¡°Esta sentencia es una barbaridad¡±: cuando los jueces pretenden ser directores de peri¨®dico

Las asociaciones de periodistas de Espa?a se encuentran en pie de guerra contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que ha marcado nuevos l¨ªmites a la libertad de prensa y al derecho a la informaci¨®n. En una resoluci¨®n sin precedentes, como apunta la propia Fiscal¨ªa, tres magistrados (Carmen Orland, Florentino Gregorio Ruiz y Luis Garc¨ªa Valdecasas) condenaron el 6 de junio a una reportera a dos a?os de c¨¢rcel por revelar datos de un sumario que no se encontraba secreto. Tras conocerse ahora el contenido del fallo, que se arroga incluso la potestad de decidir qu¨¦ es noticia o no, los colectivos profesionales han denunciado que esta decisi¨®n ¡°amordaza¡± y ¡°atenta contra un derecho constitucional¡±, adem¨¢s de amenazar con la instauraci¨®n de ¡°una censura a posteriori¡±. Por tanto, las preguntas ya est¨¢n sobre la mesa: ?Instancias superiores avalar¨¢n la argumentaci¨®n de este tribunal? ?Se abre la puerta a restringir as¨ª un derecho fundamental, especialmente protegido por la jurisprudencia europea y por las democracias occidentales?

La judicatura ha intentado otras veces perseguir a periodistas por revelar datos de sumarios, ha frenado sus informaciones o ha tratado de descubrir sus fuentes, incluso, salt¨¢ndose la ley. Ya en 1985 lleg¨® al Tribunal Constitucional el caso de un juez de Palma que hab¨ªa prohibido a un reportero tomar fotos del incendio de una casa donde apareci¨® un cad¨¢ver, y que orden¨® a la Polic¨ªa que comunicase a otros medios que no publicasen im¨¢genes sin su permiso mientras siguiese su investigaci¨®n. El tribunal anul¨® esas decisiones y subray¨® que ¡°el secreto del sumario no significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social sean arrebatados a la libertad de informaci¨®n, con el ¨²nico argumento de que sobre aquellos elementos est¨¢n en curso unas determinadas diligencias sumariales¡±.

La reciente sentencia contra la periodista de Huelva ¡ªRaquel R., entonces reportera especializada en el ¨¢rea de Tribunales del diario local Huelva Informaci¨®n¡ª tiene como punto de partida la violaci¨®n y asesinato de la profesora Laura Luelmo en diciembre de 2018, por el que fue condenado Bernardo Montoya en 2021 a prisi¨®n permanente revisable. Este caso gener¨® una enorme expectaci¨®n social y atrajo la atenci¨®n de todo el pa¨ªs. Tanta que, apenas unos d¨ªas despu¨¦s de que la juez de instrucci¨®n levantase el secreto de sumario ese mismo diciembre de 2018, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, Jes¨²s Garc¨ªa, ofrecieron una rueda de prensa en Madrid para facilitar datos de la investigaci¨®n. En esa cita, que se prolong¨® una hora, los agentes ofrecieron profusos detalles: informaci¨®n m¨¦dica de la v¨ªctima, el contenido de mensajes de WhatsApp de Luengo, contradicciones del asesino...

Meses despu¨¦s, en marzo de 2019, la periodista public¨® en Huelva Informaci¨®n cinco noticias que ahondan en la investigaci¨®n. En ellas, entre otros aspectos, se recogen los pormenores de las distintas versiones que Montoya dio a las autoridades; parte de la autopsia (como las lesiones f¨ªsicas y ¡°violencia de cariz sexual¡± que padeci¨® la v¨ªctima); y las ¨²ltimas im¨¢genes de Luelmo con vida, captadas por c¨¢maras de un supermercado. La familia de la v¨ªctima decidi¨® actuar entonces contra ella, y le pidi¨® en el juicio casi cinco a?os de c¨¢rcel y el pago de una indemnizaci¨®n de 60.000 euros ¡ªtambi¨¦n se acus¨® a otro compa?ero que result¨® absuelto¡ª. La Fiscal¨ªa de Huelva, por su parte, se sum¨® a la ofensiva, y solicit¨® dos a?os de prisi¨®n para la periodista.

