La agenda pol¨ªtica de Catalu?a

El pobre balance que arroja la actividad desarrollada por la mesa de di¨¢logo entre la Generalitat de Catalu?a y el Gobierno sit¨²a a esta instancia en un ¨¢mbito de acusada irrelevancia que no se corresponde con las expectativas que acompa?aron su creaci¨®n. Forjada en los albores de la actual legislatura, la mesa fue una concesi¨®n de Pedro S¨¢nchez a Esquerra Republicana a cambio de su abstenci¨®n en la sesi¨®n de investidura. Esta medida permiti¨® al entonces candidato socialista a principios de 2020 alcanzar la mayor¨ªa simple de votos en el Congreso de los Diputados en la segunda votaci¨®n de investidura y as¨ª, acceder a la presidencia del Gobierno (tras el dilatado per¨ªodo de interinidad institucional vivido en Espa?a durante la mayor parte de 2019).

Enmarcada en su contexto de referencia, resulta necesario recordar que ya desde el momento mismo de su anuncio la mesa de di¨¢logo desat¨® una airada pol¨¦mica, cosechando el rechazo frontal procedente de fuerzas pol¨ªticas de signo ideol¨®gico opuesto. En el espectro conservador, el Partido Popular y Ciudadanos interpretaron su existencia como un exceso intolerable, mera expresi¨®n de una interesada cesi¨®n de S¨¢nchez al independentismo que pon¨ªa en jaque la integridad de Espa?a y el ordenamiento constitucional. Por su parte, los partidos catalanes defensores de la secesi¨®n, la CUP y Junts ¡ªa la saz¨®n, socio de Esquerra en la Generalitat¡ª pusieron de manifiesto su clara insuficiencia, entendi¨¦ndola como prueba de una actitud claudicante de Esquerra, una fisura en la reivindicaci¨®n monol¨ªtica del bloque secesionista: autodeterminaci¨®n y amnist¨ªa.

Entre ambas aproximaciones extremas, sin embargo, el establecimiento de la mesa de di¨¢logo tambi¨¦n permit¨ªa realizar una lectura m¨¢s mesurada y ajustada a su efectiva configuraci¨®n. En funci¨®n de tal perspectiva, cobra una nueva dimensi¨®n, se afirma como una potencial ventana de oportunidad para empezar a desentra?ar el complejo laberinto catal¨¢n y, con ello, actuar como palanca que permitiera explorar potenciales v¨ªas de salida del estancamiento pol¨ªtico existente. As¨ª enfocado el tema y para corroborar su pertinencia es necesario traer a colaci¨®n las premisas sobre las que se asienta la mesa, as¨ª como las reglas que rigen su funcionamiento. En primer lugar, se parte del reconocimiento de la existencia de un conflicto pol¨ªtico en Catalu?a. Tal afirmaci¨®n supuso un indudable salto cualitativo con respecto a la situaci¨®n ¡°negacionista¡± precedente en la que, tras la consulta ilegal celebrada el 1-O de 2017 y la fallida declaraci¨®n unilateral de independencia, la ¨²nica respuesta del Estado fue la activaci¨®n de la v¨ªa judicial. Asimismo, la mesa nac¨ªa como expresi¨®n de una voluntad de di¨¢logo intergubernamental (no entre partidos) a dos bandas, llamada a discurrir a trav¨¦s del cauce de la lealtad institucional y con un margen de actuaci¨®n limitado por el respeto de ¡°los instrumentos y principios que rigen el ordenamiento jur¨ªdico democr¨¢tico¡±. Ciertamente, no cabe ignorar que el uso de esta per¨ªfrasis es una concesi¨®n al independentismo, que trasluce una evidente voluntad de esquivar la referencia directa a la Constituci¨®n espa?ola. Pero, aun as¨ª, el silencio resulta clamoroso, puesto que los principios mencionados no son sino manifestaci¨®n directa y consecuencia necesaria de lo dispuesto por aquella. Apuntalando las premisas se?aladas, si bien se afirma expresamente que la materializaci¨®n en acuerdos de las medidas adoptadas por la mesa requerir¨¢ la correspondiente validaci¨®n democr¨¢tica a trav¨¦s de ¡°una consulta ciudadana en Catalu?a¡±, tal eventualidad queda vinculada a ¡°los mecanismos previstos y a los que puedan preverse en el marco del sistema jur¨ªdico-pol¨ªtico¡±. Nuevamente, el efecto que se desprende de la alocuci¨®n empleada resulta elocuente, puesto que permite esquivar un planteamiento de ruptura del ordenamiento constitucional mediante la adopci¨®n de una aproximaci¨®n posibilista. En una suerte de reconocimiento impl¨ªcito del marco estatutario, se prev¨¦ que la mesa actuar¨¢ de forma coordinada con la comisi¨®n bilateral Generalitat-Estado, esto es, con una instancia bilateral de naturaleza cooperativa que el Estatuto catal¨¢n define como ¡°marco general y permanente de relaci¨®n entre los gobiernos¡±.

