Primera condena de c¨¢rcel a una periodista por revelar informaciones de un sumario judicial

La Audiencia de Huelva ha condenado a dos a?os de c¨¢rcel a una periodista del diario Huelva Informaci¨®n por publicar noticias extra¨ªdas del sumario judicial del asesinato de la profesora Laura Luelmo en 2018, que vulneraron su derecho a la intimidad. Se trata de la primera condena de prisi¨®n en v¨ªa penal para un periodista por contar un sumario en instrucci¨®n judicial, algo habitual en la prensa de tribunales.

Los medios de comunicaci¨®n narran a diario las investigaciones policiales y judiciales gracias a las filtraciones de los sumarios, que resumen las actuaciones penales sobre cualquier asunto. Esas publicaciones pueden incurrir en un delito de revelaci¨®n de secreto, pero siempre prima el derecho fundamental a la libertad de informaci¨®n que tiene la sociedad. Sin embargo, tres magistrados de la Audiencia de Huelva consideran que en el caso del asesinato de Luelmo hubo noticias que carec¨ªan de inter¨¦s informativo y vulneraban la intimidad de la v¨ªctima, por lo que han condenado a su autora a dos a?os de prisi¨®n.

La sentencia condena a la informadora por un delito de revelaci¨®n de secretos con una multa de 3.200 euros, una indemnizaci¨®n de 30.000 euros a los padres de la joven asesinada y a su inhabilitaci¨®n para ejercer como periodista. Junto a la periodista condenada fue procesado otro compa?ero de redacci¨®n del Huelva Informaci¨®n, del grupo Joly, pero este ha resultado absuelto porque los jueces estimaron que sus informaciones eran relevantes para la opini¨®n p¨²blica, seg¨²n la sentencia, adelantada por Diario de Sevilla y que ser¨¢ recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). El fallo declara al Huelva Informaci¨®n como responsable civil subsidiario.

Por el asesinato de Luelmo result¨® condenado Bernardo Montoya a la pena de prisi¨®n permanente revisable por agresi¨®n sexual y asesinato en El Campillo (Huelva), y posteriormente la familia denunci¨® al Huelva Informaci¨®n por seis noticias del caso. La sentencia destaca que la periodista inform¨® de las distintas versiones que hab¨ªa dado Montoya sobre el crimen, detalles de las lesiones que sufri¨® la v¨ªctima seg¨²n recogi¨® la autopsia, los informes de toxicolog¨ªa y una imagen de la joven comprando en un supermercado justo antes de ser secuestrada por Montoya. Algunas de esas informaciones, afirman los jueces, ¡°afectaban a la esfera personal de la fallecida y su familia, que causaba un perjuicio sin atender a ning¨²n inter¨¦s leg¨ªtimo m¨¢s que el de ofrecer exclusiva y primicia a costa de la ilegalidad¡±.

Los magistrados de la Secci¨®n Tercera de la Audiencia onubense alegan la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la libertad de informaci¨®n, que indica la necesidad de ¡°verificar ese inter¨¦s social de la informaci¨®n, derivado del car¨¢cter p¨²blico de la persona a la que se refiere o por el hecho en que esa persona se haya visto involucrada¡±. La inmensa mayor¨ªa de pleitos por vulneraci¨®n de la intimidad se inician en v¨ªa civil y en raras ocasiones se interpone en v¨ªa penal. Esta es una de ellas y la primera que deviene en sentencia de c¨¢rcel para la periodista.

Lo m¨¢s llamativo de la sentencia es que los jueces analizan seis informaciones publicadas sobre el sumario en marzo y abril de 2019, y deciden si eran relevantes o no para la opini¨®n p¨²blica. Es decir, al publicar informaci¨®n de un sumario judicial ¡ªde car¨¢cter reservado a las partes, acusaciones y defensas¨D, cualquier periodista que considere relevante una informaci¨®n se arriesga a que el criterio ulterior de los magistrados no coincida con el suyo o el de sus redactores jefe. Si la informaci¨®n es veraz pero irrelevante, el redactor podr¨ªa ser condenado a c¨¢rcel.

Para el ¨®rgano de garant¨ªas, en la informaci¨®n sobre sucesos, a pesar de su inter¨¦s general y relevancia p¨²blica, la libertad de informaci¨®n no protege ¡°la divulgaci¨®n de datos que afectando a la intimidad sean enteramente ajenos a lo noticiable, excedan de cuanto pueda tener relevancia informativa o puedan calificarse de irrelevantes, gratuitos o innecesarios¡±. Cuando se publicaron las noticias, el Juzgado de Instrucci¨®n de Valverde del Camino que investigaba el crimen de Luelmo ya hab¨ªa levantado hac¨ªa meses el secreto de sumario sobre el caso, que se establece para evitar filtraciones por parte de las acusaciones y defensa.

