Erosi¨®n democr¨¢tica en El Salvador

El Salvador es uno de los Estados que mejor representa los procesos de erosi¨®n democr¨¢tica que ocurren en Am¨¦rica Latina. Se trata de un fen¨®meno caracterizado por la concentraci¨®n del poder (generalmente en l¨ªderes populistas), el recorte de las libertades, la reducci¨®n de los derechos humanos a meras garant¨ªas formales, la cooptaci¨®n de las instituciones para ponerlas al servicio de un proyecto pol¨ªtico o la eliminaci¨®n de aquellas que se resisten a perder su autonom¨ªa e independencia. Ese proceso ¡ªque inicia con fen¨®menos de constitucionalismo abusivo y degenera en reg¨ªmenes autoritarios¡ª se caracteriza por su lentitud e imperceptibilidad. Esas dos caracter¨ªsticas conducen a que cada uno de sus avances no sea visto en s¨ª mismo como altamente antidemocr¨¢tico. Sin embargo, cada paso es solo un eslab¨®n de un proceso m¨¢s amplio y consolidado de destrucci¨®n de los cimientos del sistema democr¨¢tico.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele. Antes de la pandemia, el presidente de ese pa¨ªs lider¨® el asalto militar al recinto de la Asamblea Legislativa como un mecanismo para intimidar al Parlamento que se opon¨ªa a sus pol¨ªticas. Durante la etapa m¨¢s fuerte de la pandemia causada por la covid-19, Bukele utiliz¨® el riesgo de contagio tanto para adoptar restricciones desproporcionadas a los derechos humanos como para abusar de la figura de los estados de excepci¨®n. El presidente incluso apel¨® a expresiones con fuerte connotaci¨®n represiva cuando le orden¨® a las Fuerzas Armadas que doblaran las mu?ecas de quienes incumpl¨ªan las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno. Despu¨¦s de la pandemia, ocurrieron las cuestionadas elecciones parlamentarias que dieron la mayor¨ªa absoluta al partido de Gobierno (Nuevas Ideas) dentro del ¨®rgano legislativo.

En ese contexto, en El Salvador (como en Brasil) el poder judicial ha actuado como un mecanismo de contenci¨®n de los procesos de erosi¨®n democr¨¢tica. Sin embargo, ese rol de contenci¨®n genera fuertes reacciones del poder Ejecutivo. La primera estrategia es intentar cooptar al poder judicial. Sin embargo, cuando este se resiste, se usan los mecanismos legislativos y constitucionales para reformarlo con el objetivo de limitar sus facultades o restringir el alcance de sus decisiones. Finalmente, si la resistencia persiste, se opta por la destituci¨®n de sus integrantes o por la eliminaci¨®n definitiva de las instituciones judiciales.

Esta f¨®rmula es bien conocida en pa¨ªses como Hungr¨ªa, Polonia o Venezuela. En El Salvador, el presidente comenz¨® por descalificar a los integrantes del poder judicial que adoptaban decisiones contrarias a sus pol¨ªticas. Asimismo, incumpli¨® directamente ¨®rdenes judiciales que proteg¨ªan libertades b¨¢sicas (por ejemplo, el h¨¢beas corpus) o limitaban el margen de actuaci¨®n de las Fuerzas Armadas para controlar las restricciones impuestas a prop¨®sito de la pandemia. Una vez se hizo con la mayor¨ªa en la Asamblea, el Gobierno de Bukele escal¨® su arremetida contra el poder judicial. Por una parte, destituy¨® a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general. Asimismo, redujo la edad de jubilaci¨®n a 60 a?os y el periodo de servicio (30 a?os) de los jueces. De esa forma, aproximadamente 160 jueces deber¨¢n dejar sus cargos pr¨®ximamente.

La decisi¨®n de separar de su cargo a los jueces mayores de 60 a?os se suma a una larga lista de violaciones a los derechos humanos. Desde el inicio de su mandato en junio de 2019, la Administraci¨®n del presidente Bukele ha promovido medidas que lesionan los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, la libertad de expresi¨®n y la independencia de los operadores de justicia. Bukele tambi¨¦n ha defraudado la confianza de miles de mujeres salvadore?as que creyeron en su promesa de avanzar en la despenalizaci¨®n de cualquier forma de interrupci¨®n del embarazo.

El Gobierno de Bukele ha empeorado el ya lamentable curr¨ªculum en materia de derechos humanos de El Salvador. Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Frente de Liberaci¨®n Farabundo Mart¨ª y el Gobierno salvadore?o en 1992, El Salvador ha enfrentado enormes dificultades para la consolidaci¨®n del Estado de derecho. Despu¨¦s de su visita de 2019, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subray¨® que ¡°muchos de los problemas en derechos humanos que afectan al pa¨ªs son estructurales, y varios de ellos se encuentran pendientes desde el conflicto armado¡±. Desde esa visita de la CIDH, Bukele ya daba se?ales de su desprecio por las normas internacionales sobre derechos humanos.

As¨ª pues, con las recientes decisiones, El Salvador desciende un pelda?o m¨¢s en su ya muy larga escalera de violaciones a los derechos humanos y sube varios en su camino hacia la consolidaci¨®n de un sistema autoritario.

Mar¨ªa Daniela D¨ªaz Villamil y Jorge Ernesto Roa Roa son profesores de Derechos Humanos del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y analistas de Agenda P¨²blica.