Vox gobierna con el PP

La constituci¨®n por ley de los m¨¢s de 8.000 ayuntamientos de Espa?a elegidos el 28-M ha despejado cualquier duda sobre la disposici¨®n del Partido Popular a pactar con Vox all¨ª donde lo necesite para gobernar. Lo inesperado ha sido la facilidad y la exactitud con las que los pactos asumen la agenda de la extrema derecha. Vox entrar¨¢ de la mano del PP en un centenar de ayuntamientos y al menos en cinco capitales de provincia ¡ªen cuatro, el PSOE fue la fuerza m¨¢s votada¡ª. En el nivel auton¨®mico, a¨²n por concluir, el r¨¢pido acuerdo para gobernar la Comunidad Valenciana, con cinco millones de habitantes y 30.000 millones de euros de Presupuesto, incluye derogar normas sobre ¡°asuntos hist¨®ricos¡± y sobre la promoci¨®n del valenciano, y aprobar una ¡°ley de se?as de identidad¡±, ignora la crisis clim¨¢tica y desnaturaliza la violencia sobre las mujeres al denominarla violencia intrafamiliar. Un diputado regional de Vox lleg¨® a afirmar que ¡°la violencia machista no existe¡±. El presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, y otros dirigentes del partido salieron a afirmar lo contrario en las redes sociales, pero no han ordenado, que se sepa, revertir el texto. Ni en la Comunidad Valenciana ni en los m¨²ltiples municipios donde han pactado que Vox tenga competencias en estas materias.

Sirvan algunos ejemplos. En Gij¨®n, el acuerdo anuncia la revisi¨®n de las pol¨ªticas de igualdad y otorga a Vox una especial influencia en este departamento que, en Ciudad Real, se elimina directamente. En Elche, una ciudad de 230.000 habitantes, han dado prioridad municipal a la eliminaci¨®n del carril bici y a reducir la zona de bajas emisiones. El reparto de poder en Toledo es secreto hasta despu¨¦s de que se constituya el Ayuntamiento.

En la sociedad espa?ola existen amplios consensos, aunque a veces sean invisibles en el marco de la batalla partidista. Varios de ellos est¨¢n en la Constituci¨®n y en leyes que nadie discute, excepto Vox. La extrema derecha no es una etiqueta, sino un paquete ideol¨®gico que impregna las instituciones e incluye la negaci¨®n del cambio clim¨¢tico y la reversi¨®n de las medidas para combatirlo, la demolici¨®n de la fiscalidad que hace posible el Estado social sin explicar la alternativa, convertir la diversidad ling¨¹¨ªstica en ofensa y el independentismo democr¨¢tico en delito, debilitar las minor¨ªas sociales, criminalizar la inmigraci¨®n hasta la xenofobia militante y anticonstitucional, revertir los avances en la legislaci¨®n abortista y eliminar las instituciones que apoyan a las mujeres amenazadas o agredidas. Es un retroceso y el PP no puede eludir su responsabilidad pol¨ªtica en ello. El vidrioso aperitivo vino de Castilla y Le¨®n, donde Vox lleg¨® hasta el extremo de enfrentarse a normas sanitarias de la UE. A partir de hoy, Feij¨®o se convierte en uno de los pocos l¨ªderes conservadores de Europa que incorpora pol¨ªticas de la ultraderecha en las instituciones.

La izquierda est¨¢ tratando de movilizar a los votantes el 23-J con el argumento de detener a la ultraderecha. Es un eslogan electoral leg¨ªtimo, pero la responsabilidad de frenar la agresi¨®n de Vox a amplios consensos troncales de la democracia espa?ola es sobre todo de la derecha que particip¨® en esos consensos, incluido el europeo. El riesgo es sist¨¦mico, y no es necesario recordar los numerosos ejemplos hist¨®ricos de transformaci¨®n de las democracias desde dentro para entender la amenaza existencial que representa asumir el marco y las pol¨ªticas de los ultras en gobiernos, por ahora, de escala local y auton¨®mica.