Los clavos y el martillo
La cruda reivindicaci¨®n de la ley del embudo por un partido que, como el PP, se dice moderado es consecuencia de haberse erigido ante s¨ª y por s¨ª en campe¨®n en la defensa de aquello mismo que est¨¢ poniendo en peligro: la Constituci¨®n
El inesperado resultado de las elecciones celebradas el pasado 23 de julio y la circunstancia de que el partido m¨¢s votado enfrente dificultades tal vez insuperables para formar Gobierno han contribuido a extender en algunos sectores de opini¨®n la sensaci¨®n de que Espa?a se ha vuelto un pa¨ªs ingobernable, en el que la ¨²nica salida posible e, incluso, conveniente, es ...
El inesperado resultado de las elecciones celebradas el pasado 23 de julio y la circunstancia de que el partido m¨¢s votado enfrente dificultades tal vez insuperables para formar Gobierno han contribuido a extender en algunos sectores de opini¨®n la sensaci¨®n de que Espa?a se ha vuelto un pa¨ªs ingobernable, en el que la ¨²nica salida posible e, incluso, conveniente, es un acuerdo ¡ªy, al parecer, cualquier acuerdo, sin importar su contenido ni sus efectos¡ª entre las dos fuerzas mayoritarias. M¨¢s all¨¢ de que esta alternativa encubra la leg¨ªtima ambici¨®n de un partido bajo el manto del inter¨¦s general, lo cierto es que la configuraci¨®n del Parlamento salido de la ¨²ltima convocatoria a las urnas no es reflejo de ninguna situaci¨®n irresoluble, sino de un orden constitucional en el que tienen que adoptarse decisiones cr¨ªticas. Pero decisiones cr¨ªticas no en lo referente a ese mismo orden ¡ªque, por lo dem¨¢s, ha demostrado una extraordinaria solidez en las diferentes pruebas a las que ha sido sometido durante los ¨²ltimos a?os¡ª, sino a las formas de hacer pol¨ªtica y a los programas que han venido adoptando algunas fuerzas dentro de ¨¦l.
Las dificultades del Partido Popular para forjar una mayor¨ªa parlamentaria no son consecuencia de ninguna laguna en el texto de 1978, ni menos a¨²n de que el l¨ªder de la segunda fuerza en votos, el partido socialista, est¨¦ dispuesto a pagar cualquier precio para mantenerse en el poder. Si argumentos como estos, a los que da igual buscar las razones del fracaso de un partido en el orden constitucional o en la supuesta personalidad de un adversario, estuvieran simplemente inspirados por una propaganda pol¨ªtica sin escr¨²pulos, habr¨ªa m¨¢s razones para el esc¨¢ndalo que para la alarma. El problema reside, sin embargo, en que esos argumentos, y tantos otros, responden a concepciones pol¨ªticas de fondo desde las que el Partido Popular ha venido ejerciendo tanto la oposici¨®n como el Gobierno, seg¨²n haya recibido o no el voto mayoritario de los ciudadanos.
Este Partido Popular que vuelve a confundir deliberadamente ser la fuerza m¨¢s votada en unas elecciones con haberlas ganado, intentando derivar de este equ¨ªvoco un derecho a gobernar que no solo no existe, sino que niega la naturaleza parlamentaria del sistema democr¨¢tico espa?ol, es el mismo que ha saboteado durante cinco a?os la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial para evitar que su composici¨®n reflejase una mayor¨ªa contraria a sus intereses; el mismo que se ha mostrado dispuesto a forzar el papel del jefe del Estado para obtener el encargo de formar Gobierno sin tener los votos necesarios, algo que, por fortuna, no ha prosperado porque tampoco el partido socialista dispon¨ªa de ellos en el momento en que ese encargo se ha producido; el mismo que demoniza al partido socialista por intentar un acuerdo con los diputados a las ¨®rdenes de un pr¨®fugo de la justicia mientras se concede a s¨ª mismo el derecho de hacerlo; el mismo, en fin, que dice buscar en las filas del grupo socialista hombres de Estado que le apoyen, cuando lo que quiere, en realidad, son tr¨¢nsfugas.
