El refer¨¦ndum fallido y la activaci¨®n de la sociedad civil

En marzo, las coyunturas nacional e internacional han complicado el ejercicio de Gobierno del presidente L¨®pez Obrador, dando como resultado la creaci¨®n de un ambiente de incertidumbre sobre el futuro inmediato y una sensaci¨®n de p¨¦rdida de gobernabilidad. Resalta en esos d¨ªas la dificultad de hacer participar a la ciudadan¨ªa en el cuestionable refer¨¦ndum de ratificaci¨®n de abril, que hipot¨¦ticamente debe confirmar la popularidad del presidente. En otro frente, los factores econ¨®micos anuncian la profundizaci¨®n de una crisis en marcha: las finanzas p¨²blicas se enfrentan a un formidable reto dado el aumento del precio internacional de los combustibles; hay una par¨¢lisis de la inversi¨®n privada derivada de la a¨²n incierta Reforma El¨¦ctrica y del debilitamiento de la recuperaci¨®n de los pa¨ªses europeos y de Estados Unidos como consecuencia de la guerra (de lo cual dependen nuestras exportaciones). Adem¨¢s, se constata cada d¨ªa la patente inviabilidad de los proyectos emblem¨¢ticos del presidente, tanto en t¨¦rminos econ¨®micos como por la imposibilidad de que se terminen en tiempo y forma (a pesar de que el gobierno gasta discrecionalmente en ellos). Para completar el cuadro, la reanimaci¨®n del movimiento feminista, el hartazgo de los colectivos de familiares de v¨ªctimas de desaparici¨®n forzada ante la par¨¢lisis del Estado y las tensiones crecientes derivadas de la violencia en no pocos estados de la Rep¨²blica demuestran que hay una franca descomposici¨®n de las relaciones sociales en varias regiones, que se acompa?a de una fragmentaci¨®n pol¨ªtica que afecta al propio partido de gobierno y que se pretende recomponer mediante artilugios distractores como la campa?a por la ratificaci¨®n de mandato.

El factor central de la creciente ingobernabilidad es la violencia cada vez m¨¢s intensa en los estados de Michoac¨¢n, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Colima, Zacatecas, Sonora y Tamaulipas, en los que el crimen organizado es ya el poder hegem¨®nico en regiones enteras. Los asesinatos de periodistas -y en general la violencia criminal- han aumentado desde el principio del a?o, sin que los gobiernos estatales ni el federal articulen una respuesta adecuada al tama?o del reto. La violencia contra las mujeres se ha incrementado sin que el presidente reconozca siquiera el problema. Siguen apareciendo fosas clandestinas en muchas partes del pa¨ªs, por lo que el Gobierno reconoce que padece una ¡°crisis forense¡±, es decir, una incapacidad estructural para reconocer los cuerpos, darles nombre y entregarlos a sus deudos. La ausencia de una estrategia de seguridad y de una pol¨ªtica de construcci¨®n de paz es tal vez el d¨¦ficit m¨¢s imperdonable de este Gobierno, que ha ignorado sistem¨¢ticamente la gravedad de la crisis de violencia y de derechos humanos que vive M¨¦xico. Esta omisi¨®n est¨¢ cobrando un precio cada vez mayor, tanto a nivel internacional (v¨¦anse las cr¨ªticas del Parlamento Europeo, los informes de agencias de Estados Unidos y de la ONU) como interno, pues al fin la debilitada y casi ausente sociedad civil empieza a reanimarse, produci¨¦ndose en estos d¨ªas una interesante confluencia entre el movimiento feminista, el de los colectivos de v¨ªctimas y el de protecci¨®n a periodistas.

La patente ausencia del Estado en materia de seguridad solo es igualada por la incapacidad del mismo en materia de salud. El colapso del sistema nacional de salud, causado por la simultaneidad de la pandemia, el desabasto de medicinas y la desinstitucionalizaci¨®n de los sistemas p¨²blicos de salud, no solo no se ha resuelto, sino que se le ha agregado ahora una improvisada pol¨ªtica de centralizaci¨®n/federalizaci¨®n al intentar pasar todos los sistemas de salud estatales al control del IMSS, sin que haya las condiciones financieras ni organizacionales para ello. Los pobres son los que m¨¢s han padecido y padecen la sumatoria de ocurrencias del gobierno en este campo, y la dimensi¨®n real de esta tragedia en t¨¦rminos de vidas a¨²n est¨¢ por conocerse. En este campo empieza a organizarse tambi¨¦n una resistencia desde una sociedad civil emergente.