Fuentes de la Fiscal¨ªa General del Estado subrayan que la Fiscal¨ªa de Huelva no les hab¨ªa informado de este procedimiento, ni de la pena solicitada para los periodistas. Seg¨²n insisten, la c¨²pula del ministerio p¨²blico se enter¨® por la prensa del caso, despu¨¦s de que El Diario de Sevilla adelantase la condena el pasado 2 de julio. As¨ª supieron que la Audiencia Provincial de Huelva hab¨ªa concluido que la reportera cometi¨® un supuesto delito de revelaci¨®n de secretos por divulgar datos ¡°sensibles¡± y ¡°banales¡± de la investigaci¨®n, ¡°que afectaban a la esfera personal de la fallecida y su familia¡±. Por ello, el tribunal la conden¨® a dos a?os de c¨¢rcel; a la inhabilitaci¨®n para ejercer como periodista durante ese mismo tiempo; al pago de una multa de 3.200 euros; y a indemnizar con 30.000 euros a los padres de la v¨ªctima.

Pero el texto de esa resoluci¨®n ha abierto la caja de Pandora. En su fallo, los magistrados del tribunal admiten la veracidad de todo lo publicado; reconocen que no se puede saber el origen de la filtraci¨®n (ya que la reportera no revel¨® sus fuentes); e, incluso, reproducen la doctrina del Tribunal Constitucional que deja claro que ¡°la informaci¨®n sobre sucesos con relevancia penal es de inter¨¦s general y tiene relevancia p¨²blica¡±. Sin embargo, para tratar de demostrar que lo publicado no se encuentra protegido por el derecho a la informaci¨®n, los jueces entran a valorar qu¨¦ es noticia (vali¨¦ndose solo de su opini¨®n personal para este aspecto, sin que la sentencia refleje consultas con profesionales de la informaci¨®n).

Entre otras consideraciones, los tres magistrados de Huelva aseguran que era ¡°innecesario¡± e ¡°irrelevante para el inter¨¦s p¨²blico¡± ofrecer los ¡°detalles¡± de las contradicciones de Montoya en sus manifestaciones ante la polic¨ªa, en sede judicial y ante los funcionarios de prisiones. En opini¨®n de los jueces, supone dar detalles del crimen y vulnerar la intimidad de la v¨ªctima (al reproducir sus ¨²ltimos momentos de vida), adem¨¢s de que se ¡°puede crear [...] confusi¨®n en el p¨²blico en general, desconocedor de la trascendencia y valor que pueden tener unas y otras manifestaciones¡±. El tribunal tambi¨¦n cree que ¡°la comunidad¡± no necesita ¡°la profusi¨®n de datos sobre lesiones y violencia sufrida por la v¨ªctima¡±, derivados de la autopsia. ¡°El detalle t¨¦cnico y el desarrollo pormenorizado de las actuaciones de investigaci¨®n se consideran innecesarios para cubrir la noticia¡±, remachan los jueces en la parte del fallo titulada Fundamentos de derecho, donde concluyen que no se pod¨ªa publicar las ¨²ltimas im¨¢genes de Luelmo, ni describir qu¨¦ reflejaban: ¡°Deber¨ªa quedar reservada a ese ¨¢mbito familiar del recuerdo, tal y como expres¨® su propia madre¡±.

¡°Esta sentencia es una barbaridad¡±, opina el abogado Carlos S¨¢nchez Almeida, director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Informaci¨®n (PDLI): ¡°Lo que ha hecho esta periodista es absolutamente legal y leg¨ªtimo. Est¨¢ cumpliendo con su profesi¨®n. Los jueces han ido m¨¢s all¨¢ del terreno jur¨ªdico para intervenir en el terreno moral¡±. ¡°Entiendo que hay que recurrir y, si no es en Espa?a, se ganar¨¢ en Europa. Pero lo que se pretende es hacer pasar por este calvario a la periodista para escarmentarla. La intenci¨®n de esta sentencia va m¨¢s all¨¢ del caso concreto. Es para amedrentar¡±, a?ade el letrado.