Establecidos los m¨¢rgenes rectores de la actuaci¨®n de la mesa, la realidad ha puesto de manifiesto su inoperancia pr¨¢ctica. Y es que la ausencia de implicaci¨®n efectiva por parte de los actores llamados a dialogar ha condenado al fracaso a este instrumento, despoj¨¢ndolo del sentido que justifica su existencia. Es cierto que las circunstancias adversas que han acompa?ado su andadura han actuado como importantes factores de desincentivaci¨®n de cara al despliegue de actividad sustantiva. Inmediatamente a continuaci¨®n de su creaci¨®n irrumpi¨® la pandemia y la gesti¨®n de la crisis de salud p¨²blica acapar¨®, monopoliz¨¢ndola, toda la atenci¨®n de los poderes p¨²blicos. Con la recuperaci¨®n de una cierta normalidad, tuvo lugar una reuni¨®n en septiembre de 2021 que, a pesar de constatar la distancia astron¨®mica entre las posiciones defendidas por ambas partes, puso de manifiesto el inter¨¦s rec¨ªproco por mantener abierta la v¨ªa de un di¨¢logo en punto muerto. M¨¢s recientemente, el esc¨¢ndalo Pegasus y la confirmaci¨®n de que distintos l¨ªderes independentistas, incluido el presidente Pere Aragon¨¨s, hab¨ªan sido v¨ªctimas de un espionaje cuyo origen no ha sido todav¨ªa aclarado, ha generado una situaci¨®n de alta tensi¨®n entre los gobiernos que, tras anunciar la Generalitat la suspensi¨®n de los encuentros previstos, ha devuelto a la mesa a su habitual limbo.

Con la mesa aparcada sine die, la compleja situaci¨®n econ¨®mica y social en la que se encuentra inmersa Catalu?a exige reconducir la situaci¨®n. M¨¢s concretamente, realizar un esfuerzo por reordenar prioridades, concentrando la gesti¨®n pol¨ªtica en asuntos que inciden directamente en el bienestar de la ciudadan¨ªa. Un ejemplo palmario en este sentido viene de la mano del incumplimiento por parte del Estado de las inversiones en Catalu?a que, seg¨²n los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, se sit¨²a en un 36% de lo previsto. Reivindicar activamente que tal obligaci¨®n estatal se cumpla deber¨ªa ocupar un lugar destacado en la agenda de la Generalitat, extrayendo el m¨¢ximo partido a las posibilidades que ofrecen tanto la mesa de di¨¢logo, en tanto que foro pol¨ªtico al m¨¢s alto nivel, como la comisi¨®n bilateral, en su condici¨®n de instancia de colaboraci¨®n intergubernamental. Y lo mismo cabe decir en relaci¨®n con la necesidad de actualizar el obsoleto sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, lo que permitir¨ªa superar los desajustes y deficiencias estructurales que penalizan a distintas comunidades aut¨®nomas, entre ellas de forma destacada a Catalu?a. Una tarea de impulso en el seno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera que, sin el concurso catal¨¢n, resulta de hecho misi¨®n imposible.

Aunque renunciar a las aspiraciones de autodeterminaci¨®n y amnist¨ªa por parte de las fuerzas independentistas hoy por hoy resulte inaceptable, ello no deber¨ªa impedir a quien est¨¢ al frente del Ejecutivo catal¨¢n, muy en particular a Esquerra Republicana, asumir una actitud pragm¨¢tica que le permita separar los deseos de la realidad y tomarse en serio sus responsabilidades. Adoptar una actitud proactiva ante el Gobierno central, tanto en la mesa como en otros foros de colaboraci¨®n y di¨¢logo, situando en primer t¨¦rmino los graves problemas estructurales que afectan la gesti¨®n de la comunidad (inversiones y financiaci¨®n) y exigiendo compromisos y respuestas concretas, permitir¨ªa avanzar en la senda de una cierta normalizaci¨®n. La actitud inflexible adoptada por Junts funciona claramente como una pesada losa en el terreno institucional que, asimismo, proyecta sus efectos frente al electorado independentista, especialmente sensible a sus reivindicaciones emblem¨¢ticas. Ahora bien, sin ignorar la complejidad de las din¨¢micas internas del escenario independentista, hay que insistir en la idea de que trabajar activamente para lograr del Estado medidas que permitan mejorar la calidad de vida en Catalu?a debe ocupar el primer lugar en la agenda de la Generalitat. Transmitir tal orden de prioridades a la ciudadan¨ªa, tambi¨¦n.