Cuando el poder vulnera las reglas

En una reuni¨®n reciente con intelectuales y pol¨ªticos de Am¨¦rica Latina escuch¨¦ al eminente historiador Natalio Botana el an¨¢lisis m¨¢s acertado sobre el deterioro democr¨¢tico de la zona. En la mayor¨ªa de los pa¨ªses se han construido y mantenido por lo general democracias electorales, donde reina la regla de las mayor¨ªas, pero en realidad no existe en ellas separaci¨®n de poderes, ni se respetan las instituciones. Este no es, empero, un problema exclusivo de la regi¨®n. Desde la implantaci¨®n de la democracia representativa en los pa¨ªses fundadores, la necesidad de que existan controles y contrapesos (checks and balances) en el ejercicio de los poderes del Estado, y la divisi¨®n e independencia de estos, es crucial para garantizar un r¨¦gimen de libertades. Sin separaci¨®n de poderes no hay democracia, sino la tiran¨ªa de la mayor¨ªa, que ya denunci¨® Tocqueville.

A favor de esa tiran¨ªa vienen conspirando desde hace a?os los movimientos populistas, identitarios y nacionalistas, las propias estructuras del poder, y, m¨¢s recientemente, el h¨¢bito de gobernar a base de decretos, con motivo o so pretexto de la urgencia de las necesidades; sea por causa de la pandemia o por la guerra de Ucrania. Este es un fen¨®meno generalizado tambi¨¦n en Occidente. Su tendencia va en ascenso, sobre todo ahora que se ha impuesto la mentalidad militar en los proyectos de construcci¨®n europea. De modo que los estragos generados en el caso espa?ol no responden a signos de identidad de nuestro pueblo, sino a la incompetencia, cuando no a la indecencia, de algunos pol¨ªticos. Tambi¨¦n a la invasi¨®n de opinadores sin lecturas que ocupan las pantallas de televisi¨®n. O las de los tel¨¦fonos, que aunque se llamen inteligentes, inundan la opini¨®n p¨²blica con toda clase de mentiras y disparates.

Asistimos a una crisis sist¨¦mica de las democracias representativas, m¨¢s generalizada de lo que algunos optimistas proclaman, incrementada adem¨¢s por la l¨®gica de la guerra y el imperio de la fuerza. En nuestro caso es notable el desprecio del Gobierno, pero tambi¨¦n de la oposici¨®n, hacia las instituciones, para no hablar de la rebeli¨®n permanente de la Generalitat catalana contra la legalidad constitucional y la igualdad de derechos de los ciudadanos, hablen el idioma que hablen. Ahora que se habla de anomal¨ªas democr¨¢ticas, merece la pena insistir en que la principal de todas ellas ven¨ªa siendo la falta de renovaci¨®n del Poder Judicial y los intentos de manipulaci¨®n del mismo, incluida la Fiscal¨ªa, por parte de los dos mayores partidos pol¨ªticos, responsables ambos del deterioro, aunque dispuestos siempre a echar la culpa al otro. Del desprestigio del Parlamento, su incapacidad para controlar al Gobierno, la implantaci¨®n de la obediencia debida en las votaciones de los diputados, o la afici¨®n histri¨®nica a aplaudir a sus jefes hasta la adulaci¨®n, ya ten¨ªamos noticia. De modo que ni la pandemia, ni el futuro del S¨¢hara, ni el conflicto catal¨¢n, ni el apoyo b¨¦lico a un pa¨ªs en guerra, han merecido la celebraci¨®n de debates ordenados y expl¨ªcitos sobre esas materias, sino guirig¨¢is hist¨¦ricos, a favor o en contra, como si no pudiera haber soluciones pactadas, negociadas en el inter¨¦s de los espa?oles y no en demostrar qui¨¦n es el m¨¢s listo de la clase. Por cierto, ya sabemos que es el ministro de la Presidencia, o por lo menos as¨ª parece creerlo ¨¦l mismo, habida cuenta de los gestos de autosatisfacci¨®n con los que se felicita por sus brillantes intervenciones parlamentarias. Solo Iv¨¢n Espinosa de los Monteros compite en la obtenci¨®n de semejante diploma, aunque no tenga ¨¦xito. Lo malo de ser tan listos es que suelen pasarse. En sus negociaciones con la Generalitat sobre el caso Pegasus, el ministro F¨¦lix Bola?os ofreci¨® cuatro mecanismos para tranquilizar a Esquerra Republicana de Catalunya, lo que no consigui¨®. Pues bien, dos de esos cuatro mecanismos no dependen en absoluto del Gobierno. O no deber¨ªan hacerlo. Uno de ellos es la investigaci¨®n del Defensor del Pueblo, que se anunci¨® sorpresivamente en la misma ma?ana del domingo y mientras se celebraba el encuentro citado en Barcelona. El otro, la inminente constituci¨®n de la Comisi¨®n de Secretos Oficiales en el Congreso, para lo cual ha sido necesario cambiar, por decisi¨®n de la presidenta del mismo, el m¨¦todo de la votaci¨®n. En ambos casos, los titulares de esos cargos no est¨¢n sometidos a mandato imperativo alguno, pero apenas cabe duda de que el se?or Bola?os, que lleg¨® una hora tarde a su reuni¨®n, debi¨® previamente garantizarse la seguridad de que pod¨ªa ofrecer dichos acuerdos, aunque ni legal ni pol¨ªticamente le correspond¨ªa hacerlo. El Defensor del Pueblo est¨¢ precisamente para investigar al poder cuando el poder no quiere ser investigado. Lo nombra el Congreso, pero tampoco es una instituci¨®n al servicio del Parlamento. La intervenci¨®n del ministro al respecto es del todo extempor¨¢nea y arroja un manto de sospecha sobre la independencia de esa instituci¨®n. Por no hablar de la decisi¨®n de la se?ora Meritxell Batet de modificar deprisa y corriendo las reglas del juego sobre la Comisi¨®n de Secretos Oficiales, al ver que con las vigentes no pod¨ªa el Gobierno de su partido cumplir con los compromisos ofertados. La verdadera anomal¨ªa democr¨¢tica la ha cometido ella. Sus reclamos de respeto a la C¨¢mara cuando es escenario de trifulcas e insultos entre los diputados palidecen ante la corrupci¨®n en la que ha incurrido: aplicar el principio de que el fin justifica los medios. En la democracia representativa el respeto a las reglas es sagrado, y cambiarlas en beneficio propio un aut¨¦ntico desatino moral. Y un suicidio pol¨ªtico colectivo.

