Un sistema pol¨ªtico e institucional obsoleto

Nos vamos adentrando en la tercera d¨¦cada del siglo XXI con la sensaci¨®n de que en Espa?a nuestro sistema pol¨ªtico e institucional no est¨¢ consiguiendo resolver adecuadamente los grandes retos que tiene nuestra sociedad y los problemas concretos que tenemos los ciudadanos. Nos podemos consolar pensando que esto ocurre, en general, en todas las democracias liberales; pero la verdad es que ocurre en algunas m¨¢s que en otras. O eso al menos dice una reciente encuesta de Pew Research Center, publicada en este mismo medio, que se?ala a los ciudadanos griegos, espa?oles e italianos como los m¨¢s m¨¢s insatisfechos con el funcionamiento de sus sistemas democr¨¢ticos, los que mayores cambios pol¨ªticos reclaman y, no obstante, los que menos conf¨ªan en obtenerlos. Y no les faltan razones.

Por centrarnos en el caso de Espa?a, que es el que conozco, la realidad es que llevamos veinte a?os sin acometer las necesarias reformas estructurales de un sistema pol¨ªtico e institucional cuyas carencias ya se pusieron de relieve durante la Gran Recesi¨®n y han vuelto a manifestarse ahora con esta nueva crisis. Despu¨¦s de la primera llamada de atenci¨®n se intent¨® canalizar la necesidad de un cambio pol¨ªtico e institucional profundo sentido por muchos ciudadanos a trav¨¦s de dos nuevos partidos que suscitaron la esperanza de que era posible conseguirlo (el nombre de uno de ellos, Podemos, era muy expresivo). El fracaso en ese sentido ha sido rotundo. La consecuencia es que las se?ales de agotamiento de nuestro sistema pol¨ªtico e institucional ya son inequ¨ªvocas y reiteradas incluso al margen de la muy mejorable gesti¨®n de la pandemia, con ejemplos tan evidentes como la imposibilidad de renovar o/y reformar el ¨®rgano de gobierno de los jueces, de despolitizar las instituciones p¨²blicas de contrapeso, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, o de reformar las administraciones p¨²blicas. Si a esto le a?adimos una extrema polarizaci¨®n pol¨ªtica y medi¨¢tica ¡ªque es una de las m¨¢s elevadas de las democracias occidentales¡ª que imposibilita llegar a grandes acuerdos que no sean, precisamente, de reparto de cromos entre los pol¨ªticos para controlar las instituciones que deber¨ªan de controlarlos a ellos, hay motivos de sobra para el escepticismo.

En ese sentido, ha desaparecido de la agenda p¨²blica la preocupaci¨®n por el clientelismo estructural que padecemos, en la medida en que todos los partidos funcionan en mayor o menor medida como agencias de colocaci¨®n de sus cuadros y colaboradores y el sector privado se acerca demasiadas veces al poder pol¨ªtico con la finalidad de obtener favores en forma de regulaci¨®n o de fondos p¨²blicos. Tambi¨¦n se ha dejado de lado la necesidad urgente de profesionalizar la Administraci¨®n P¨²blica, empezando por sus directivos, de reclutar perfiles m¨¢s adecuados para las nuevas funciones que tienen que desempe?ar, o para mejorar la gesti¨®n, la evaluaci¨®n y la rendici¨®n de cuentas, que suelen brillar por su ausencia. A d¨ªa de hoy, seguimos reclutando auxiliares administrativos como si estuvi¨¦ramos en 1980. Se han olvidado tambi¨¦n los discursos sobre la necesidad de garantizar que las instituciones de contrapeso (dise?adas como tales constitucionalmente para actuar como l¨ªmites al poder) sean, de verdad, neutrales e independientes; es m¨¢s, se ha llegado a considerar p¨²blicamente que su existencia es una anomal¨ªa, cuando lo que es una anomal¨ªa en una democracia liberal es su constante deslegitimaci¨®n y devaluaci¨®n por intereses partidistas. El Poder Judicial, lastrado por la insoportable situaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, las ambiciones de los llamados ¡°pol¨ªticos togados¡± y por la creciente voluntad pol¨ªtica de controlarlo es objeto de constantes ataques desde uno y otro lado de la trinchera ideol¨®gica, seg¨²n a quien favorezca o perjudiquen sus resoluciones.