Desde que la familia de Luelmo present¨® la demanda judicial en su contra y la Fiscal¨ªa de Huelva sigui¨® su criterio, la periodista ha sufrido ataques de ansiedad y depresi¨®n. ¡°A¨²n estoy asimilando el golpe de la sentencia. Estando de baja por ansiedad fui despedida por el diario y ahora el proceso me ha quitado las ganas de ejercer periodismo. La sentencia es muy peligrosa porque sienta un precedente para los que ejercen periodismo de tribunales de manera seria, y muchos se autocensurar¨¢n a partir de ahora. Ya sabemos que sin periodismo no hay Democracia¡±, relata la informadora, que solicita mantener su anonimato.

Dado que fue la primera periodista en acceder al sumario, sus noticias tuvieron un amplio eco en todos los medios de comunicaci¨®n, que m¨¢s tarde se hicieron con el sumario judicial y ampliaron las informaciones. Una de las seis informaciones que los jueces estiman irrelevantes para la opini¨®n p¨²blica, con la imagen de Luelmo haciendo la compra con productos que luego aparecieron en casa de Montoya, fue reproducida tiempo despu¨¦s en El programa de Ana Rosa de Tele 5, con el v¨ªdeo de la secuencia incluido, recuerda la informadora. Pero la demanda de la familia de Luelmo, originaria de Zamora, solo se dirigi¨® contra el diario onubense.

Sobre la relevancia informativa de esa noticia, los jueces se ponen el traje de periodistas: ¡°La actividad descrita por el art¨ªculo carece en absoluto de inter¨¦s informativo pues hace el recorrido de la compra de la v¨ªctima con una cr¨®nica en la que va de la observaci¨®n de que llevaba aqu¨¦lla un abrigo (trench) oscuro con capucha, pantalones vaqueros y deportivas, hasta lo que capta su atenci¨®n en las estanter¨ªas, los productos que coge y obtiene de un empleado, el pago en caja, e incluso un bostezo de la joven, descripci¨®n irrelevante en relaci¨®n con la informaci¨®n que interesa a la comunidad en un suceso de tales dimensiones¡±.

El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, acus¨® a los periodistas en sala y finalmente pidi¨® la eximente incompleta de ¡°ejercicio de la profesi¨®n period¨ªstica¡±, pero los jueces no la estimaron porque ¡°no justific¨® el m¨¢s m¨ªnimo elemento¡± que diera razones para atenderla.

Joaqu¨ªn Ur¨ªas, profesor de Derecho constitucional y Derecho a la informaci¨®n en la Universidad de Sevilla, critica con dureza el fallo: ¡°Hay un primer error de concepto porque [la sentencia] intenta castigar a quien publica un sumario y la ley no lo contempla, y un segundo por argumentar las informaciones que no son relevantes, que es todo lo contrario a lo que ha dicho al respecto el Tribunal Constitucional¡±.

En casos precedentes sobre filtraciones de sumarios, lo habitual es que los juzgados investiguen -y condenen si hallan pruebas- qu¨¦ funcionario ha facilitado la informaci¨®n a la prensa. ¡°Este tribunal de Huelva se inventa la manera para castigar al informador por lo publicado. El legislador espa?ol no ha querido limitar la libertad de informaci¨®n, sino que ha querido proteger el deber de custodia¡±, recuerda el tambi¨¦n exletrado del Tribunal Constitucional.

Ram¨®n Orza, profesor de Derecho de la informaci¨®n en la Universidad de Granada, a?ade: ¡°La clave est¨¢ en el trabajo que le cuesta al tribunal justificar la utilizaci¨®n de un delito pensado para la protecci¨®n de datos en el ¨¢mbito digital, para aplic¨¢rselo a la filtraci¨®n de un expediente judicial en papel¡±. Loreto Corredoira, profesora titular de Derecho de la Informaci¨®n en la Universidad Complutense de Madrid, a?ade: ¡°La sentencia es muy desproporcionada, pero me parece a¨²n m¨¢s grave la pena accesoria de inhabilitaci¨®n. La intenci¨®n de la periodista no era revelar secretos ¨ªntimos de la v¨ªctima, que es lo que castiga el art¨ªculo 197 del C¨®digo Penal¡±.

La Federaci¨®n de Asociaciones de Periodistas de Espa?a (FAPE) ha tildado el fallo de ¡°atentado contra la libertad de informaci¨®n¡± y ¡°peligroso precedente¡±, y ha avanzado que estudiar¨¢ las ¡°posibles repercusiones¡± para el ejercicio de la profesi¨®n. La FAPE ha incidido en la necesidad de regular el secreto profesional, incluida en el proyecto que estaba en tr¨¢mite parlamentario y que decay¨® por la convocatoria de elecciones generales.

El precedente m¨¢s notorio sobre filtraciones judiciales de los ¨²ltimos a?os ha sido el caso Cursach en Baleares, en el que el juez instructor Miquel Florit orden¨® rastrear las llamadas e incautar los tel¨¦fonos m¨®viles de dos periodistas para averiguar qui¨¦n hab¨ªa filtrado informaci¨®n declarada secreta. El pasado enero el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declar¨® nulas las actuaciones de Florit por atentar contra el derecho al secreto profesional de los informadores, de Diario Mallorca y la agencia Europa Press. En 2020 Florit fue juzgado por estos hechos, pero el Tribunal Superior lo absolvi¨® al concluir que sus decisiones fueron ¡°injustas¡± pero no delictivas.