Por lo dem¨¢s, el asunto Pegasus puede ser de gravedad extrema caso de que se hubiera incumplido la ley. Pero no conviene equivocar el an¨¢lisis. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tiene como misi¨®n, entre otras, defender la legalidad constitucional y por lo mismo podr¨ªa entenderse que se haya investigado a los promotores y culpables de la declaraci¨®n unilateral de independencia en Catalu?a, un delito que en algunos pa¨ªses de nuestro entorno democr¨¢tico ser¨ªa calificado como traici¨®n. Pero el CNI depende e informa directamente, seg¨²n la ley, al presidente del Gobierno, y no solo a la ministra de Defensa. Especialmente, en lo que se refiere al uso de fondos reservados. De modo que si se abriera un procedimiento judicial para depurar responsabilidades no ha de descartarse que Pedro S¨¢nchez tuviera que declarar como testigo, como tambi¨¦n podr¨ªa ser convocado por la Comisi¨®n de Investigaci¨®n del Congreso o por el Defensor del Pueblo. Ya tuvo que declarar en su d¨ªa ante el Supremo Felipe Gonz¨¢lez en relaci¨®n con el caso GAL (terrorismo de Estado), por el que acab¨® en la c¨¢rcel su ministro del Interior. Por ¨²ltimo, del funcionamiento de las cloacas del Estado, que por vituperables que sean no van a desaparecer, es moral y pol¨ªticamente responsable todo el Gobierno, incluidos la ministra Ione Belarra y sus colegas de Podemos. Salvo que decidieran dimitir y romper la coalici¨®n.

Sin respeto a las instituciones por parte del Ejecutivo y sin Gobiernos fuertes, en cuyos reba?os se mezclan los lobos con las ovejas, seg¨²n denuncia el socialista Emiliano Garc¨ªa-Page, la democracia se encuentra seriamente amenazada. No pueden estar al frente del Estado quienes quieren subvertirlo, ni garantizar los derechos de los ciudadanos quienes los vulneran. Hace ya meses que Javier de Lucas, secretario de Derechos Humanos en la Comisi¨®n Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, gobernada tambi¨¦n por los socialistas, denunci¨® en nuestro peri¨®dico la quiebra del respeto ¡°que obliga a las instituciones que encarnan la separaci¨®n de poderes¡±. Su prestigio ¡ªa?ad¨ªa¡ª, su equilibrio, y su auctoritas son indispensables para el desarrollo de la democracia. Al paso que vamos, tendremos m¨¢s bien que plantearnos su supervivencia. En Am¨¦rica Latina y en Europa.