Vidas sacrificadas por la corrupci¨®n

Quienes denuncian esc¨¢ndalos de corrupci¨®n suelen pagar un precio muy alto. Amenazas. Vidas que quedan en suspenso durante a?os. Estr¨¦s, ansiedad. Matrimonios felices que se rompen. Soledad, depresi¨®n. Biograf¨ªas que quedan expuestas a la opini¨®n p¨²blica, amigos que se alejan para siempre, puestos de trabajo que se pierden. El coste, personal y econ¨®mico, es tan elevado que disuade a la mayor¨ªa y pone a prueba a los valientes. ¡°Yo no soy el Cid Campeador ni nada de eso¡±, resume, por ejemplo, Jos¨¦ Luis Pe?as, el exedil de Majadahonda (Madrid) que desvel¨® la trama G¨¹rtel.

Una directiva de la Comisi¨®n Europea ¡ªcuya trasposici¨®n legal deb¨ªa tener lista el Gobierno para este pasado 17 de diciembre, pero que ha quedado aplazada, al menos, hasta enero¡ª pretende poner fin a ese abandono con mecanismos de protecci¨®n a los denunciantes de corrupci¨®n, conocidos tambi¨¦n bajo el t¨¦rmino en ingl¨¦s de whistleblowers. Como la abogada Inmaculada G¨¢lvez o el exconcejal Pe?as, que dieron la alerta sobre dos de los mayores esc¨¢ndalos de la democracia: ella denunci¨® los abusos urban¨ªsticos de la Marbella (M¨¢laga) dominada por Jes¨²s Gil, en lo que fue el germen del caso Malaya; ¨¦l, la trama liderada por el empresario Francisco Correa que anid¨® en el seno del PP.

G¨¢lvez y Pe?as conocen muy bien el precio que se paga por alzar la voz con independencia de sus motivaciones. Lo que no saben es qu¨¦ habr¨ªa pasado con sus vidas en caso de que la directiva europea, que prev¨¦ medidas de apoyo a los alertadores (asesoramiento, asistencia jur¨ªdica, inmunidad en el ¨¢mbito laboral¡­), hubiese estado en vigor cuando ellos dieron el soplo.

¡°En EE UU se protege incluso a gente que ha matado¡±

La ca¨ªda en 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy comenz¨® en una habitaci¨®n de hotel casi 14 a?os antes. Corr¨ªa diciembre de 2004 cuando Pe?as, amigo y colaborador de Francisco Correa, acompa?aba al l¨ªder de G¨¹rtel en una suite que frecuentaba el empresario: ¡°Paco estaba hablando por el manos libres con Benjam¨ªn Mart¨ªn Vasco, un concejal de Arganda del Rey [que despu¨¦s ser¨ªa diputado del PP de Madrid]. Manten¨ªan una conversaci¨®n sobre unas parcelas, sobre unas adjudicaciones¡­ y escuch¨¦ como Benjam¨ªn le dec¨ªa que, si no le daban 300 millones, el tema de la parcela no sal¨ªa¡±, recuerda el exedil popular. Esas palabras lo removieron todo y aquella misma noche tom¨® la decisi¨®n que cambiar¨ªa su vida. Y la historia de Espa?a. Empez¨® a grabar a escondidas a la trama, recopilando durante a?os los audios que se convertir¨ªan en una prueba clave del caso que, con su primera sentencia condenatoria al PP, propiciar¨ªa la moci¨®n de censura que desaloj¨® a Rajoy de La Moncloa.

¡°Yo grababa con mucho miedo. Ten¨ªa un peque?o aparato de USB, muy primitivo, y con ese aparatito empec¨¦ a grabar. Lo pon¨ªa a grabar y lo llevaba metido en el bolsillo de la americana, en el pantal¨®n...¡±, detall¨® el exconcejal el pasado 30 de noviembre en la Audiencia Nacional, durante el juicio que se celebra actualmente por los negocios de la red corrupta en Boadilla del Monte (Madrid). Porque la denuncia que present¨® Pe?as el 6 de noviembre de 2007, que permiti¨® iniciar las pesquisas, abri¨® una caja de Pandora que a¨²n tiene mucho recorrido por delante. Los tribunales ya han condenado a 69 personas a c¨¢rcel por ocho de sus l¨ªneas de investigaci¨®n, pero a¨²n quedan por dictar sentencia en otras cuatro ¡ªen tres de ellas, todav¨ªa no ha empezado la vista oral¡ª.

