Fiscalidad verde

Espa?a es uno de los pa¨ªses m¨¢s retrasados en Europa en cuestiones ambientales. Ha sido sancionada por incumplir la directiva europea de depuraci¨®n de aguas residuales urbanas (una multa que en febrero de 2020 ascend¨ªa a 32 millones de euros), tiene un expediente abierto por incumplimiento de los niveles de contaminaci¨®n en las ciudades y lleva un considerable retraso en el reciclaje de residuos urbanos. Sobre este ¨²ltimo aspecto incide la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que se va a tramitar en el Congreso, cuyo objetivo es aumentar el reciclaje y reducir para 2030 en un 15% respecto de 2010 la cantidad total de desechos que se genera. Es un objetivo modesto, teniendo en cuenta el gran retraso acumulado. En 2019 apenas se recicl¨® el 34,7% de los residuos, cuando ya deber¨ªamos haber superado el 50%, y hay pa¨ªses como Alemania que alcanzan el 66%. Toca acelerar y para ello es importante disponer de herramientas de fiscalidad verde como los dos nuevos impuestos previstos en la ley: uno sobre los envases de pl¨¢stico de un solo uso y otro sobre los despojos que van a vertederos o incineradoras, con los que se espera recaudar 1.378 millones anuales.

No se puede proteger al medio ambiente sin costes y no habr¨¢ transici¨®n ecol¨®gica sin una fiscalidad verde que la incentive. Utilizar la fiscalidad verde para reorientar la econom¨ªa y alcanzar los objetivos ambientales es lo que recomiendan los principales organismos internacionales. Esa fue tambi¨¦n la propuesta espec¨ªfica de un demoledor informe de 2018 en el que la Comisi¨®n Europea constataba las bajas tasas de reciclaje en Espa?a, un ¨¢mbito en el que no se logran mejoras desde hace m¨¢s de 15 a?os. Siguiendo el principio de que quien contamina paga, los nuevos impuestos deben permitir superar la situaci¨®n actual en la que incinerar o depositar residuos en los vertederos es mucho m¨¢s barato que reciclar.

La fiscalidad verde no debe entenderse como un mero instrumento de recaudaci¨®n. Es una reordenaci¨®n impositiva orientada a determinados logros ambientales con repercusi¨®n directa sobre la innovaci¨®n productiva y la competitividad de las empresas. Hay amplio consenso internacional sobre la necesidad de gravar las externalidades negativas, como es el impacto que una actividad tiene sobre la salud o el medio ambiente. Se ha planteado como objeci¨®n a los nuevos impuestos que no sean suficientemente progresivos. Sin descuidar los aspectos sociales de su aplicaci¨®n, este puede ser un falso debate. Lo importante no es que cada impuesto sea progresivo, sino que el sistema tributario en su conjunto lo sea. La fiscalidad verde incluye impuestos y tasas directas, pero tambi¨¦n incentivos positivos, como la desgravaci¨®n o las ayudas de actividades que contribuyan a la descarbonizaci¨®n de la econom¨ªa, como la rehabilitaci¨®n de edificios para el ahorro energ¨¦tico.

La verde es una de las ¨¢reas fiscales que mayor recorrido tiene en Europa. Y todav¨ªa m¨¢s en Espa?a, dado el retraso que lleva. Las tres fuentes del sector ¡ªtributos sobre la energ¨ªa, sobre el transporte y sobre la contaminaci¨®n¡ª reportaron 22.050 millones de euros en 2019, un 7,9% de los ingresos por tributaci¨®n, cuando el a?o anterior represent¨® el 8,1%. Esta recaudaci¨®n apenas representa, seg¨²n datos de Eurostat, el 1,8% del PIB, cuando la media europea es del 2,4%. Tiene sentido, como plantea el Gobierno, que Espa?a avance en esta senda.