Alarmantes movimientos en Brasil

Cuando un jefe de Estado emprende frontalmente contra el Poder Judicial, suele ser porque algo gordo se viene contra la independencia de la justicia. Viene ocurriendo en Europa: en Hungr¨ªa y, especialmente, en Polonia en los ¨²ltimos cinco a?os. Mientras la guerra contra Ucrania concentra toda la atenci¨®n, la justicia sigue bajo ataque sostenido en ambos pa¨ªses europeos.

Esa ¡°marea negra¡± llega ¡ª?cu¨¢ndo no!¡ª a nuestra regi¨®n. Los zarpazos m¨¢s cercanos en el tiempo est¨¢n en Centroam¨¦rica y a ello ya me he referido en este peri¨®dico.

Me he referido a esta problem¨¢tica en estas p¨¢ginas. Por ejemplo, sobre El Salvador con el ataque del presidente Nayib Bukele a la independencia judicial y la destituci¨®n arbitraria del Tribunal Constitucional y del Fiscal General (Demoliendo la independencia judicial y Sometiendo a la justicia: ¡®urbi et orbi).

En Guatemala, por su lado, dentro de un cuadro de sistem¨¢ticos ataques y amenazas a jueces y fiscales que investigaban casos de corrupci¨®n, varios jueces/zas y fiscales han tenido que dejar su pa¨ªs. La jueza Erika Aif¨¢n, actuante en varios casos anticorrupci¨®n ¡°pesados¡±, se ha visto forzada a renunciar y a exiliarse en los EE UU.

En el pa¨ªs m¨¢s grande y poblado de la regi¨®n ¡ªBrasil¡ª el Gobierno parece no querer quedarse atr¨¢s en socavar la independencia judicial. Amenaza simult¨¢neamente la funci¨®n del Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema) y, en el camino, nada menos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), instituci¨®n fundamental para garantizar la transparencia del voto en las elecciones presidenciales de octubre.

Dos hechos preocupantes, concatenados, han generado la protesta de la comunidad democr¨¢tica brasilera, en general, y jur¨ªdica, en particular.

Primero, el indulto presidencial expr¨¦s, luego de la condena penal a un diputado federal oficialista, Daniel Silveira, acusado por el Fiscal General y luego condenado por el STF, el reciente 21 de abril, por graves delitos. La condena a ocho a?os y nueve meses de prisi¨®n fue por los sistem¨¢ticos ataques, incluidas amenazas de violencia, contra el libre ejercicio de la funci¨®n judicial y algunos de sus magistrados. En ese proceso, y en lo expresado particularmente por el magistrado Alexandre de Moraes en su voto, pesaron ¡°serias amenazas a la justicia y a sus miembros¡± perpetradas por Silveira.

No hab¨ªa terminado de dictarse esa sentencia contra Silveira el 21 de abril y a las pocas horas el presidente Jair Bolsonaro dict¨® un decreto presidencial indultando al diputado condenado por la justicia. Decreto que, seg¨²n los an¨¢lisis de la abrumadora mayor¨ªa de juristas independientes de Brasil consultados ¡ªque califica de ¡°usurpaci¨®n de funciones¡± ese decreto presidencial¡ª excede las facultades presidenciales. Ello porque se basa en una disposici¨®n del antiguo C¨®digo Procesal Penal de 1941 dejada sin efecto por el C¨®digo de Ejecuci¨®n Penal de 1984.

Segundo, la posterior arremetida del presidente Bolsonaro contra el STF y, en particular, contra su magistrado, de Moraes, cuyo voto hab¨ªa sido relevante en la condena de Silveira. Pero no solo eso: de Moraes es nada menos que el relator en la Corte Suprema en el caso que all¨ª se ventila contra el presidente Bolsonaro por los ataques sistem¨¢ticos a trav¨¦s de las redes sociales contra el sistema electoral brasilero. All¨ª est¨¢, acaso, la ¡°madre del cordero¡± de acuerdo a diversos analistas que he consultado: las elecciones presidenciales de octubre.

Bolsonaro ahora la ha emprendido con todo. No por casualidad, contra Moraes, magistrado independiente que es actualmente nada menos que vicepresidente del m¨¢ximo tribunal electoral (TSF). Viene siendo ponente en investigaciones de alto perfil, como la investigaci¨®n sobre noticias falsas (fake news) y las investigaciones contra el presidente Bolsonaro sobre la posible injerencia del presidente para beneficiar a familiares y aliados pol¨ªticos. El vilipendiado ¡ªpor Bolsonaro¡ª Moraes tambi¨¦n es ponente de la investigaci¨®n 4.878, que investiga la filtraci¨®n de una investigaci¨®n secreta de la Polic¨ªa Federal sobre el ataque de hackers que sufri¨® el Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2018. Los ministros del TSE, entre ellos Moraes, pidieron que Bolsonaro, el delegado de la Polic¨ªa Federal V¨ªctor Feitosa Neves Campos y el diputado federal Filipe Barros (PSL-PR) sean investigados por el delito de revelaci¨®n de secretos, tipificado en el art¨ªculo 153, p¨¢rrafo 1-A, del C¨®digo Penal brasile?o.

Tambi¨¦n fue Alexandre de Moraes quien autoriz¨® la apertura de la investigaci¨®n sobre Bolsonaro por asociar las vacunas Covid-19 con un supuesto riesgo de desarrollar SIDA. La informaci¨®n falsa fue difundida por el presidente en una transmisi¨®n en directo en las redes sociales el 22 de octubre de 2021.

?Movimientos aislados? Pues no, para el grueso de analistas y juristas independientes estamos ante piezas fundamentales de una estrategia de deslegitimaci¨®n del sistema judicial y judicial-electoral y de resultados que pudieren serle adversos a Bolsonaro en octubre. En el camino, sintom¨¢ticamente, tambi¨¦n aparece cuestionado por la jefatura de Estado el voto electr¨®nico que ha servido con eficiencia y transparencia en Brasil por 30 a?os.

La protecci¨®n y garant¨ªa de la independencia judicial aparece hoy como un asunto de particular atenci¨®n y prioridad en Brasil y para su desarrollo democr¨¢tico amenazado. Conocidas las reiteradas se?ales presidenciales de curarse en salud, adelant¨¢ndose a cuestionar resultados electorales que le pudiesen serle desfavorables en octubre, la justicia se encuentra particularmente amenazada.

Riesgo actual que confirma la tesis de que una de las se?ales m¨¢s lacerantes cuando la democracia est¨¢ en riesgo y bajo ataque es el cuestionamiento y ataque a la independencia judicial y a la funci¨®n de sus magistrados m¨¢s destacados. Al contrario, ante una democracia amenazada, defender la independencia judicial es una prioridad y exigencia nacional que concierne al pa¨ªs, a la comunidad internacional y va mucho m¨¢s all¨¢, en consecuencia, de quienes desempe?an la judicatura.

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