La irresponsabilidad del gobierno tiene su manifestaci¨®n m¨¢s patente en los megaproyectos impulsados por el presidente. El nuevo aeropuerto se inaugura sin que haya accesos al mismo, lo que lo convierte en un elefante blanco, adem¨¢s de que est¨¢ por verse si realmente ser¨¢ compatible la simultaneidad de su operaci¨®n con la del aeropuerto viejo. La refiner¨ªa de Tabasco est¨¢ en camino a duplicar su costo estimado y no se sabe cuando realmente podr¨¢ entrar en funciones. El Tren Maya es un desastre en todos los frentes: planeaci¨®n, ecolog¨ªa, finanzas p¨²blicas e ingenier¨ªa. La suma de violaciones a la ley, irresponsabilidades, improvisaciones, conflictos de inter¨¦s y corrupci¨®n dura y pura, han hecho de este proyecto un agujero negro por el que se han ido y se seguir¨¢n llendo miles de millones de pesos que se le han quitado a la salud, la educaci¨®n y la seguridad de los mexicanos, todo en aras de un capricho presidencial. En la Pen¨ªnsula de Yucat¨¢n crece tambi¨¦n la resistencia civil al megaproyecto y va adquiriendo m¨¢s organicidad y unidad.

No es extra?o entonces que la jugada del referendo revocatorio que nadie pidi¨®, y que fue reconvertido por el Gobierno en un caprichoso acto de ratificaci¨®n de mandato -por lo dem¨¢s innecesario y demag¨®gico-, est¨¦ resultando en un fracaso pol¨ªtico estrepitoso. No hay inter¨¦s alguno de la ciudadan¨ªa en un referendo que busca ¨²nicamente satisfacer el ego del presidente y poner a prueba el aparato electoral de Morena. Dada la apat¨ªa del p¨²blico, el Gobierno est¨¢ dedicado, desde hace semanas, a la promoci¨®n del referendo en escandalosa violaci¨®n a la ley de revocatoria del mandato que el propio partido Morena aprob¨® en el parlamento, y que expl¨ªcitamente proh¨ªbe la intervenci¨®n de los funcionarios p¨²blicos en la promoci¨®n del mismo y de los ¡°logros¡± del Gobierno. En desesperada acci¨®n, las C¨¢maras de Senadores y Diputados han aprobado reci¨¦n una precipitada reforma a la ley que declara legales, ya en pleno proceso electoral, las acciones de funcionarios en favor de la ratificaci¨®n del presidente. No solo es inconstitucional cambiar una ley electoral cuando el proceso ya empez¨®, sino inmoral, puesto que la transici¨®n a la democracia en M¨¦xico se fund¨® en el establecimiento de una pesada reglamentaci¨®n que evitara que el gobierno autoritario del PRI usara al aparato de Gobierno para obtener ventajas en los procesos electorales. Pues bien, Morena es ahora ya, descaradamente, el partido oficial, el nuevo PRI al servicio del presidente, que est¨¢ usando el aparato de Estado para acarrear votantes al referendo, recurriendo para ello a las viejas t¨¢cticas pri¨ªstas: obligar a los beneficiarios de la pol¨ªtica social a ir a votar, forzar a los funcionarios p¨²blicos federales, estatales y municipales a convertirse en operadores electorales, y mandar a diputados y senadores a movilizar a sus bases clientelares. La penosa mentira de que existen supuestas ¡°organizaciones civiles¡± que misteriosamente pagan la costosa campa?a publicitaria del refer¨¦ndum resulta vergonzosa y contradictoria con el declarado rechazo de L¨®pez Obrador a la sociedad civil.

La ¡°Cuarta Transformaci¨®n¡± se ha convertido en una caricatura de s¨ª misma. Lejos de cambiar el sistema pol¨ªtico, L¨®pez Obrador y su partido Morena han avanzado sustancialmente en la restauraci¨®n del viejo r¨¦gimen, al menos en lo que se refiere al presidencialismo centralizador, la subordinaci¨®n de los gobernadores y alcaldes, la existencia de un partido oficial que es una mera oficial¨ªa de partes del presidente, la m¨¢s completa falta de transparencia en el uso de los recursos p¨²blicos y la intolerancia autoritaria a la prensa cr¨ªtica y a todo movimiento social u organizaci¨®n de la sociedad civil que no se pliegue a las ¨®rdenes presidenciales. Por fortuna, el creciente autoritarismo empieza a ser resistido en varios frentes, dando pie a un incipiente renacimiento de una sociedad civil aut¨®noma, en la que destacan el movimiento feminista, los colectivos de v¨ªctimas, las ONG especializadas en la lucha contra la corrupci¨®n y las que defienden derechos humanos, as¨ª como los movimientos populares locales que resisten los megaproyectos y la violencia criminal.