Un ¨²ltimo empuj¨®n a la evaluaci¨®n de pol¨ªticas p¨²blicas

Para el correcto uso de los fondos p¨²blicos que mejoren la vida de los ciudadanos, no solo es necesario un buen diagn¨®stico y formulaci¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas. Tambi¨¦n es esencial tener un sistema de evaluaci¨®n que nos permita analizar c¨®mo se han dise?ado e implementado los programas y cu¨¢l ha sido su impacto real.

No es ning¨²n secreto que en Espa?a no hemos sido los alumnos m¨¢s aventajados en materia de evaluaci¨®n de pol¨ªticas. Ninguno de los intentos de institucionalizar la evaluaci¨®n ha contado con los suficientes recursos humanos y financieros, as¨ª como el poder, capacidades e independencia como para elaborar evaluaciones capaces de apoyar la toma de decisiones informadas en la evidencia. Sin embargo, la evaluaci¨®n de pol¨ªticas recibi¨® un fuerte espaldarazo cuando el Gobierno incluy¨® en el Plan de Recuperaci¨®n, Transformaci¨®n y Resiliencia un compromiso para expandir el uso de la evaluaci¨®n, por medio de una ley de institucionalizaci¨®n que crea los mecanismos para convertirlo en una pr¨¢ctica asentada en toda la Administraci¨®n General del Estado. La ley se encuentra actualmente en tr¨¢mite parlamentario.

Esto es un gran hito en nuestro sistema pol¨ªtico. En la propuesta original, la ley incluye muchos elementos positivos que merecen ser destacados. Uno de los m¨¢s importantes es que elabora un plan para asegurar evaluaciones regulares cada a?o, tanto a nivel pol¨ªtico como ministerial; crea las bases para el uso de indicadores y transforma el Instituto para la Evaluaci¨®n en una Agencia Estatal de Evaluaci¨®n de Pol¨ªticas que act¨²e de forma aut¨®noma y con m¨¢s poder, aunque sin ser totalmente independiente como lo es la Airef.

Sin embargo, si algo nos ense?a la evaluaci¨®n de pol¨ªticas es que por muy bienintencionada que est¨¦ escrita una norma, esta no siempre consigue el impacto deseado. Y el proyecto de ley corre el riesgo de ser v¨ªctima de su propio influjo en varios frentes. En general, la ley est¨¢ escrita con un enfoque obsoleto, confundiendo el concepto de evaluaci¨®n con el de monitoreo y confiando en exceso en la capacidad de la Administraci¨®n para ejecutar y usar las evaluaciones por s¨ª sola. Adem¨¢s, disocia artificialmente las evaluaciones ex ante y las ex post y se centra en exceso en un tipo de evaluaciones que, en la pr¨¢ctica, solo puedan ser llevadas a cabo sin introducir an¨¢lisis cuantitativos rigurosos.

Los pa¨ªses de nuestro entorno, as¨ª como la Comisi¨®n Europea y la OCDE, est¨¢n reclamando desde hace tiempo un aumento en el uso de la experimentaci¨®n y evaluaciones contrafactuales, es decir evaluaciones que nos permitan recolectar evidencia emp¨ªrica sobre el impacto de un programa. Esta ley se aleja de ese objetivo. Sin embargo, hace tan solo unas semanas, el presidente Pedro S¨¢nchez y varios de sus ministros recibieron la visita de Abhijit Banerjee, uno de los premio Nobel de Econom¨ªa de 2019 que recibi¨® el galard¨®n precisamente por introducir la metodolog¨ªa experimental en la lucha contra la pobreza. En su charla a principios de julio, frente un gran n¨²mero de miembros del Gobierno y organizaciones del tercer sector, Banerjee insisti¨® en la importancia de institucionalizar el proceso experimental en Espa?a. Algo que hoy tenemos la oportunidad de hacer.

Consideramos que es necesario mejorar la ley en al menos tres ¨¢mbitos: aumentar el rigor de las evaluaciones, asegurar recursos humanos y financieros para evaluar y, por ¨²ltimo, crear mecanismos e incentivos para mejorar el aprendizaje que venga de las evaluaciones. Esto se puede conseguir mediante la creaci¨®n de una Unidad de Experimentaci¨®n de Pol¨ªticas que, como parte de la Agencia Estatal de Evaluaci¨®n, se encargue de fomentar y desarrollar proyectos piloto experimentales que puedan ser evaluados de forma rigurosa antes de su lanzamiento a nivel nacional. Tambi¨¦n es esencial evitar que aumente exponencialmente la carga de trabajo para los empleados p¨²blicos, asegurando suficiente tiempo y recursos para ejecutar las evaluaciones. Adem¨¢s, la creaci¨®n de un Plan de Uso de Resultados p¨²blico y transparente ayudar¨ªa a asegurar que las evaluaciones no se guardan en un caj¨®n ni sus resultados caigan en saco roto.

Tambi¨¦n ser¨ªa necesario revisar otros elementos de la ley, como el rol, influencia y supervisi¨®n de la nueva Agencia Estatal, el acceso a datos abiertos para los investigadores, la coordinaci¨®n con otras unidades gubernamentales o el papel del Parlamento en todo este proceso.

Esta ley es un gran paso adelante y los partidos pol¨ªticos no deber¨ªan desaprovechar la oportunidad de mejorarla. Las experiencias pasadas nos deber¨ªan recordar que la voluntad de crear una nueva estructura institucional no siempre es suficiente para que la evaluaci¨®n de pol¨ªticas se lleve a cabo. Para evitar caer en los mismos errores, los partidos pol¨ªticos deben llegar a acuerdos que permitan mejorar esta ley. No hay raz¨®n para que no haya consenso a lo largo del espectro pol¨ªtico, ya que tanto el Gobierno como la oposici¨®n se beneficiar¨ªan de tener un sistema de evaluaci¨®n real y eficiente: unos para mejorar el impacto de sus programas y otros para tener informaci¨®n m¨¢s rigurosa y mejorar la rendici¨®n de cuentas con el ejecutivo. A finales de a?o la ley deber¨¢ estar aprobada y ser¨ªa un grave desperdicio no usarla para adaptar las pol¨ªticas espa?olas al siglo XXI.