Pero Pe?as, de 57 a?os, cuenta que sus temores no acabaron cuando se decidi¨® a presentar sus pruebas a la Polic¨ªa. En ese momento, empez¨® otra pesadilla. Para ¨¦l y su familia: ¡°Sufr¨ª la desprotecci¨®n de cualquier denunciante. Primero sufr¨ª el acoso de la calle, de las instituciones y del partido pol¨ªtico¡±. ¡°Me han insultado las personas que menos te puedas imaginar, hasta se?oras de 80 a?os; me han escupido mientras ten¨ªa en brazos a mi hijo de dos a?os¡±. ¡°A mi mujer intentaron matarla. La sacaron de la carretera e hicieron que tuviera un accidente, y esa noche me amenazaron por tel¨¦fono dici¨¦ndome que la pr¨®xima vez ella y mi hija iban a caer de un sitio m¨¢s alto. Tambi¨¦n le han hecho seguimientos, la han perseguido¡­ Ruedas pinchadas, intentos de soborno hasta poco antes de entrar al tribunal¡­¡±, relata.

¡°Hab¨ªa muchos d¨ªas que llegaba a casa en un estado de nervios y llorando, que esa directiva es lo que pretende paliar¡±, apostilla el exconcejal. ¡°Yo, en 2004, pod¨ªa haberme ido a mi casa, volver a mi trabajo y olvidarme de todo. Y Espa?a habr¨ªa perdido miles de millones de euros, no se hubiera recuperado nada y no habr¨ªa condenados. Pero decid¨ª recopilar el mayor n¨²mero de pruebas¡±, prosigue Pe?as, que reivindica esa ley whistleblowers. ¡°La justicia se tiene que dotar de una buena ley para amparar a gente que quiera denunciar. Adem¨¢s, es sabido que, si no hay gente muy cerca o de dentro, es muy dif¨ªcil entrar en todas estas tramas¡±. ¡°Hace falta una normativa que te asegure la inmunidad, la seguridad de tu familia, un cambio de ciudad y de identidad¡­ En mi caso, eran malos, pero no eran lo peor. Imaginemos los casos de la gente que denuncia mafias asesinas. En Estados Unidos se protege incluso a gente que ha matado, aunque yo no s¨¦ si aqu¨ª deber¨ªamos llegar a ese extremo¡±.

La propia Audiencia Nacional conden¨® a Pe?as a casi cinco a?os de c¨¢rcel por beneficiarse de la trama, aunque le reconoci¨® en la sentencia su importante papel como arrepentido. De hecho, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el Tribunal Supremo han apoyado que se le indulte parcialmente para que siga como funcionario del Ayuntamiento de Madrid ¡ªtrabaja de conserje en un edificio municipal del distrito de Aravaca¡ª. Una decisi¨®n sobre la que el Consejo de Ministros tiene ahora la ¨²ltima palabra, aunque Pe?as conf¨ªa que el Ejecutivo vaya un poco m¨¢s all¨¢: ¡°Si el Gobierno ampl¨ªa ese indulto [a las penas de prisi¨®n, que se encuentran suspendidas actualmente], ser¨ªa una forma importante de hacer un llamamiento a los futuros denunciantes de que no se van a encontrar solos¡±.

¡°Contrataron a alguien para darme una paliza¡±

La abogada Inmaculada G¨¢lvez, de 62 a?os, se convirti¨® en una de las personas m¨¢s odiadas por Gil y su c¨ªrculo de poder en los a?os noventa. Su lucha empez¨® cuando observ¨® que, frente a su casa, en la urbanizaci¨®n Artola de Marbella, se estaban levantando chal¨¦s en una zona que deb¨ªa acoger equipamientos. Entonces, estudi¨® los planes urban¨ªsticos, alert¨® de las irregularidades¡­ Y cuando constat¨® que nadie hac¨ªa nada, acudi¨® a la justicia. En 1997 puso 14 denuncias. Al a?o siguiente, 40. Recus¨® a una juez que se las archivaba de plano. ¡°El fiscal jefe de M¨¢laga me dijo que hab¨ªa una animadversi¨®n generalizada contra m¨ª¡±, rememora ahora.

