Per¨²: vendr¨¢n tiempos mejores

Los 27 j¨®venes muertos en las dos semanas que van desde el fallido autogolpe de Pedro Castillo son solo la se?al m¨¢s dram¨¢tica de la crisis pol¨ªtica y social que atraviesa al Per¨² desde hace m¨¢s de seis a?os.

Convergen en ella varias fuerzas. Primero, el colapso de las instituciones de representaci¨®n pol¨ªtica, en un proceso expansivo que no es reciente. Luego, una precaria institucionalidad que se usa, esencialmente, en beneficio de intereses particulares de unos pocos. Finalmente, un pa¨ªs cada vez m¨¢s dividido.

Pese a la creciente urbanizaci¨®n y el dinamismo de una vigorosa econom¨ªa informal, la brecha que divide a los peruanos se ha profundizado peligrosamente en los ¨²ltimos meses. Lo ocurrido desde la elecci¨®n de Castillo en la segunda vuelta de junio del 2021 ilustra las fracturas del pa¨ªs. Castillo arras¨® en votaci¨®n en regiones como Puno, en el sur andino (89% de los votos), pero tuvo un resultado muy modesto en Lima (35%).

Luego de ello, los extremos pol¨ªticos tomaron protagonismo y dominaron por a?o y medio el escenario. En febril actitud un sector extremista de derecha impuls¨® la remoci¨®n de Castillo incluso desde antes de que asumiera funciones. Dentro de ese contexto tironeado, el breve gobierno de Castillo aport¨® lo suyo: una asombrosa e irreductible ineficiencia y variados esc¨¢ndalos de corrupci¨®n. Pesada cuota de responsabilidad, pues, en el colapso institucional y social.

?Qu¨¦ es lo que viene? Hay sobre el tapete varios asuntos fundamentales: la legitimidad de las actuales autoridades, el curso de las protestas sociales y la perspectiva de adelanto electoral, que acaso no traer¨ªa una soluci¨®n a varios dramas profundos pero s¨ª un respiro dentro de esta asfixia. La baraja de opciones no es amplia.

Legitimidad del Gobierno presidido por Dina Boluarte: pues no hay duda sobre su legalidad. Tampoco sobre el sustento constitucional de la decisi¨®n del Congreso, que por abrumadora mayor¨ªa vac¨®, constitucionalmente, a Castillo debido a su autogolpe frontalmente anticonstitucional.

Las constituciones democr¨¢ticas prev¨¦n usualmente como causal de remoci¨®n cuando un mandatario quiebra gravemente el Estado de derecho. En el Per¨² se aplicaron las causales previstas en la Constituci¨®n (arts. 117 y 113), en l¨®gica semejante a lo que ocurrir¨ªa en otros pa¨ªses. Por ejemplo, es facultad constitucional del Senado colombiano la destituci¨®n de un presidente acusado de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones (art. 175).

Por ello, internacionalmente es abrumadora la legitimidad del Gobierno de Boluarte. Las preocupaciones expresadas por los Gobiernos de cuatro pa¨ªses (M¨¦xico, Argentina, Colombia y Bolivia) ciertamente van en sentido opuesto. Pero tienen que ser interpretadas en su contexto, y destacando una omisi¨®n clave de ellos, para que ning¨²n otro Gobierno se sume a ese criterio errado: la remoci¨®n ten¨ªa el sustento claro y televisado del golpe de Estado que anunciaba Castillo y que apuntaba a una dictadura: que como presidente gobernar¨ªa por decreto e intervendr¨ªa la Justicia y todas las dem¨¢s instituciones independientes (Fiscal¨ªa, Defensor¨ªa del pueblo, etc.).

Por otro lado, en paralelo el pa¨ªs ha sido remecido y ensangrentado con el urticante asunto de las protestas sociales, la violencia expresada en muchas de ellas y el recurso a un estado de emergencia. No hay duda de que en las protestas sociales que han jaqueado algunas zonas se mezclan leg¨ªtimos reclamos junto con acciones violentas organizadas que dirigieron sus acciones a bloquear aeropuertos o destruir instalaciones judiciales en las que se siguen procesos penales, muchos de ellos por narcotr¨¢fico o miner¨ªa ilegal.

Las muertes tendr¨¢n que ser investigadas en serio, como ya se ha anunciado que se har¨¢. De hecho la Fiscal¨ªa penal en Ayacucho ya viene investigando las muertes por bala de los diez j¨®venes muertos en esa localidad el 15 de diciembre. Mientras, al percibirse ahora m¨¢s sosiego, ello ser¨ªa indicaci¨®n de que la mano gubernamental se sigue manejando con energ¨ªa pero dentro del Estado de derecho con un uso proporcional de la fuerza, tomando en consideraci¨®n que en las protestas se expresan hondos problemas sociales. No es ¨²til por ello reducirlas a una ¡°insurrecci¨®n terrorista¡±, como ha dicho erradamente la nueva cabeza del sector inteligencia. Mensajes extremistas o simplificadores solo echan m¨¢s le?a al ya intenso fuego.

La tragedia de los 27 muertos sin duda afecta la imagen gubernamental. Pero, acaso, una ruta de salida, adem¨¢s de instrucciones enf¨¢ticas contra el uso de armas letales ante las protestas sociales, as¨ª como las investigaciones por la Justicia ordinaria sobre las muertes, est¨¢ en tomar la batuta del postergado ¡°di¨¢logo nacional¡±.

El anuncio hecho este mi¨¦rcoles por el nov¨ªsimo presidente del Consejo de Ministros, Alberto Ot¨¢rola, de que se pondr¨¢ en marcha ya el congelado Acuerdo Nacional (que incluye a todos los sectores pol¨ªticos, econ¨®micos y sociales) y que al di¨¢logo ser¨¢ un valor prioritario a ser promovido por el Gobierno con sectores que hoy est¨¢n en las calles es, sin duda, una luz al fondo del t¨²nel. Ese protagonismo ¨Del di¨¢logo nacional¨D y no el de los violentos, tiene que ser m¨¢s visible y ser parte de una constante presencia interlocutoria con la autoridad.

Mientras tanto solo hay una cosa que une a todo el pa¨ªs: el rechazo al impopular Congreso unicameral, cuestionado frontalmente por m¨¢s del 80% de la poblaci¨®n. Parecer¨ªa que solo los 27 muertos y la explosi¨®n social en desarrollo habr¨ªan abierto este martes en el Congreso (casi dos semanas despu¨¦s de estallada la crisis) la decisi¨®n de tratar el tema del adelanto de las elecciones generales. De cuan en serio marchen las decisiones para ello, incluyendo el pleno respeto a la estabilidad de las autoridades electorales, que han demostrado independencia y capacidad, depender¨¢ que se pueda salir del actual mar tormentoso.