Los derechos del mar Menor

La decisi¨®n ratificada por el Senado el mi¨¦rcoles tiene car¨¢cter hist¨®rico en el ¨¢mbito de la UE y se adelanta a procesos similares hoy sobre la mesa en el Loira en Francia o en el mar del Norte en Pa¨ªses Bajos. El reconocimiento de la personalidad jur¨ªdica al mar Menor comporta los derechos a la protecci¨®n, conservaci¨®n, mantenimiento y, en su caso, restauraci¨®n de una zona muy maltratada. Esta actuaci¨®n legislativa sit¨²a a la democracia espa?ola a la vanguardia de estas figuras de protecci¨®n en el mundo y cristaliza un proceso respaldado por Naciones Unidas, llamado a ampliar el ¨¢mbito del derecho en todo el mundo, en la estela de la Constituci¨®n de Ecuador, del r¨ªo Atrato en Colombia, de los r¨ªos Wekiva y Econlockhatchee en Florida, o del bosque de Te Urewera en Nueva Zelanda, entre otros. La figura es pionera para una zona que est¨¢ sufriendo las consecuencias de un modelo agr¨ªcola y tur¨ªstico insostenible hasta el punto de haber hecho colapsar el ecosistema, llev¨¢ndolo a extremos de precariedad hist¨®ricos y casi irreversibles. Sin ir m¨¢s lejos, en el ¨²ltimo episodio de anoxia (es decir, la ausencia grave de ox¨ªgeno), se recogieron 15 toneladas de peces muertos.

El asunto tiene especial relevancia por la forma como se ha gestado, mediante una iniciativa legislativa popular (ILP) apoyada por 640.000 personas (bastantes m¨¢s que el medio mill¨®n de firmas necesarias). La propuesta parti¨® de Teresa Vicente, profesora de Filosof¨ªa del Derecho de la Universidad de Murcia, y fue acogida con entusiasmo por las plataformas ciudadanas y ecologistas. Lleg¨® a generar un movimiento de rebeld¨ªa ante la degradaci¨®n de la zona capaz de superar las exigencias que una ILP tiene en nuestro ordenamiento jur¨ªdico y, finalmente, el Senado la aprob¨® con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (con la excepci¨®n previsible e irrelevante de Vox).

Este reconocimiento supone pasar de considerar la laguna como objeto de protecci¨®n a hacerlo como sujeto de derechos. La idea de fondo es que cualquier ciudadano puede personarse en los tribunales para exigir el cumplimiento de los nuevos derechos reconocidos. No son pocos los retos que esto supone para nuestro ordenamiento jur¨ªdico, que deber¨¢ hacer todo un ejercicio de innovaci¨®n, pero es sobre todo una oportunidad para servir de inspiraci¨®n contagiosa a otros pa¨ªses de nuestro entorno en los que se est¨¢n planteando situaciones parecidas, y nada hace pensar que no sigan surgiendo. Ahora queda el desaf¨ªo de hacer que estos derechos sean efectivos y hagan realidad la salvaguarda, protecci¨®n y gesti¨®n de la laguna que algunos creen ya moribunda. Para ello, es fundamental que se trabaje, como se viene haciendo desde julio, de forma coordinada desde la Oficina T¨¦cnica del Mar Menor instalada en Murcia, encargada de ejecutar medidas de protecci¨®n de la biodiversidad, de gesti¨®n agr¨ªcola, tur¨ªstica, etc¨¦tera.

Especialmente interesante es la forma de gobierno planteada, que consta de tres figuras: un Comit¨¦ de Representantes compuesto por profesionales de las administraciones p¨²blicas implicadas y de la ciudadan¨ªa de los municipios ribere?os, una Comisi¨®n de Seguimiento y un Comit¨¦ Cient¨ªfico, integrado por un grupo independiente de cient¨ªficos y expertos, universidades y centros de investigaci¨®n. El gobierno solidario o participado deber¨¢ ejercer como ¡°tutor¡± de la zona para garantizar el fin del proceso de destrucci¨®n del ecosistema del mar Menor y contribuir a su continuidad. Su aplicaci¨®n no estar¨¢ libre de dificultades, pero supone un relevante paso adelante y precedente pionero a escala europea.