La formaci¨®n profesional, cuesti¨®n de Estado

De los problemas estructurales que afectan al mercado laboral espa?ol uno de los m¨¢s llamativos es la falta de profesionales cualificados de grado intermedio para cubrir determinadas vacantes en las empresas. Algo especialmente grave en un pa¨ªs que mantiene, seg¨²n datos de la EPA, una tasa de paro del 12,9% y que se dispara hasta el 29,3% entre los m¨¢s j¨®venes. Diversos estudios apuntan que la mitad de las ofertas de empleo en Espa?a en 2025 ser¨¢ para titulados de ciclos formativos y, pese a ello, la tasa de matriculaci¨®n en FP (12%) es inferior al de los pa¨ªses de la OCDE (29%) y de la Uni¨®n Europea (25%), seg¨²n el INE.

Estos datos subrayan la urgencia del pleno desarrollo de la nueva Ley de Formaci¨®n Profesional, aprobada por el Parlamento en 2022 y cuyo reglamento ultima el Ejecutivo para que entre en vigor a partir de septiembre hasta su plena implantaci¨®n para el curso 2024-2025. La norma busca acercar m¨¢s la FP al mundo laboral, se implica a la empresa en la formaci¨®n de los futuros trabajadores y se potencian nuevas titulaciones en ¨¢reas antes ignoradas, lo que permitir¨¢ conectarla a la realidad laboral y a los empleos ofertados. Pero el proyecto no va solo dirigido a los j¨®venes, sino tambi¨¦n a los trabajadores, para facilitar su reciclaje profesional. Un sistema productivo en continuo cambio, el de hoy con las nuevas tecnolog¨ªas, necesita un modelo flexible y que se actualice constantemente.

Una revoluci¨®n formativa como esta exige una notable coordinaci¨®n y participaci¨®n de los agentes implicados y una financiaci¨®n suficiente. El proyecto contempla una inversi¨®n de unos 5.500 millones de euros a lo largo de cuatro a?os, parte de ellos con fondos europeos. Y con los millones y el nuevo atractivo de la FP puede convertirse en una tentaci¨®n de negocio para inversores financieros, como ha sucedido con la universidad. Son las autoridades las que tienen que velar para que todos los centros que quieran participar en el nuevo modelo cumplan con los requisitos de calidad e idoneidad exigibles.

Ninguna Administraci¨®n deber¨ªa escatimar recursos para un cambio que puede ser uno de los ¨¦xitos colectivos de la sociedad espa?ola m¨¢s importantes de los pr¨®ximos a?os. Especialmente porque ha encontrado un elevado consenso entre la comunidad educativa, los agentes sociales, las distintas administraciones implicadas y los diversos grupos pol¨ªticos, algo casi ins¨®lito hoy y mucho m¨¢s en cuestiones educativas. Toca ahora que las pol¨ªticas de los diferentes gobiernos contemplen este reto como una cuesti¨®n de Estado, porque realmente lo es.