Sentenciar sobre lenguas

Las escuelas catalanas afrontan un cambio sustancial de su r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico por la resoluci¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a para que se ejecute de forma inmediata la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos un 25% de las clases en todos los ciclos. Hasta ahora la Generalitat ha ignorado los requerimientos judiciales en este sentido ¡ªel primero data de 2014¡ª y solo en contados casos se han aplicado porcentajes de escolarizaci¨®n en castellano a petici¨®n de algunas familias.

La resoluci¨®n judicial dictada el pasado lunes llega despu¨¦s de que la Generalitat no haya ejecutado voluntariamente la sentencia del Tribunal Superior de 2020 que obligaba a fijar el porcentaje del 25%. Los jueces se?alan la inacci¨®n de la Generalitat como motivo para exigir la aplicaci¨®n de la sentencia sin m¨¢s demora: ¡°Las iniciativas desplegadas por la Generalitat no tienen un resultado concreto que se proyecte, por ahora, en la actividad de los centros escolares¡±, dice la resoluci¨®n. La puntualizaci¨®n temporal no es accesoria: hasta ahora la Generalitat, como denuncian incluso algunos de sus asesores ling¨¹¨ªsticos, se ha limitado a aplazar las decisiones sin afrontar dos compromisos ineludibles: el primero, acatar las resoluciones judiciales y, el segundo, solucionar los problemas de la escuela. Sigue sin abordar el necesario debate para actualizar un sistema de inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en catal¨¢n que dio buenos resultados durante lustros pero que ha quedado desfasado por los cambios sociales, demogr¨¢ficos e incluso tecnol¨®gicos. Demasiados cambios como para que un modelo concebido hace 40 a?os siga operando con efectividad en 2022. La actualizaci¨®n del modelo pareci¨® ser la reacci¨®n de la Generalitat a la sentencia del tribunal catal¨¢n, de enero pasado, al promover una nueva ley ling¨¹¨ªstica apoyada de forma transversal por independentistas, socialistas y comunes. En ella se explicitaba por primera vez que el castellano es tambi¨¦n lengua docente en Catalu?a (como es pr¨¢ctica efectiva y com¨²n en la realidad escolar). La propuesta era un paso adelante para reconciliar ley y realidad y dejaba al criterio de cada centro docente su aplicaci¨®n concreta, dadas las hondas diferencias socioling¨¹¨ªsticas de Catalu?a. No puede aplicarse el mismo criterio en ¨¢reas mayoritariamente castellanohablantes que en las que tienen el catal¨¢n como lengua principal. El dominio equivalente de ambos idiomas, residan donde residan los alumnos, ha de ser el objetivo prioritario a trav¨¦s de un sistema flexible que ni excluya ni discrimine a nadie. Pero ese buen deseo ha quedado en nada tras la retirada s¨²bita del acuerdo por parte de Junts per Catalunya, que ha hecho prevalecer el sectarismo excluyente por encima de la voluntad ampliamente mayoritaria de compartir dos lenguas en la escuela y fuera de la escuela.

El necesario cumplimiento de las sentencias judiciales no puede ocultar la necesidad de que sean los expertos de la docencia y no los jueces quienes fijen los criterios b¨¢sicos en las aulas. La fijaci¨®n de un porcentaje en un idioma u otro por parte de los jueces supone un fracaso de la pol¨ªtica, que en Catalu?a ha estado secuestrada por el debate de la independencia sin afrontar con racionalidad aspectos sensibles como el de la lengua. Alguna vez habr¨¢ que preguntarse por el efecto negativo para el catal¨¢n que ha tenido el papel de los medios de comunicaci¨®n de la Generalitat (en catal¨¢n) para la propagaci¨®n de la independencia y el efecto de rechazo que en algunos sectores haya podido producir contra la lengua, que no tiene la culpa de nada y es mero instrumento de comunicaci¨®n y pensamiento. Toca cumplir las sentencias, pero tambi¨¦n hay que reformular la legislaci¨®n para que el catal¨¢n deje de ser instrumentalizado pol¨ªticamente en cualquier sentido.