Jaque al autoconsumo compartido

Con la promulgaci¨®n del Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre de 2018, de medidas urgentes para la transici¨®n energ¨¦tica y la protecci¨®n de los consumidores, se inici¨® un imparable desarrollo del autoconsumo solar en Espa?a que, por el momento, alcanza en el ¨¢mbito dom¨¦stico principalmente a las viviendas unifamiliares. La normativa ha ido evolucionando hasta pasar de ser una de las m¨¢s restrictivas del mundo a una de las m¨¢s desarrolladas en este ¨¢mbito y, desde el a?o 2022 incluso permite que todas las viviendas, comercios e industrias situadas en un radio de dos kil¨®metros puedan disfrutar del autoconsumo de los paneles solares situados en un tejado colectivo como el de un edificio p¨²blico, por ejemplo.

El autoconsumo colectivo no es un invento espa?ol, es piedra angular de las comunidades energ¨¦ticas que est¨¢n expresamente contempladas en las directivas europeas cuya transposici¨®n a la legislaci¨®n espa?ola ha sido, por el momento, parcial y, por tanto, a¨²n quedan muchos aspectos por regular.

Por si la subida de precios de la energ¨ªa que sufrimos no fuera suficiente incentivo para el desarrollo del autoconsumo, se han multiplicado las ayudas destinadas al mismo e incluso se han implementado l¨ªneas de promoci¨®n espec¨ªficas para las comunidades energ¨¦ticas. Nuevamente respaldadas por los fondos de la Uni¨®n Europea.

Como consecuencia de lo anterior, mucho m¨¢s all¨¢ de las instalaciones individuales, se han multiplicado por el territorio las iniciativas de autoconsumo colectivo: comunidades de vecinos donde viven dos tercios de la poblaci¨®n bajo azoteas a menudo desaprovechadas, industriales y centros log¨ªsticos que quer¨ªan aprovechar sus tejados, comunidades energ¨¦ticas en el ¨¢mbito rural que promueven las renovables haciendo compartir a vecinas y vecinos la cubierta fotovoltaica del polideportivo municipal, ayuntamientos que han movilizado sus tejados cubri¨¦ndose de fotovoltaica con el objetivo de abaratar sus facturas. Todas ellas pretenden casar las necesidades del sector dom¨¦stico con la potencialidad de las cubiertas pr¨®ximas disponibles de mayor extensi¨®n, con el objetivo de promover una energ¨ªa de proximidad, de origen renovable y m¨¢s barata. Es la l¨®gica y deseable reacci¨®n ciudadana y empresarial ante un escenario de oportunidad y de responsabilidad. Empresas y particulares han estado a la altura. Y hoy, algunas iniciativas pioneras pueden marcar la senda de un modelo energ¨¦tico m¨¢s participado, m¨¢s distribuido y con mayor implicaci¨®n ciudadana y empresarial.

Pero m¨¢s de cuatro a?os despu¨¦s de la derogaci¨®n del ¡°impuesto al sol¡±, la realidad est¨¢ paralizando el desarrollo de todas estas iniciativas pioneras. Hablamos en concreto del papel de las distribuidoras el¨¦ctricas, esas compa?¨ªas que, en su calidad de propietarias y gestoras de la red, act¨²an en r¨¦gimen de monopolio zonal y, por tanto, deben participar en el proceso de integraci¨®n de las nuevas instalaciones solares en el sistema. El modelo en la normativa est¨¢ claro: la red pasa de ser unidireccional ¡ªllevar energ¨ªa de grandes centrales el¨¦ctricas a los puntos de consumo¡ª a ser bidireccional ¡ªlos propios consumidores ahora pueden inyectar energ¨ªa en la red¡ª. Esto, a su vez, abre la puerta a nuevos compromisos, a la posibilidad de una mayor electrificaci¨®n y a la implicaci¨®n ciudadana y empresarial en la producci¨®n de energ¨ªa el¨¦ctrica. A pesar de la claridad normativa, hoy estamos ante un escenario donde algunos proyectos quedan aparcados durante meses, e incluso a?os, por la falta de adecuaci¨®n de los protocolos que establecen algunas distribuidoras. Observamos at¨®nitos c¨®mo los m¨¢s creativos y pioneros mueren a pie de playa.

No todas las distribuidoras son iguales. Algunas, tanto peque?as como grandes, han adaptado su operativa y est¨¢n facilitando la legalizaci¨®n y la operativa de los autoconsumos de una forma ¨¢gil. Incluso algunos territorios relevantes, como la Comunidad Valenciana, han establecido protocolos y canales de interlocuci¨®n que lo facilitan. Pero en otros casos la praxis de algunos operadores est¨¢ haciendo muy dif¨ªcil hacer realidad proyectos que con tes¨®n, perseverancia, creatividad e inversi¨®n hoy podr¨ªan ser una realidad.

