Iglesia y pederastia: ?a qu¨¦ espera Espa?a?
El Estado es el instrumento para investigar los casos de abusos que se niega a abordar la Conferencia Episcopal
Pese a preservar el secreto de confesi¨®n, la Iglesia cat¨®lica francesa ha actuado de forma en¨¦rgica para abordar el dram¨¢tico agujero negro de la pederastia en su seno. Por contraste, hace m¨¢s insostenible todav¨ªa la actitud de otras jerarqu¨ªas eclesi¨¢sticas, como la espa?ola, que se resisten a reconocer su responsabilidad directa en los da?os causados. Por propia iniciativa, la Conferencia Episcopal francesa encarg¨® una investigaci¨®n a una comisi¨®n independiente que ha podido trabajar sin cortapisas. Los datos del informe emitido son abrumadores: al menos 216.000 menores fueron v¨ªctima de abusos o violencia sexual entre 1950 y 2020 por parte de m¨¢s de 3.300 sacerdotes y religiosos, pero la cifra se eleva hasta 330.000 si se cuentan los cometidos por personas laicas que colaboraban con sus instituciones.
Nada permite pensar que la situaci¨®n en Espa?a pudiera haber sido distinta durante los a?os en los que la Iglesia tuvo un papel determinante y omnipresente en la educaci¨®n. Desde que en 2002 el diario The Boston Globe destap¨® el primer gran esc¨¢ndalo de pederastia en la Iglesia de Estados Unidos, se han sucedido las revelaciones y las investigaciones. En algunos casos, como Francia o Alemania, han sido las propias conferencias episcopales las que han iniciado las investigaciones. En B¨¦lgica ha sido iniciativa del Parlamento, y en otros, como Australia o Irlanda, del Gobierno. Espa?a es, junto a Italia y Portugal, el pa¨ªs donde mayor resistencia muestra la Iglesia a esclarecer la verdad. Tampoco el Estado ha hecho nada hasta ahora para que se investigue de forma m¨¢s r¨¢pida y segura.
Seg¨²n los datos disponibles, la proporci¨®n de sacerdotes o religiosos implicados en abusos oscila entre el 4% y el 7% del total. La simple extrapolaci¨®n de esas investigaciones a Espa?a predice un panorama de impunidad del que solo ha salido a la luz una ¨ªnfima parte. La actitud de la Conferencia Episcopal ha sido siempre tan negacionista como obstruccionista. No solo perpet¨²a as¨ª la vejaci¨®n sufrida por las v¨ªctimas, sino que tambi¨¦n desobedece el mandato del papa Francisco. Sus instrucciones de colaboraci¨®n y transparencia fueron muy precisas y ha vuelto a se?alar de forma reciente su verg¨¹enza por ¡°la larga incapacidad de la Iglesia¡± para afrontar esta cuesti¨®n. Salvo algunos obispados y unas pocas ¨®rdenes religiosas, la m¨¢xima jerarqu¨ªa espa?ola sigue sin querer ver y escuchar, haciendo ostentaci¨®n de una indiferencia profunda y cruel.
Al permitir y en muchos casos encubrir los abusos, la Iglesia cat¨®lica traiciona la confianza de las familias que han puesto una parte de la vida de sus hijos en sus manos, y tambi¨¦n ha traicionado la confianza del Estado, que le ha concedido el privilegio de intervenir en su educaci¨®n. El resarcimiento en estos casos no existe ni el da?o puede cuantificarse de ning¨²n modo: nada reparar¨¢ el dolor causado, pero es indispensable la investigaci¨®n de una herida colectiva que sigue ah¨ª y que nadie ha querido abordar de forma clara y persistente. Lo merecen las v¨ªctimas y solo el Estado puede ser su auxilio. El informe emitido en Francia contiene cuarenta y cinco recomendaciones. Es un ejemplo de conducta independiente y rigurosa que sin duda animar¨¢ a rectificar la desidia con la que en nuestro pa¨ªs se ha abordado ese sangrante problema.
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