Lula y el reto de poner orden en la casa

Uno de los legados del militarismo bolsonarista que deber¨¢ enfrentar el presidente Luiz In¨¢cio Lula da Silva vive en la administraci¨®n p¨²blica. El Tribunal de Cuentas de la Uni¨®n estima que m¨¢s de 6.000 militares ocupan puestos civiles. En t¨¦rminos efectivos, se trata pr¨¢cticamente de una brigada cuyos oficiales ocupaban puestos en lugares ajenos a la actividad militar, como la Fundaci¨®n Nacional de las Artes, la Agencia Nacional de Cinematograf¨ªa, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de la Seguridad Social. Algunos generales han ocupado la presidencia y consejos de las grandes empresas estatales. Cuando regresen a la instituci¨®n militar, ?a qu¨¦ unidad ser¨¢n reasignados? ?Cu¨¢ntos ir¨¢n a retiro?

La reorganizaci¨®n de la funci¨®n p¨²blica, aunque beneficiosa, tendr¨¢ un efecto rebote en la institucionalidad de cada una de las fuerzas, ya sea por el largo tiempo que estos militares llevan a disposici¨®n del Gobierno de Bolsonaro, o por los efectos en los criterios de antig¨¹edad y m¨¦rito, tan caros a la meritocracia militar.

Adem¨¢s, algunas posiciones de car¨¢cter estrat¨¦gico pueden verse comprometidas. El caso m¨¢s evidente en toda la crisis que desemboc¨® en el intento de golpe de Estado en Brasilia es el del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI). Sin ir m¨¢s lejos, en noviembre, un coronel en activo, ayudante del general Augusto Heleno ¡ªministro principal de ese Gabinete¡ª, public¨® en redes sociales que se negaba a saludar al nuevo presidente. Ese mismo mes se descubri¨® que un sargento de Infanter¨ªa de Marina destinado en el GSI apoyaba a los campamentos bolsonaristas. No se trata de la opci¨®n individual por un candidato u otro, algo que no se discute en democracia, sino del respeto al resultado electoral y a las instituciones, que hoy afecta al mantenimiento del di¨¢logo democr¨¢tico.

Adem¨¢s de desmilitarizar la funci¨®n p¨²blica, encuadrar y castigar a los m¨¢s extremistas y persuadir a los opositores de que el ¨²nico camino es la convivencia democr¨¢tica, Lula se enfrentar¨¢ a la posibilidad de incorporar civiles al ministerio de Defensa. Esta cartera, creada en 1999, es un elemento clave en las relaciones entre civiles y militares. En Brasil nunca se ha desarrollado plenamente de la misma manera que en democracias m¨¢s avanzadas.

Durante los mandatos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, la direcci¨®n del ministerio recay¨® en un civil. Al final del gobierno interino de Michel Temer, la elecci¨®n del general Silva e Luna dio un nuevo tono al ministerio, que mostraba un proceso de militarizaci¨®n. Entre 2018 y 2022, el cargo fue ocupado por otros tres generales del Ej¨¦rcito. Con la elecci¨®n de Jos¨¦ Mucio, Lula apuesta por un retorno a los civiles. En t¨¦rminos militares, la presencia de un oficial general de una de las fuerzas provoca un desequilibrio que afecta a la coordinaci¨®n interoperativa. En t¨¦rminos democr¨¢ticos, ser¨ªa mejor un representante civil.

El perfeccionamiento del ministerio de Defensa y, de paso, la densificaci¨®n de su burocracia civil, tiende a mejorar la subordinaci¨®n de los militares al poder constituido y puede establecer puentes m¨¢s s¨®lidos en la relaci¨®n entre la instituci¨®n, el poder pol¨ªtico y la sociedad en general. Sin tener que realizar actividades civiles, militariza de nuevo su objeto de destino, el ej¨¦rcito. Pero de nada sirve aumentar el n¨²mero de civiles si no hay mecanismos que garanticen el compromiso con la democracia, el orden republicano y la institucionalidad.

No hay mucho que innovar, sino recuperar. Una de las cuestiones que plantea el nuevo Gobierno es la defensa de la transparencia. La Ley de Acceso a la Informaci¨®n, creada en 2011, permit¨ªa la desclasificaci¨®n de documentos p¨²blicos con plazos de cinco, 15 y 25 a?os seg¨²n la naturaleza del secreto. Para preservar la informaci¨®n personal, la ley estableci¨® un plazo de 100 a?os. Lo que ser¨ªa un dispositivo legal para proteger a los ciudadanos comunes fue utilizado por el gobierno de Bolsonaro para la protecci¨®n de sus aliados.

La ley acab¨® siendo aplicada para dificultar el acceso a los datos en el proceso que investigaba la asistencia del entonces general Eduardo Pazuello a un mitin del presidente Bolsonaro en R¨ªo de Janeiro. Seg¨²n el estatuto militar brasile?o, los oficiales tienen prohibido participar en actos de car¨¢cter pol¨ªtico. La tergiversaci¨®n de la ley de acceso a la informaci¨®n tambi¨¦n se utiliz¨® para impedir el acceso a la cartilla de vacunaci¨®n del presidente, a las agendas y visitas al Palacio de Planalto y a las actas de las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros actos. El cambio de interpretaci¨®n de la ley est¨¢ pendiente de una nueva evaluaci¨®n por parte de la Oficina del Interventor General. Si se rompen los secretos, las investigaciones que involucran al clan Bolsonaro tomar¨¢n nuevos rumbos, abriendo la posibilidad de arresto del expresidente.

Y, a prop¨®sito del Estatuto Militar, las nuevas autoridades civiles y militares juramentadas por el presidente Lula tendr¨¢n que imponer como nunca las normas establecidas, a riesgo de mantener la polarizaci¨®n y la politizaci¨®n en los cuarteles. No es el derecho de un militar a ser candidato e intentar una carrera pol¨ªtica lo que debe cuestionarse, sino la forma en que los uniformados entienden su reglamento. El ejemplo m¨¢s notorio tuvo lugar en la campa?a del ex vicepresidente, el general Hamilton Mour?o. En 2018, grab¨® un v¨ªdeo en apoyo del tambi¨¦n candidato teniente coronel Zucco. Ambos iban de uniforme y grabaron el v¨ªdeo en un establecimiento militar, la Secretar¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda. A pesar de que lo que hicieron est¨¢ prohibido por el Estatuto Militar, no ocurri¨® nada.