La Asociaci¨®n de Medios de Informaci¨®n (AMI) apunta: ¡°El tribunal se atribuye la dudosa facultad de decidir el alcance con el que deben redactarse las informaciones period¨ªsticas, a pesar de reconocer que las informaciones publicadas son exactas y el inter¨¦s p¨²blico del caso. Se niega as¨ª a la ciudadan¨ªa el derecho a conocer de forma fiel hechos que afectan a nuestra convivencia c¨ªvica¡±. Patricia Rosety, presidenta de Acijur (Asociaci¨®n de Comunicadores e Informadores Jur¨ªdicos), incide en que la labor del periodista es facilitar a los ciudadanos la mayor informaci¨®n de casos relevantes desde la veracidad: ¡°El periodista es el que decide lo que tiene que ser noticia, el que decide qu¨¦ es lo que el lector o el oyente necesita conocer. Es desproporcionado una pena de prisi¨®n por publicar datos ciertos de un sumario¡±. ¡°El castigo impuesto no s¨®lo ataca el derecho a la informaci¨®n, sino que podr¨ªa invitar a la autocensura de los periodistas¡±, remacha el Colegio de Periodistas de Catalu?a.

Los l¨ªmites del derecho a la informaci¨®n

El abogado Carlos S¨¢nchez Almeida profundiza en la misma idea: ¡°M¨¢s all¨¢ del morbo que pueda despertar todo crimen, la sociedad tiene derecho a defenderse, tiene derecho a saber c¨®mo piensan y c¨®mo act¨²an los criminales. Si se le est¨¢ vedando esto al periodista, se est¨¢ desprotegiendo a la sociedad¡±. En 2021, con otra decisi¨®n inusual, la Audiencia de Huelva vet¨® a los medios de comunicaci¨®n el acceso total al juicio contra Montoya para evitar un ¡°da?o moral¡± a la familia, pese a que, en otras muchas vistas orales, solo se impide la entrada de periodistas a las sesiones m¨¢s delicadas, como ocurri¨® en el juicio contra Patrick Nogueira, conocido como el descuartizador de Pioz.

La Constituci¨®n y las leyes espa?olas establecen la publicidad de las actuaciones judiciales ¡°como garant¨ªa de transparencia y para fortalecer la confianza de los ciudadanos en los tribunales¡±, aunque prev¨¦n excepciones. A su vez, aunque tambi¨¦n tienen l¨ªmites, la normativa y la jurisprudencia protegen especialmente el derecho a la informaci¨®n y la libertad de prensa, ya que se considera un actor fundamental para garantizar la democracia. En este sentido, Joaqu¨ªn Ur¨ªas, profesor de Derecho Constitucional, ya critic¨® con dureza en EL PA?S el sentido de la sentencia de Huelva: ¡°Hay un primer error de concepto porque [la resoluci¨®n] intenta castigar a quien publica un sumario y la ley no lo contempla, y un segundo por argumentar las informaciones que no son relevantes, que es todo lo contrario a lo que ha dicho al respecto el Tribunal Constitucional¡±.

Jacobo Dopico, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, ha se?alado: ¡°La idea de que ¡®lo morboso no es noticioso: s¨®lo puedes informar de lo no enfermizo¡¯ no se sostiene. No solo es una indebida restricci¨®n con criterios moralizantes de la informaci¨®n a la que los ciudadanos deben poder acceder, sino que es una amenaza a la libertad de expresi¨®n. Si el l¨ªmite entre legal y a?os de prisi¨®n est¨¢ en no dar en sucesos determinados detalles juzgables como morbosos, se genera el ¡®efecto desaliento¡¯ que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)¡±, ha escrito el profesor en su cuenta de Twitter; donde a?ade (en referencia al origen ¡°il¨ªcito¡± de los datos que alega el tribunal): ¡°Viola la libertad de prensa condenar a prisi¨®n al periodista que difunde informaci¨®n noticiosa por el hecho de que tenga origen ilegal. El TEDH siempre dice que al periodista le amparan las distintas vertientes de la libertad de prensa, aunque la informaci¨®n tenga origen ilegal¡±.