Podemos documentar c¨®mo en muchos casos la legalizaci¨®n se paraliza por un simple error de la distribuidora, equivoc¨¢ndose en el contrato de suministro asociado. En otros casos, se pretende aprovechar una nueva instalaci¨®n fotovoltaica para reforzar la red, de modo que el promotor se ve obligado a desembolsar m¨¢s dinero por ello que por la propia inversi¨®n en los paneles. Hay circunstancias en las que el inspector de conexiones exige medidas que son consideradas insuficientes por otro inspector, de otra subcontrata, cuando se implementan. En otros casos, los protocolos de la distribuidora no permiten que un consumidor pueda disfrutar de la energ¨ªa de varios tejados diferentes, imposibilitando definitivamente el autoconsumo colectivo a pesar de que la norma lo permite. Cuando la fase de conexi¨®n se supera, frecuentemente la legalizaci¨®n de un autoconsumo compartido necesita de la concurrencia de m¨²ltiples comercializadoras, que son las que finalmente deben gestionar la energ¨ªa, y si una sola se equivoca, todo se paraliza de nuevo sin que exista un protocolo que permita reiniciar ¨¢gilmente la legalizaci¨®n. Pero es que incluso superado todo ello nos encontramos ¡ªy esto aplica incluso en los casos m¨¢s sencillos de autoconsumo individual¡ª muchos casos en los que el distribuidor no facilita las lecturas horarias de los excedentes solares, claves para la amortizaci¨®n de la inversi¨®n.

Lo que relatamos no son problemas meramente burocr¨¢ticos, sino que imposibilitan desarrollar modelos en que las renovables, el consumo pr¨®ximo y m¨¢s barato sean una realidad. En este pa¨ªs hemos democr¨¢ticamente decidido avanzar hacia un modelo m¨¢s distribuido y justo. Es m¨¢s, este modelo m¨¢s distribuido es imprescindible para que el desarrollo de grandes instalaciones renovables se implemente con mayor aceptaci¨®n social. Pero cuando tenemos la norma, las iniciativas, la gente y las empresas, la falta de celo, o la no adecuaci¨®n de las formas de hacer de algunos operadores est¨¢n haciendo muy dif¨ªcil el desarrollo del modelo.

Los abajo firmantes siempre hemos sido defensores de que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, y es por ello que nos hemos dirigido a quien puede solventar su manera de hacer para que cambie sus protocolos y ponga m¨¢s recursos y celo en su proceder.

Firmamos este art¨ªculo con todo el respeto, pero con el convencimiento que las cosas se deben hacer mucho mejor, porque ya hay actores del sector que lo est¨¢n haciendo mucho mejor.

Pero no podemos quedarnos en la queja y en la denuncia. Lo que est¨¢ en juego es el modelo energ¨¦tico de nuestro pa¨ªs y estamos en un momento clave. Lo cierto es que el empantanamiento en la legalizaci¨®n del autoconsumo es un problema de primer orden que pone en jaque no solo el autoconsumo, sino un modelo m¨¢s distribuido y justo. Cada MWh solar que no se genera, porque la instalaci¨®n est¨¢ construida, pero inutilizada, es un MWh adicional de gas que quemamos. M¨¢s caro, m¨¢s contaminante y adem¨¢s con el riesgo de que el gas provenga de alg¨²n r¨¦gimen dictatorial al que estar¨ªamos contribuyendo a financiar.

Nunca como en estos a?os se ha avanzado tanto en un modelo de generaci¨®n distribuida. El autoconsumo es una realidad, y es gracias al impulso del sector, y a un marco normativo que ha sido favorable. Pero hoy el papel de algunas distribuidoras est¨¢ dificultando enormemente poder hacer llegar el autoconsumo a quien no tiene un buen tejado. Es por todo lo expuesto que entendemos, que en primer lugar, se tiene que llamar a cap¨ªtulo a aquellos que, a pesar de disponer de m¨¢s recursos que ning¨²n otro actor del sector el¨¦ctrico, no est¨¢n haciendo bien las cosas, para que cambien sus protocolos, pongan recursos y mejoren su operativa. Entendemos, a su vez, que debe dotarse a la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia de competencias espec¨ªficas para la resoluci¨®n ¨¢gil de los conflictos que frecuentemente se presentan entre los agentes del sector, incluyendo la capacidad de sanci¨®n cuando los errores de la distribuidora no permiten la legalizaci¨®n o cuando el flagrante incumplimiento de sus obligaciones en materia de lectura de contadores impide la facturaci¨®n de los excedentes. A su vez, entendemos urgente la necesidad de establecer con claridad aquello que puede exigir la distribuidora durante el proceso de la conexi¨®n de una instalaci¨®n solar, no permitiendo que se aproveche el proceso para hacer unas inversiones que le corresponden a la distribuidora y por las que recibe una adecuada remuneraci¨®n. Creemos que aquellas distribuidoras que est¨¢n haciendo bien las cosas deben ser premiadas por ello, mientras que aquellas que no est¨¢n ayudando en la legalizaci¨®n de los autoconsumos deben ser penalizadas. Hablamos de ligar parte de su retribuci¨®n a la calidad del servicio en relaci¨®n con la conexi¨®n y gesti¨®n de las instalaciones de autoconsumo. Por ¨²ltimo, entendemos fundamental que se desarrolle la recientemente creada figura del Gestor del Autoconsumo Compartido para que, como ya se hace en Portugal, pueda representar a todos los autoconsumidores asociados, facilitando mucho tanto la legalizaci¨®n de las instalaciones, como su funcionamiento posterior.

Se trata, por tanto, de actuar. Lo que est¨¢ en juego es mucho. Es nada menos que poder hacer la transici¨®n energ¨¦tica con (o sin) implicaci¨®n ciudadana y empresarial.