45.000 empleos p¨²blicos

El Gobierno y los sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre empleo p¨²blico que significa la reversi¨®n del enflaquecimiento que vivi¨® la Administraci¨®n durante la Gran Recesi¨®n. Desde la llegada del Gobierno de coalici¨®n en 2018 el aumento de la oferta ha sido notorio, pero el acuerdo alcanzado el mi¨¦rcoles significa la aprobaci¨®n de una convocatoria hist¨®rica e in¨¦dita de 44.788 plazas de empleos p¨²blicos. En torno a 22.000 de esas plazas ampl¨ªan plantillas, otras 12.000 son de promoci¨®n interna y el resto de consolidaci¨®n de empleo temporal. Las plazas se destinar¨¢n mayoritariamente a la Administraci¨®n General del Estado, que recibir¨¢ m¨¢s de 25.000, e ir¨¢n complementadas con plazas para Justicia, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Ej¨¦rcito y Seguridad Social. No hay precedentes para semejante cifra de empleo p¨²blico y supone, en palabras de los sindicatos que han alcanzado el acuerdo, revertir los recortes que supusieron las tasas de reposici¨®n cero que se aprobaron durante el ajuste de los a?os 2011 a 2014, en los que las jubilaciones de funcionarios se quedaron sin cubrir. El resultado de aquella medida, pensada para ahorrar costes permanentes de personal, dej¨® una Administraci¨®n escu¨¢lida y debilitada, con serios problemas para ejecutar adecuadamente muchos de sus servicios, con una plantilla del sector p¨²blico por debajo de la media de la OCDE y con un excesivo recurso a la subcontrataci¨®n a trav¨¦s de empresas p¨²blicas y privadas, con menores restricciones para contratar personal.

La decisi¨®n no pod¨ªa ser m¨¢s oportuna. Tras a?os sin una adecuada renovaci¨®n del personal de las administraciones p¨²blicas, Espa?a es, seg¨²n la OCDE, uno de los pa¨ªses con la plantilla de funcionarios m¨¢s envejecida en m¨²ltiples sectores, y solo superada por Grecia y por Italia: el 65,54% de los trabajadores de administraciones del Estado tiene m¨¢s de 50 a?os. En la OCDE los trabajadores p¨²blicos menores de 35 a?os suponen el 19%, mientras que en Espa?a esta cifra se reduce hasta un exiguo 5% del total. Tambi¨¦n Espa?a ha sido en varias ocasiones reprendida por la tasa de temporalidad de sus trabajadores p¨²blicos, una de las m¨¢s altas de la Uni¨®n Europea. A falta de la posibilidad de consolidar plazas ¡ªy, por lo tanto, gastos de personal¡ª se opt¨® por cubrir numerosos servicios p¨²blicos con plazas interinas o de personal laboral con contratos temporales. El resultado ha sido una creciente masa de trabajadores p¨²blicos sometidos a la inestabilidad laboral y una ausencia de personal con carreras funcionariales estables, que necesariamente ha terminado afectando a la eficacia y eficiencia de servicios como la administraci¨®n de justicia, pero tambi¨¦n en la sanidad y la ense?anza. Pero hay m¨¢s: los retrasos en la puesta en marcha del ingreso m¨ªnimo vital han tenido mucho que ver con la ausencia de funcionarios en las oficinas de la Seguridad Social, y las dudas sobre la capacidad de gesti¨®n del Fondo de Recuperaci¨®n tienen una de sus razones en la escasez de personal cualificado.

La decisi¨®n de reforzar los servicios p¨²blicos dependientes del Estado avanza en la buena direcci¨®n, pero debe ser completada con un ejercicio igualmente ambicioso por parte de las administraciones p¨²blicas auton¨®micas y locales porque todas est¨¢n sujetas a los mismos condicionantes de envejecimiento, escasez y temporalidad. Si queremos servicios p¨²blicos de calidad, es imprescindible contar con los recursos humanos necesarios, tanto en t¨¦rminos de cantidad como de calidad.