Sentencia peligrosa

La sentencia que la Audiencia Provincial de Huelva dict¨® hace unos d¨ªas y que condenaba a una periodista por una serie de art¨ªculos publicados en un medio local toca un derecho tan sensible en las sociedades democr¨¢ticas como el derecho a la informaci¨®n y ha encendido las alarmas entre profesionales de la informaci¨®n y juristas. Los textos period¨ªsticos, publicados en marzo de 2019 sobre un caso del que se levant¨® el secreto de sumario a finales de 2018, explicaban de manera detallada las distintas versiones que Bernardo Montoya dio sobre la agresi¨®n sexual y el asesinato de la profesora Laura Luelmo por los que finalmente fue condenado en 2021. Los magistrados han considerado que la periodista atent¨® contra la intimidad de la v¨ªctima y cometi¨® un delito de revelaci¨®n de secretos por el que la han condenado a dos a?os de c¨¢rcel y la han inhabilitado para ejercer su trabajo durante ese mismo tiempo, am¨¦n de que tenga que pagar una multa de 3.200 euros e indemnizar con 30.000 a los padres de la profesora.

Los jueces entienden que algunas de las informaciones publicadas afectan ¡°a la esfera personal de la fallecida y su familia¡± y les han causado perjuicio ¡°sin atender a ning¨²n inter¨¦s leg¨ªtimo¡± m¨¢s all¨¢ del propio hecho de contar lo sucedido. El Tribunal Constitucional ha establecido, sobre el tratamiento de sucesos que son de inter¨¦s general y tienen relevancia p¨²blica, que la libertad de informaci¨®n no protege ¡°la divulgaci¨®n de datos que afectando a la intimidad sean enteramente ajenos a lo noticiable, excedan de cuanto pueda tener relevancia informativa o puedan calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios¡±. El problema surge cuando se trata de saber qui¨¦n establece esos criterios, c¨®mo se define lo que tiene ¡°relevancia informativa¡±, de qu¨¦ manera se mide lo que es irrelevante, gratuito o innecesario.

Y es ah¨ª, precisamente, donde la condena ha provocado las cr¨ªticas de juristas y periodistas. No es que los art¨ªculos que public¨® Huelva Informaci¨®n revelaran detalles que fueran desconocidos porque el sumario siguiera estando secreto en ese momento ¡ªuna actividad sobre la que se ha reclamado desde hace tiempo una regulaci¨®n m¨¢s clara, y que el actual Gobierno puso en marcha hasta que la fren¨® la convocatoria electoral¡ª. Muchos detalles de la investigaci¨®n eran ya p¨²blicos, y los propios magistrados reconocen la veracidad de cuanto escribi¨® la periodista. Lo peligroso de la sentencia estriba en el salto que estos dan para definir lo que puede ser informativo y lo que no lo es y, desde su particular entendimiento de estas cuestiones que desbordan lo estrictamente jur¨ªdico, condenan a prisi¨®n e inhabilitan a una periodista. Desde una consideraci¨®n moral han castigado su trabajo, lo han hecho por la v¨ªa penal y no civil, y han abierto as¨ª el paso a que los tribunales puedan convertirse en censores a posteriori de lo realizado por los profesionales de la informaci¨®n.

Es posible que los padres de la v¨ªctima se vieran desbordados por el tratamiento que se da en los medios a sucesos como los que padeci¨® su hija y se querellaran leg¨ªtimamente para proteger su derecho a la intimidad. La respuesta de la Audiencia de Huelva ha sido, en cualquier caso, excesiva, al convertir a los jueces en ¨¢rbitros de lo que puede decirse o no a la hora de informar. A veces pueden ser l¨ªneas tenues las que separan el derecho a la informaci¨®n del derecho a la intimidad, pero esta sentencia es inquietante porque otorga a los jueces el poder de castigar a quien publica lo que estos entienden que no resulta relevante. Y ese gesto est¨¢ a un paso de convertirlos en ese tipo de censores que amedrentan con potenciales castigos a quienes informan con el fin ¨²ltimo de callar sus voces.