La modificaci¨®n de la ¡®ley del solo s¨ª es s¨ª¡¯ es urgente

¡°No ha tenido los efectos deseados¡±. La ministra de Justicia dif¨ªcilmente puede decir otra cosa. Es la expresi¨®n m¨¢s contemporizadora para referirse a lo que viene ocurriendo desde la aprobaci¨®n de la Ley de Garant¨ªa Integral de la Libertad Sexual. En un momento de necesaria concienciaci¨®n en relaci¨®n con las violencias ejercidas sobre la mujer, han visto rebajada su pena o han sido excarcelados al menos 278 violadores o pederastas (el dato lo daba el viernes Alfonso P¨¦rez Medina). Lo desconcertante es que la ministra Pilar Llop asuma que el redactado de la ley est¨¢ habilitando dichos efectos y, al mismo tiempo, afirmase que el Gobierno descarta cualquier modificaci¨®n de la norma [aunque ahora s¨ª est¨¢ decidido a cambiarla]. Dicho de otro modo, a pesar de constatar lo que est¨¢ pasando y el desgaste gubernamental que provoca, el Ejecutivo habr¨ªa optado por mirar hacia otro lado mientras las malas noticias se repiten, la oposici¨®n lo denuncia, como es su obligaci¨®n, e, inevitablemente, el trumpismo medi¨¢tico transforma cada caso en carnaza para generar el p¨¢nico que nutre el discurso de la extrema derecha.

La ambiciosa ley del solo s¨ª es s¨ª ha sido la principal iniciativa desarrollada por el Ministerio de Igualdad durante la actual legislatura. Su gestaci¨®n, que contaba con un ampl¨ªsimo respaldo social tras el caso de La Manada, no fue para nada sencilla; desde dentro del partido que la lideraba incluso se advirtieron problemas, pero los correos enviados al Ministerio de Irene Montero no obtuvieron respuesta. Y eso no fue nada comparado con las tensiones en el seno del Gobierno de coalici¨®n. Lo detall¨® Carlota Guindal en una cr¨®nica publicada a finales del a?o pasado. En las v¨ªsperas del 8-M de 2020 y en el contexto de redacci¨®n de la ley, el vicepresidente Pablo Iglesias carg¨® sin nombrarlo contra el ministro de Justicia. Juan Carlos Campo, que se sab¨ªa con el apoyo de la vicepresidenta Carmen Calvo, se hab¨ªa referido a problemas t¨¦cnicos en el anteproyecto, pero Iglesias contratac¨® colg¨¢ndole el sambenito de ¡°machismo frustrado¡±. (Campo, magistrado del Tribunal Constitucional, se abstendr¨¢ a la hora de responder al recurso presentado por Vox contra la ley).

Antes de su aprobaci¨®n en el Congreso, lo m¨¢s relevante fue el informe redactado por el letrado del Consejo General del Poder Judicial. All¨ª se explicitaba que los cap¨ªtulos I y II del t¨ªtulo octavo de la ley supondr¨ªan la reducci¨®n del l¨ªmite m¨¢ximo de algunas penas. Ni se le hizo caso ni tampoco a los abogados que se dirigieron al Gobierno. A nadie que estudiase ese informe jur¨ªdico, por consiguiente, puede sorprenderle lo que est¨¢ pasando desde la entrada en vigor de la ley. Pero en lugar de atender lo advertido por el CGPJ, y colaborar as¨ª en la relegitimaci¨®n de un ¨®rgano clave del poder judicial hoy desacreditado, la reacci¨®n de la ministra Montero al producirse las primeras revisiones fue atribuir a los jueces un sesgo machista, introduciendo un elemento m¨¢s de sospecha en la mec¨¢nica del Estado de derecho para no responder al problema creado. No es no. Ya pueden pedir la modificaci¨®n compa?eras tan afines como Manuela Carmena (¡°no corregir la ley del solo s¨ª es s¨ª es soberbia infantil¡±), M¨®nica Garc¨ªa (¡°cuando algo tiene un efecto secundario indeseable se cambia o se intenta paliar, y ya est¨¢¡±) o Rita Maestre (¡°hay que corregir la ley del solo s¨ª es s¨ª sin dramatismos¡±). De ninguna manera.

El motivo que explica esta obcecada dejadez es el partidismo: evitar la modificaci¨®n de la ley parece haberse convertido en una l¨ªnea roja para Montero y su entorno. El pulso se ha escenificado como un blindaje de la ministra de Igualdad que posibilita transferir la presi¨®n a la vicepresidenta Yolanda D¨ªaz como un plebiscito de lealtad en pleno proceso de refundaci¨®n del espacio progresista al que dio forma Podemos. Es una estrategia absurda y sus efectos son contraproducentes. No solo se debilita al Gobierno, sino tambi¨¦n la credibilidad de las pol¨ªticas contra la violencia que sufren las mujeres. Por ello la modificaci¨®n es urgente. Para demostrar la responsabilidad de los y las l¨ªderes de ese espacio.