La hostilidad creci¨® hasta hacerse insoportable incluso en su entorno. Se separ¨® de su marido. ¡°Todo el mundo le dec¨ªa que se la estaba jugando y que se iba a quedar sin nada por el alud de denuncias que me iban a poner¡±. Su integridad f¨ªsica estuvo en peligro. ¡°Contrataron a alguien para darme una paliza y me pusieron protecci¨®n¡±, cuenta G¨¢lvez. El hombre que deb¨ªa hacerlo lo confes¨® en un escrito, pero el caso no fue a m¨¢s. La hicieron sentir como un bicho raro, una trastornada: ¡°La pesada que ven¨ªa a fastidiarles¡±.

Lo peor, dice, fue la falta de apoyos. ¡°Me sent¨ª desamparada por los jueces, los fiscales y el colegio de abogados¡±, dice G¨¢lvez, que con el tiempo acab¨® siendo v¨ªctima del s¨ªndrome del burnout (trabajador ¡°quemado¡±), com¨²n en los denunciantes de corrupci¨®n. ¡°Empec¨¦ a ganar casos, pero vi que las sentencias no se ejecutaban, y quer¨ªa quemar el despacho¡±. Busc¨® ayuda en el psic¨®logo y encontr¨® sosiego en la literatura y la pintura.

Exdiputada en el Parlamento andaluz por Los Verdes, vivi¨® unos ¡°a?os locos¡± con el urbanismo salvaje, desbocado, y con los juzgados como trincheras. Denunci¨® en el caso del hotel Guadalp¨ªn, germen de lo que ser¨ªa Malaya. Y tambi¨¦n en el caso Belmonsa, concesi¨®n ilegal de licencia para construir un edificio de 13 plantas en zona verde que vali¨® una condena al exalcalde Juli¨¢n Mu?oz y al exasesor urban¨ªstico Juan Antonio Roca, ambos hombres fuertes tambi¨¦n de Malaya.

Pas¨® a un segundo plano para relajarse y se centr¨® en su trabajo de abogada, pero la pandemia le ha hecho volver con energ¨ªa. ¡°Me ha venido bien para darme cuenta de que, m¨¢s que nunca, necesitamos servicios b¨¢sicos. Y no nos damos cuenta del dineral que se va en la corrupci¨®n¡±. Sigue porque reconoce que le ¡°obsesionan¡± las irregularidades y le indigna que, por ejemplo, en Marbella sigan operando hoteles sin licencia y con una sentencia de derribo que nunca llega a ejecutarse.

G¨¢lvez opina que la directiva puede ofrecer m¨¢s protecci¨®n al denunciante, pero matiza que de poco sirven los cambios legislativos si no hay detr¨¢s ¡°una sociedad honesta, que apueste por lo p¨²blico¡±, ha comentado en unas jornadas de la Oficina Antifraude de Catalu?a (OAC) sobre la directiva. Su director, Miguel ?ngel Gimeno, explic¨® que las normas que regulan otras agencias similares en Espa?a (las de Andaluc¨ªa o Comunidad Valenciana) ¡°ya prev¨¦n la protecci¨®n de los alertadores¡± y pidi¨® lo propio para la OAC por el ¡°amplio consenso parlamentario y social¡± que suscita esta cuesti¨®n. G¨¢lvez se?ala que para proteger a los denunciantes ya est¨¢n la Fiscal¨ªa o los servicios de atenci¨®n a la v¨ªctima, y que lo que hace falta es que, sea cual sea el paraguas protector, la figura del alertador sea tomada en serio. ¡°Habr¨¢ que ver¡±, advierte, ¡°c¨®mo traspone el Gobierno el texto de la directiva¡±.