Perpetuar el secreto

El hecho de que Espa?a siga rigi¨¦ndose por la ley franquista de secretos oficiales, 47 a?os despu¨¦s de la muerte de Franco, es una anomal¨ªa y una larga negligencia democr¨¢tica. Su sistema de clasificaci¨®n de documentos no es homologable al de sus socios y aliados, e incluso el mismo concepto de ¡°seguridad del Estado¡± no puede ser el mismo en una democracia que en una dictadura. Espa?a es uno de los pocos pa¨ªses que no tienen un procedimiento autom¨¢tico de desclasificaci¨®n de documentos, de manera que una vez estampado el sello de secreto, se prolonga indefinidamente como si de una maldici¨®n se tratara. Y lo es para los investigadores, que a menudo no tienen m¨¢s remedio que peregrinar por archivos extranjeros para tener acceso a documentos relevantes de la propia historia de Espa?a.

Despu¨¦s de media docena de intentos frustrados, el Gobierno aprob¨® en agosto pasado el anteproyecto de ley de informaci¨®n clasificada, como se rebautiz¨® a la Ley de Secretos Oficiales. Tras haber figurado durante meses a la cola de las prioridades pol¨ªticas del Gobierno, el caso Pegasus puso a la nueva ley en primer plano de la agenda pol¨ªtica. Pero el texto estaba lejos de ser satisfactorio. El n¨²mero de materias susceptibles de ser clasificadas solo era comparable a las innumerables autoridades facultadas para clasificar. Tambi¨¦n los periodos de clasificaci¨®n eran largu¨ªsimos: 50 a?os prorrogables hasta 65 para los asuntos de ¡°alto secreto¡±. La posibilidad de multar con hasta tres millones de euros a quienes publicaran documentos clasificados segu¨ªa siendo una espada de Damocles sobre el derecho a la informaci¨®n, que es de los ciudadanos. Con todo, es mejor una mala ley que la vigente ley franquista y, antes de que se aprobara definitivamente por el Consejo de Ministros y durante su tramitaci¨®n parlamentaria, se podr¨ªa haber modificado el proyecto inicial.

As¨ª las cosas, suena a pobre excusa que a pocos meses de las elecciones del 28 de mayo el Gobierno anuncie que esperar¨¢ a tener un consenso parlamentario previo, junto al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), antes de enviar el proyecto a las Cortes. El Gobierno ha aprobado leyes con las que ni siquiera una parte del Gobierno estaba de acuerdo, y el informe del CGPJ, que ha superado de sobra el plazo previsto para emitir opini¨®n, no es preceptivo.

Nadie sabe cu¨¢ndo volver¨¢ a haber ocasi¨®n de aprobar una ley que mantenga el equilibrio entre la seguridad del Estado y el derecho a la informaci¨®n, sin sacrificar la segunda en aras de la primera. Mientras tanto, el Gobierno dispone de margen de maniobra y podr¨ªa extender a los dem¨¢s departamentos el criterio aplicado por Defensa, seg¨²n el cual todos los documentos anteriores a 1968, fecha de entrada en vigor de la ley vigente, no est¨¢n legalmente clasificados y, por tanto, pueden ser de forma inmediata de acceso p¨²blico.