La corrupci¨®n parlamentaria

En M¨¦xico, el debate p¨²blico se concentr¨® las semanas pasadas en la extradici¨®n de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto. El procesamiento judicial del exfuncionario ha sido completamente irregular y su forma y ritmo se est¨¢n manejando con fines pol¨ªticos. Se trata de usar su testimonio para denunciar la ilegitimidad de la reforma energ¨¦tica de 2013, demostrando que se pagaron grandes cantidades de dinero a los diputados y senadores de oposici¨®n para lograr la aprobaci¨®n de esa reforma. Y, en efecto, a lo largo de los gobiernos de la transici¨®n, la inexistencia de mayor¨ªas parlamentarias oblig¨® a los partidos gobernantes a pactar con, al menos, una parte de la oposici¨®n las grandes reformas que se plantearon, lo cual es normal en toda democracia representativa. Lo malo es que buena parte de esos pactos, especialmente en el Gobierno de Pe?a Nieto, involucraron no solo el cl¨¢sico (aunque inmoral) intercambio de favores y el reparto de posiciones y contratos, sino crecientemente la compra de votos de los diputados y senadores, pr¨¢ctica que se estableci¨® como normal no solo en el Parlamento federal, sino tambi¨¦n en los congresos estatales. El poder Legislativo en la transici¨®n dej¨® de ser una expresi¨®n de la pluralidad pol¨ªtica de la ciudadan¨ªa y un contrapeso al Ejecutivo para convertirse en el escenario de una oculta negociaci¨®n interna de la clase pol¨ªtica basada en la corrupci¨®n institucionalizada. Lo peor de todo es que ese proceso de degradaci¨®n no ha terminado con las actuales legislaturas, sino que contin¨²a como pr¨¢ctica generalizada.

Este proceso se inici¨® desde la transici¨®n misma en el a?o 2000. Los dos gobiernos del PAN nunca lograron la mayor¨ªa en ninguna de las c¨¢maras federales. El PRI conserv¨® el poder de veto no solo por ser el segundo partido, sino por tener la mayor¨ªa de los Gobiernos estatales. Los gobernadores priistas, libres del viejo control presidencial, hicieron lo que quisieron en sus Estados, creando un conjunto de autoritarismos subnacionales que produjeron la fragmentaci¨®n del poder y abrieron las puertas de la pol¨ªtica local al crimen organizado. Entre sus poderes estaba el control de las bancadas de sus estados en el Congreso federal. El PAN se vio obligado a pactar y pronto sus l¨ªderes parlamentarios, al igual que los de los dem¨¢s partidos, le agarraron gusto al reparto de puestos en los ¨®rganos aut¨®nomos, al ¡°moche¡± (cobro de un porcentaje a los gobiernos municipales para asignarles presupuestos espec¨ªficos), a los viajes internacionales con gastos pagados y a otros privilegios del cargo, como el de darle trabajo a sus asistentes y nombrar, de manera concertada, a quienes administraban el creciente e impresionante presupuesto del poder legislativo. La c¨²spide del proceso lleg¨® con Pe?a Nieto, quien con el fin de garantizar la aprobaci¨®n de sus ¡°reformas estructurales¡±, que eran las reformas finales a la Constituci¨®n para garantizar el legado neoliberal, promovi¨® el pago directo e ilegal de grandes cantidades a buena parte de los diputados y senadores, tal como ya se ven¨ªa haciendo en los Estados gobernados por el PRI desde la d¨¦cada anterior. Debe decirse que varias de las reformas antes aludidas eran necesarias, sobre todo la creaci¨®n de ¨®rganos regulatorios, como las Comisiones Nacionales de Energ¨ªa y de Competencia, as¨ª como la ¡°nacionalizaci¨®n¡± o federalizaci¨®n del instituto electoral y de transparencia.

El caso Lozoya deber¨ªa propiciar un debate sobre la corrupci¨®n en general, incluida la legislativa, hoy d¨ªa moderada en el Congreso federal, en lo referente a privilegios y a ¡°pagos por evento¡±. Pero otras pr¨¢cticas nefastas siguen reproduci¨¦ndose, sobre todo el transfugismo pol¨ªtico, esto es, la compra de diputados para que cambien de partido. En este momento, el Partido del Trabajo, aliado principal de Morena, est¨¢ ¡°adquiriendo¡± diputados para tratar de convertirse en tercera fuerza pol¨ªtica y evitar que el PRI maneje la presidencia de la C¨¢mara de Diputados en el tercer a?o de la legislatura. Morena tambi¨¦n se hizo de diputados extras al inicio del per¨ªodo. Igualmente, L¨®pez Obrador ha conseguido ya la aprobaci¨®n de numerosas reformas constitucionales, varias de ellas de dudosa legalidad, con el sospechoso apoyo de algunos priistas y a veces de panistas. ?Qu¨¦ les dieron a cambio?.

En los Estados, el desaseo administrativo y legal es la norma de las legislaturas locales, lo cual habla del baj¨ªsimo nivel de la clase pol¨ªtica y de su absoluta falta de responsabilidad ante los ciudadanos a quienes supuestamente representan. Especialmente grave es que esas legislaturas nombran a los magistrados de los tribunales superiores de justicia y a los dirigentes de los ¨®rganos aut¨®nomos. Donde Morena gobierna, como en Veracruz, esos nombramientos han reca¨ªdo en personajes sin la menor experiencia ni trayectoria, sin seguir las normas, sin debate p¨²blico, todo negociado ¡°en lo oscurito¡±. De esta forma se anula de origen la autonom¨ªa del poder judicial y de los ¨®rganos formalmente aut¨®nomos, exactamente como era la norma del viejo r¨¦gimen. Lo mismo ha pasado a nivel federal con los ¨®rganos reguladores. Esto es otra forma de corrupci¨®n que no puede ignorarse.

Un cambio de r¨¦gimen implica acabar con la inveterada pr¨¢ctica de someter al poder legislativo al ejecutivo, sea por corrupci¨®n abierta, como en el Gobierno de Pe?a Nieto, sea por v¨ªas m¨¢s oscuras pero igualmente da?inas para la democracia.