Dinero auton¨®mico
El Gobierno busca reforzar el Estado de bienestar aumentando en los Presupuestos los fondos destinados a las comunidades
El Estado repartir¨¢ algo m¨¢s de 134.000 millones a las comunidades aut¨®nomas el a?o pr¨®ximo, seg¨²n prev¨¦ el proyecto de Presupuestos. Es el r¨¦cord hist¨®rico, un 26% m¨¢s alto que el flujo transferido este a?o. Algunos se precipitar¨¢n a tildar este desembolso de electoralista, por su proximidad a los comicios locales y regionales de la pr¨®xima primavera; tampoco ahorrar¨ªan cr¨ªticas si las transferencias fuesen escu¨¢lidas. Lo que conviene valorar con detalle es si se trata de una cantidad objetivamente correcta que, en todo caso, depender¨¢ para su concreci¨®n del debate parlamentario y su capacidad para iluminar u oscurecer el tema. De entrada, existe coherencia entre el sesgo social del borrador presupuestario y el destino territorial de sus fondos. Si el grueso del gasto disponible se orienta hacia el refuerzo del Estado de bienestar ¡ªpara proteger a los m¨¢s fr¨¢giles ante la cr¨ªtica situaci¨®n econ¨®mica¡ª, parece ineludible que su aumento se canalice hacia las administraciones que tienen las principales competencias al respecto: educaci¨®n, sanidad, dependencia.
Tambi¨¦n resulta obvio que las comunidades m¨¢s financiadas sean las que registran mayor poblaci¨®n. Son ellas las que encabezan la lista ¡ªCatalu?a, Andaluc¨ªa y Madrid¡ª, y ninguna figura en la ¨®rbita ideol¨®gica del Gobierno de la naci¨®n. Las protestas improvisadas de algunas autonom¨ªas, en manos de la oposici¨®n, exhiben un inconfundible aroma partidista y electoralista. Sobre todo cuando esos mismos gobiernos no han tenido reparo en disminuir su autofinanciaci¨®n al reducir o anular los impuestos que gestionan. La caja com¨²n no puede acabar siendo quien pague aquello que las comunidades m¨¢s insolidarias dejan de recaudar por cuenta propia.
El proyecto presupuestario viene a suponer un remiendo destinado a compensar en parte la postergaci¨®n de la reforma del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, algo que el Gobierno deber¨ªa reconsiderar. Pero ese aplazamiento no es exclusivo de hoy, sino que pende desde 2014, en pleno mandato de Mariano Rajoy. En la atribuci¨®n de responsabilidades por la falta de consenso que lo posibilite, cabr¨¢ atribuir buena parte a quienes siguen una temeraria carrera impositiva a la baja, cercana a la imprudente l¨ªnea del Gobierno conservador brit¨¢nico de Liz Truss y sus rectificaciones forzadas para mitigar da?os.
Sentados esos principios, convendr¨ªa aclarar si el nivel de transferencias a unas administraciones ya sobrefinanciadas en los ¨²ltimos a?os no resulta desbordante. Las comunidades tuvieron que devolver al Tesoro, por falta de ejecuci¨®n, m¨¢s de 1.700 millones para el apoyo a sus empresas, la cuarta parte del total de los 7.000 millones recibidos. Tampoco cabe olvidar la muy mejorable transparencia sobre sus contratos con las proveedoras de material sanitario durante la pandemia. El principio de rendici¨®n de cuentas no contempla excepciones, al menos a posteriori.
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