No es casualidad que, en defecto de una siempre pospuesta reforma de nuestro sector p¨²blico, tropecemos continuamente con problemas de ejecuci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas, ya se trate del ingreso m¨ªnimo vital, de la ejecuci¨®n de los fondos europeos o de la gesti¨®n de los centros de atenci¨®n primaria. Los d¨¦ficits de planificaci¨®n y de gesti¨®n, junto con una excesiva burocratizaci¨®n de todos los procesos de toma de decisiones son eternas asignaturas pendientes. Y los relatos y los discursos m¨¢s o menos optimistas no pueden cambiar por s¨ª solos la realidad: al final los esl¨®ganes tienen las patas muy cortas. En definitiva, la necesidad de reformas estructurales pol¨ªtico-institucionales es un tema de primera magnitud del que se ha dejado de hablar. Pero sin aumentar la capacidad de nuestros gobiernos no es posible enfrentarse con garant¨ªas de ¨¦xito a retos enormes en un momento en que ¡°lo p¨²blico¡± es m¨¢s necesario que nunca.

A juzgar por los resultados de la encuesta de Pew Research Center, parece que los ciudadanos espa?oles son muy conscientes de esto. Pero la tarea se antoja casi imposible por varias razones: la primera, porque tendr¨ªa como objetivo inmediato una cesi¨®n de poder por parte de los partidos pol¨ªticos: una gran parte de las reformas les exigir¨ªan ¡°desocupar¡± espacios en beneficio de administraciones e instituciones m¨¢s profesionales y neutrales e incluso de los medios de comunicaci¨®n y de la propia sociedad civil. Desaparecidos (a efectos pr¨¢cticos) los nuevos partidos que precisamente por su novedad pod¨ªan haber impulsado dichas reformas, lo cierto es que en la pol¨ªtica espa?ola no existe absolutamente ning¨²n incentivo para hacerlo. La segunda raz¨®n es que, aunque los hubiera, se necesitar¨ªa un gran consenso transversal que, hoy por hoy, solo es posible de alcanzar precisamente cuando se trata de conseguir justo lo contrario. Y la tercera raz¨®n es porque en Espa?a hay cada vez m¨¢s partidos pol¨ªticos iliberales, a la izquierda y la derecha del espectro ideol¨®gico, que abiertamente abogan por un modelo alternativo al constitucional, caracterizado por la concentraci¨®n de poder, la desaparici¨®n de los contrapesos, la politizaci¨®n y desprofesionalizaci¨®n de las administraciones p¨²blicas, el cuestionamiento de la independencia del Poder Judicial y, en definitiva, por un vaciamiento constante y sistem¨¢tico de las reglas del juego propias de las democracias liberales representativas, de las que puede acabar quedando s¨®lo la carcasa. Aunque esto les convierta en gobiernos mucho menos funcionales, necesitados de una potente propaganda oficial.

Frente a estas dificultades, la necesidad de que el Estado recupere capacidad es perentoria: ya se trate del cambio de modelo productivo, la desigualdad creciente o el envejecimiento de la poblaci¨®n estamos ante problemas que el sector privado no puede abordar. Si no lo hacemos, estamos condenados a un lento declinar con el consiguiente malestar de una ciudadan¨ªa cada vez m¨¢s consciente de que el sistema actual no funciona adecuadamente para resolver sus problemas concretos. Y en un entorno de populismo y demagogia esto es jugar con fuego.

En conclusi¨®n, hay que reformar nuestro sistema pol¨ªtico-institucional para aumentar su capacidad de movilizar todos los recursos p¨²blicos y privados disponibles, lo que requiere hacerlo m¨¢s inclusivo, m¨¢s profesional y m¨¢s orientado a la satisfacci¨®n de los intereses generales. Un primer paso en la buena direcci¨®n ser¨ªa implantar una aut¨¦ntica direcci¨®n p¨²blica profesional seleccionando de forma rigurosa a los mejores profesionales en cada ¨¢rea. Creo que las diferencias ser¨ªan apreciables en muy poco tiempo en aspectos cruciales como la sanidad, la educaci¨®n o los servicios sociales. Un peque?o paso atr¨¢s para los partidos pol¨ªticos, pero un gran paso adelante para los ciudadanos.