicial. En M¨¦xico se aplica para un cat¨¢logo de 16 cr¨ªmenes que va desde el feminicidio o el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda. Esta figura, que es una anomal¨ªa en el resto de Latinoam¨¦rica, ¡°es contraria las garant¨ªas internacionales¡±, seg¨²n la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que la considera un encarcelamiento por adelantado.

Hace un a?o que la Corte Interamericana sancion¨® a M¨¦xico por vulnerar los derechos de Daniel Garc¨ªa y Reyes Alp¨ªzar, los dos hombres que estuvieron 17 a?os y medio en prisi¨®n sin una sentencia. Para evitar que su caso se repitiera, el alto tribunal internacional orden¨® al pa¨ªs ¡°adecuar su ordenamiento jur¨ªdico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convenci¨®n Americana¡±. M¨¦xico cuenta con dos prisiones preventivas, la justificada ¡ªque tambi¨¦n implica que el acusado siga su proceso judicial en la c¨¢rcel, pero porque un juez considera que existe riesgo de fuga o de da?ar a la v¨ªctima¡ª y la oficiosa, que es la que se aplica de forma autom¨¢tica. El tribunal internacional solo exige modificar esta ¨²ltima.

Sobre esto tambi¨¦n se han pronunciado los gobernadores: ¡°Es necesario enfatizar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes; sin embargo, ¨¦stas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de nuestra Constituci¨®n¡±. Adem¨¢s a?aden: ¡°Es necesario mantener la supremac¨ªa constitucional respecto de cualquier norma de car¨¢cter internacional que pueda afectar nuestro derecho interno, con el fin no s¨®lo de impedir la vulneraci¨®n de nuestra Carta Magna, sino de evitar un grave impacto en la seguridad p¨²blica¡±.

La carta de los mandatarios tiene un objetivo definido: el proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido como Expediente 3/2023, que va a proponer eliminar la prisi¨®n preventiva oficiosa para dar respuesta a las sentencias de la CoIDH. Adem¨¢s hay otros dos proyectos en preparaci¨®n en la SCJN: la acci¨®n de inconstitucionalidad 49/2021, presentada por la ministra Margarita R¨ªos Farjat, que va orientada a buscar el di¨¢logo entre la Fiscal¨ªa, el Ejecutivo y la Defensor¨ªa sobre c¨®mo inaplicar esta figura; y el amparo en revisi¨®n 284/2022, del ministro Alfredo Guti¨¦rrez Ortiz Mena, que aboga por elimina esta figura pero solo para la persona que promovi¨® el amparo, no a nivel general. Los tres proyectos llevan meses en la lista de asuntos pendientes de la Suprema Corte, pero fuentes judiciales apuntan a EL PA?S que es probable que se discutan despu¨¦s de las elecciones del 2 de junio.

El escrito de los gobernadores se alinea con la postura que ha mantenido L¨®pez Obrador desde el principio. El presidente ha convertido a la prisi¨®n preventiva oficiosa en un pilar clave de su estrategia de seguridad y as¨ª la ha defendido. Adem¨¢s, en su batalla de poderes con Norma Pi?a, la presidenta de la SCJN, esta figura se ha convertido en un arma arrojadiza. ¡°Yo espero que la Suprema Corte recapacite, entre en raz¨®n y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto ¨²ltimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo c¨ªnico, de lo descarado, que est¨¢n actuando jueces y magistrados, ministros...¡±, ha dicho este martes el mandatario, para despu¨¦s celebrar la postura de los gobernadores: ¡°Est¨¢ bien que los gobernadores est¨¦n pendientes de esto y demandando una actitud responsable a la Corte, porque ellos son los que padecen, y no solo los gobernadores, ministerios p¨²blicos, fiscales, las polic¨ªas... porque los ajustician. Es muy irresponsable el actuar as¨ª¡±.

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