La UE dictamina sobre los VTC

La justicia europea acaba de sentenciar que la limitaci¨®n del n¨²mero de licencias a los veh¨ªculos de transporte con conductor (VTC) es contraria al derecho comunitario en una sentencia a prop¨®sito de un recurso contra el reglamento del ?rea Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El fallo tiene, sin embargo, alcance nacional al desactivar la principal arma que han usado las comunidades aut¨®nomas reacias a las plataformas de este tipo de transporte como Pa¨ªs Vasco, Valencia, Baleares, Arag¨®n o la propia Catalu?a. Los taxistas se han aferrado a la parte de la sentencia que m¨¢s les beneficia, la que autoriza que ayuntamientos o comunidades aut¨®nomas introduzcan una licencia adicional para las VTC. Aunque no hay que olvidar que el Tribunal de Luxemburgo deja claro que esa segunda licencia debe justificarse por razones de gesti¨®n de tr¨¢fico o motivos medioambientales, no para salvaguardar el negocio del taxi.

Las licencias de taxi son un tesoro tan apreciable como la de un estanco o una administraci¨®n de loter¨ªa, porque permite a sus due?os disponer de un negocio de por vida cerrado a la competencia, pero llevan congeladas desde hace cuatro d¨¦cadas y hoy hay el mismo n¨²mero de taxis que entonces, en torno a 60.000. No importa que ciudades como Madrid y Barcelona y sus n¨²cleos metropolitanos se hayan casi duplicado o que haya 10 millones m¨¢s de habitantes en el pa¨ªs. Los taxistas consiguieron que los ayuntamientos, sea cual sea su color pol¨ªtico, no dieran licencias todos estos a?os.

El avance de la tecnolog¨ªa ha dado soluci¨®n a esa demanda a?adida de transporte urbano con la aparici¨®n de los VTC. Mediante una sencilla aplicaci¨®n en el m¨®vil permiten alquilar un veh¨ªculo casi al instante en distintas plataformas (Uber, Cabify o Bolt), conociendo el precio del trayecto de antemano. Los taxistas se enfrentaron a estos veh¨ªculos alegando que los arruinan y que no se someten a las mismas normas que regulan su negocio, y consiguieron que en Espa?a se les impusiera un tope legislativo de un permiso VTC por cada 30 taxis.

La sentencia europea aclara el contencioso entre taxistas y VTC, pero no lo cierra. Las distintas administraciones deben replantear ahora sus normativas para regular una actividad que necesariamente van a tener que compartir ambos colectivos. Por una parte, los taxistas deben asumir que en una econom¨ªa de libre mercado no se puede prohibir la competencia por ley, y deben adaptar su negocio a los nuevos tiempos. Y las plataformas de VTC no pueden ser desleales, deben cumplir normas menos laxas y asegurar unas condiciones laborales dignas a sus conductores, muchas veces sometidos a horarios y salarios con la precariedad de los de los repartidores (riders).