La falta de depuradoras lleva a Espa?a a pagar la mayor multa de su historia a la UE
El Estado ha desembolsado ya 32,7 millones de euros por incumplir una directiva de hace 29 a?os
M¨¢s de 32,7 millones de euros. Y subiendo. La condena que Espa?a recibi¨® en julio de 2018 por la falta de depuraci¨®n de aguas urbanas residuales en varias aglomeraciones urbanas ¡ªque contemplaba una multa fija y penalizaciones semestrales mientras perduren los incumplimientos de la normativa comunitaria¡ª ha supuesto ya la mayor sanci¨®n que el pa¨ªs ha tenido que pagar nunca a Bruselas. Adem¨¢s, la previsi¨®n es que siga aumentando, al menos, hasta 2023, cuando el Gobierno estima que se habr¨¢n solventado todos los problemas de este caso.
Fuentes de la Comisi¨®n Europea informan de que la factura de lo abonado por Espa?a asciende ya hasta esos m¨¢s de 32,7 millones, de los que 12 fueron impuestos directamente por el Tribunal de Justicia de la UE en julio de 2018 como sanci¨®n fija por los incumplimientos pasados. Pero en el momento de dictarse aquella sentencia nueve aglomeraciones ¡ªen las que viven 379.000 personas¡ª segu¨ªan vertiendo sus aguas residuales sin tratar adecuadamente al mar o a los r¨ªos. Se trata de Matalasca?as (Huelva), Alhaur¨ªn el Grande (M¨¢laga), Isla Cristina (Huelva), Tarifa (C¨¢diz), Co¨ªn (M¨¢laga), Nerja (M¨¢laga), Barbate (C¨¢diz), Gij¨®n Este (Asturias) y Valle de G¨¹¨ªmar (Santa Cruz de Tenerife). El tribunal estableci¨® que por cada seis meses que perdurase el incumplimiento la sanci¨®n ir¨ªa aumentando 10,35 millones. Espa?a ha pagado ya dos semestres de incumplimientos completos, seg¨²n la informaci¨®n facilitada a EL PA?S por la Comisi¨®n.
Desde que se dict¨® esa sentencia de julio de 2018 hasta ahora solo se han solventado los problemas en uno de los casos: la depuradora de Tarifa, que cubre las aguas de m¨¢s de 20.000 habitantes. Existe un calendario para el resto de casos que, en el escenario m¨¢s optimista, se completar¨¢ en 2023.
La multa m¨¢s alta que hasta ahora hab¨ªa pagado Espa?a ¡ª30 millones¡ª era por las denominadas vacaciones fiscales (ayudas ilegales a empresas disfrazadas de exenciones fiscales) que Euskadi concedi¨® y no recuper¨® a tiempo. En aquel caso el Gobierno vasco se hizo cargo de la sanci¨®n. La intenci¨®n del Ejecutivo central en este caso es que tambi¨¦n paguen las comunidades. El Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica recuerda que la competencia sobre las aguas residuales es municipal, aunque en algunos casos las obras han sido declaradas de inter¨¦s regional o, incluso, nacional ante los retrasos de la aplicaci¨®n de una directiva comunitaria de 1991. El Gobierno tiene intenci¨®n de trasladar parte de la sanci¨®n europea a las comunidades y ayuntamientos afectados, aunque el Ministerio de Pol¨ªtica Territorial sostiene que a¨²n no se ha completado el expediente para poder reclamar ese dinero.
La Comisi¨®n Europea dispone desde 1992 de la potestad de sancionar a los Estados que incumplan sus directivas. Bruselas fue remisa en un principio a utilizar un instrumento tan potente y, de hecho, no lo estren¨® hasta 2000. Pero desde entonces las sanciones se han hecho m¨¢s frecuentes y, adem¨¢s, el Tratado de Lisboa ampli¨® el tipo de infracciones que se pueden castigar con multas y agiliz¨® la imposici¨®n de algunas.
En total, el Tribunal de Justicia de la UE ha impuesto 38 multas a instancias de la Comisi¨®n. El r¨¦cord de la sanci¨®n a tanto alzado se lo ha llevado Italia (con 40 millones de euros) y el de la sanci¨®n coercitiva (que se repite hasta que Estado infractor cumple con la normativa) lo tiene Francia, con una multa semestral de casi 58 millones.
Las sanciones, de todos modos, est¨¢n relacionadas con la envergadura econ¨®mica de cada pa¨ªs, por lo que el montante no refleja de por s¨ª el golpe sufrido. La frecuencia parece un indicador m¨¢s adecuado para calibrar el impacto. Y Grecia, con 10 sanciones, es el pa¨ªs m¨¢s castigado. Espa?a e Italia ocupan el segundo lugar, con cinco sanciones multimillonarias. Y Francia y Portugal completan un podio (muy mediterr¨¢neo) con tres multas cada una.
El gran problema: el agua
Los incumplimientos medioambientales lideran las sanciones impuestas por la justicia europea. Dentro de esas infracciones con multa los problemas con el agua ocupan un lugar destacad¨ªsimo. Espa?a tiene abiertos cinco procesos de infracci¨®n europeos por falta de tratamiento de las aguas urbanas en este momento, que est¨¢n agrupados en funci¨®n del tama?o de las poblaciones que no depuran o lo hacen mal y las zonas naturales afectadas. En total, esos cinco expedientes conciernen a casi 1.100 aglomeraciones urbanas, seg¨²n detallan fuentes de la Comisi¨®n Europea.
Los planes hidrol¨®gicos del Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica contemplan 3.500 medidas de saneamiento y depuraci¨®n, que supondr¨¢n una inversi¨®n de unos 10.000 millones en los pr¨®ximos 18 a?os. Seg¨²n este departamento, dos tercios de esas actuaciones las deben realizar las comunidades y un tercio el Estado. Y el Gobierno afirma que tiene previsto realizar 86 obras de depuraci¨®n por valor de 447 millones hasta 2023. El objetivo: evitar que lleguen m¨¢s sanciones multimillonarias como la que ya est¨¢ pagando.
Cinco sanciones
La primera vez que Espa?a fue multada (con 9,3 millones) por el Tribunal de Justicia de la UE fue en 2003 por la mala calidad para el ba?o de las aguas interiores (lagos, r¨ªos, pozas). La siguiente ¡ªque alcanz¨® los 23,9 millones¡ª fue en 2012 por ayudas ilegales a la empresa Magefesa. En 2014 el tribunal volvi¨® a condenar a Espa?a con 30 millones por el caso de las llamadas vacaciones fiscales vascas. Y en julio de 2017 lleg¨® la condena de tres millones por el retraso en la reforma de la estiba. Un a?o despu¨¦s Espa?a fue condenada por la mala depuraci¨®n.
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