Regresos frustrantes

Los 64 funcionarios que destinar¨¢ provisionalmente Hacienda a la tramitaci¨®n del reconocimiento en Espa?a de t¨ªtulos universitarios obtenidos en el extranjero podr¨ªan ser el principio del final de un calvario personal padecido por decenas de miles de profesionales, en su mayor¨ªa latinoamericanos, ahora instalados en un limbo burocr¨¢tico que frustra cualquier proyecto de vida. A pesar de los buenos deseos expresados por Manuel Castells, anterior ministro de Universidades, hace ya casi dos a?os, la situaci¨®n se ha hecho explosiva. El decreto ley que se comprometi¨® a impulsar en marzo de 2021 para agilizar las gestiones para obtener la equiparaci¨®n u homologaci¨®n de la titulaci¨®n extranjera solo ha entrado en vigor este noviembre, a instancias del ministro Joan Subirats, y con la situaci¨®n agravada por el atasco descomunal desde 2014 (con en torno a 40.000 solicitudes), sumado a las peticiones de los ¨²ltimos a?os: 24.000 en 2021, m¨¢s el sustancial incremento en 2022 de hasta 40.000 nuevas solicitudes.

Las cifras esconden innumerables frustraciones de profesionales de alta cualificaci¨®n y delatan o bien desidia culpable o bien una insuficiencia de recursos grave. La casu¨ªstica es desesperante, afecta a m¨²ltiples perfiles y los testimonios aducen infiernos burocr¨¢ticos de otra ¨¦poca donde se mezclan la petici¨®n de documentos que no existen en otros pa¨ªses, traducciones juradas y copias compulsadas que han sido parte de la peor historia de la Administraci¨®n. En esa abultada bolsa de profesionales sin respuesta administrativa no son raros los casos de esperas de cinco, seis y hasta siete y m¨¢s a?os. Aproximadamente un tercio reclama el reconocimiento de un grado acad¨¦mico o de un m¨¢ster (equivalencias), y otros dos tercios corresponden a homologaciones que facultan para trabajar en profesiones reguladas. Mientras las equivalencias con el nuevo sistema son muy r¨¢pidas, las homologaciones demandan un mayor plazo porque afectan a profesiones con responsabilidad civil o social, como son odont¨®logos, m¨¦dicos, abogados o arquitectos, y pueden demorarse hasta seis meses, seg¨²n el nuevo decreto. Muchos han decidido suspender el procedimiento anterior y acogerse al nuevo, con raz¨®n.

El atasco puede empezar a descongestionarse pero sigue existiendo la sospecha de una mezcla de pasividad burocr¨¢tica y reticencia acad¨¦mica ante las titulaciones extranjeras, que afectan tanto a instituciones latinoamericanas (con un 90%) como europeas. Tanto el decreto como la nueva ley de universidades ponen en parte remedio a esta situaci¨®n, y la ley ha tenido la valent¨ªa de abrir una puerta relativamente accesible a profesores extranjeros, y es una buena noticia. Pero para muchos puede haber llegado demasiado tarde.