Choque de jueces con periodistas

Otro caso muy sonado fue el caso del magistrado Miguel Florit, que orden¨® en 2018 requisar los tel¨¦fonos m¨®viles de dos periodistas que cubr¨ªan el caso Cursach para rastrear sus llamadas en busca de sus fuentes. El Tribunal Superior de Baleares lleg¨® a juzgarlo y a concluir que sus decisiones fueron ¡°injustas¡±, pero lo absolvi¨® porque dictamin¨® que no cometi¨® un delito de prevaricaci¨®n porque su acci¨®n ¡°no fue intencionada, sino imprudente¡± ¡ªen este proceso la Fiscal¨ªa no acus¨® al juez¡ª.

En 2019, un juzgado de Madrid tambi¨¦n imput¨® a 12 periodistas de ocho medios por publicar datos del sumario abierto por delitos de terrorismo contra nueve miembros de los Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR). Pilar Velasco, reportera de la Cadena SER, estuvo imputada un a?o por revelaci¨®n de secretos por difundir en 2009 un v¨ªdeo que demostraba el espionaje al entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez, en un viaje a Colombia. Actualmente, otro juzgado mantiene imputados a redactores del programa de televisi¨®n S¨¢lvame por la difusi¨®n de datos de famosos que facilitaba un polic¨ªa a uno de sus colaboradores, Gustavo Gonz¨¢lez. ¡°Van en la direcci¨®n de criminalizar algo que es el modus operandi del periodismo desde su origen. Los periodistas trabajan con fuentes, que son sagradas. Si no, ?para qu¨¦ servimos los periodistas? ?Qui¨¦n controla a los poderes? ?Nadie podr¨ªa meter mano, ni cuestionar nada de lo que se est¨¢ haciendo?¡±, expone David Valldeperas, director de S¨¢lvame, que insiste en que, en su caso, ese polic¨ªa solo era una fuente que, a excepci¨®n de Gonz¨¢lez, el resto desconoc¨ªan.

En los ¨²ltimos a?os, el acceso a datos de sumarios ha permitido a la sociedad espa?ola conocer, entre otros asuntos, que la Polic¨ªa Nacional en ¨¦poca de Mariano Rajoy (PP) destin¨® m¨¢s de 50.000 euros de los fondos reservados al espionaje irregular del extesorero popular Luis B¨¢rcenas, public¨¢ndose para probarlo los recib¨ªs que se pagaron a su ch¨®fer. O el dispendio de las tarjetas black de los consejeros de Caja Madrid (en joyer¨ªas, tiendas de ropa, restaurantes, hoteles...). O los gastos en ¡°coca¨ªna¡± de un personaje del caso de los ERE.

La sentencia contra la periodista de Huelva ya se encuentra recurrida. Lo ha hecho el fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores Prada, que sigue defendiendo que se condene a la reportera ¡ªaunque abre la puerta en su escrito a que se rebaje la pena de c¨¢rcel a nueve meses¡ª. El ministerio p¨²blico explica que se limit¨® la acusaci¨®n a Huelva Informaci¨®n, y no se actu¨® contra otros medios m¨¢s grandes, porque ese diario fue el ¨²nico denunciado por la familia de la v¨ªctima. Tampoco constan acciones contra la Guardia Civil por la rueda de prensa que ofreci¨®. A preguntas de EL PA?S, la Fiscal¨ªa General del Estado insiste en que no se va a dar ninguna orden para perseguir con penas de c¨¢rcel a periodistas que revelen datos de sumarios.