Cualquier ciudadano que conozca someramente la reciente historia pol¨ªtica de Espa?a encontrar¨¢ que todas y cada una de las acciones del Partido Popular despu¨¦s de las elecciones del 23 de julio son simples variaciones de acciones equivalentes desde 1993, desde los bloqueos institucionales y las conversaciones ¨ªntimas en catal¨¢n a las apelaciones condescendientes al Movimiento de Liberaci¨®n Nacional Vasco y los tamayazos. Lo que quiz¨¢ ese mismo ciudadano no llegue a advertir, confundido por el ruido de una crispaci¨®n de la que, para el Partido Popular, siempre son culpables sus v¨ªctimas, es que esta cruda reivindicaci¨®n de la ley del embudo por parte de una fuerza pol¨ªtica que se dice de centro y moderada es consecuencia de haberse erigido ante s¨ª y por s¨ª en campeona en la defensa de aquello mismo que est¨¢ poniendo en peligro: la Constituci¨®n. Una Constituci¨®n que, en lugar de ser asumida como regla com¨²n de convivencia, es trasformada en bandera sectaria de los constitucionalistas y utilizada contra cualquier posici¨®n pol¨ªtica que no sea la suya, sean comunistas, socialdem¨®cratas, independentistas, nacionalistas, liberales, animalistas, antitaurinos, feministas o cualquier otra adscripci¨®n. El principio es tan viejo seguramente como el mundo en el que el hombre empez¨® a utilizar herramientas: para quien tiene un martillo, todo son clavos, y, por descontado, poco acuerdo cabe imaginar entre los clavos y el martillo.
Para que prospere una eventual investidura del candidato socialista, si es que, como parece, fracasara la del candidato popular, ser¨ªan necesarios los votos de partidos que en su d¨ªa apoyaron el terrorismo y que m¨¢s recientemente cometieron un grave atentado contra la Constituci¨®n. Pero esta evidencia no es en absoluto contradictoria con otra que los constitucionalistas acostumbran a marginar seg¨²n su conveniencia: los representantes de esos partidos que han tomado posesi¨®n de su esca?o en el Parlamento lo han hecho no por los delitos cometidos en el pasado, sino por el derecho de los ciudadanos a votarlos y el suyo a recibir esos votos, un derecho que ninguna instancia judicial les ha negado. En estas circunstancias, la primera decisi¨®n que hay que adoptar corresponde a quienes se encuentran, a quienes nos encontramos, inequ¨ªvocamente en el lado de la Constituci¨®n, aunque no en el de los constitucionalistas que piden abstenciones patri¨®ticas: ?se debe o no se debe contar con esos diputados y, en caso afirmativo, bajo qu¨¦ condiciones?
La segunda decisi¨®n, sin embargo, corresponde a los propios independentistas, y se resume en aceptar o no la rocosa realidad que ha revelado su experiencia pol¨ªtica de m¨¢s de cuatro d¨¦cadas en Espa?a, y que hasta ahora, hasta estas ¨²ltimas elecciones, se han negado a contemplar de frente, enred¨¢ndonos a todos en sus fantas¨ªas. En su mano no est¨¢ ni estar¨¢ nunca mientras Europa y el mundo se rijan por los principios y las fuerzas que se rigen destruir la integridad territorial de un Estado de la Uni¨®n. Ese objetivo no fue posible mediante la violencia terrorista ni tampoco mediante la aberrante ingenier¨ªa jur¨ªdica que, invocando la democracia, quiso imponer a una mayor¨ªa de los ciudadanos en una comunidad aut¨®noma una independencia que rechazaban, ofreci¨¦ndoles como para¨ªso de libertades una rep¨²blica oscurantista basada en mitos nacionales y en una lengua reducida a rasgo de identidad. Una democracia asediada y una vida pol¨ªtica encanallada y feroz, atrapada desde 2017 entre las fauces de la Espa?a castiza y ultramontana de la ultraderecha y la irresponsabilidad entre pueril y populista de los partidos amparados bajo el ortegajo de la ¡°nueva pol¨ªtica¡±: ese es el magro balance, la rocosa y ¨²nica realidad que podr¨ªan exhibir si se atrevieran a mirarla de frente los partidos que, tras el 23 de julio, se frotan las manos creyendo que ha llegado su momento y acarician la idea de reclamar condiciones imposibles.
?Su momento, hablan en serio? Si, dej¨¢ndose llevar de una falsa representaci¨®n de su fuerza, no permiten m¨¢s salida que la repetici¨®n electoral por sus exigencias desmesuradas, a los muchos y muy graves errores en los que han incurrido bajo el sistema constitucional espa?ol deber¨¢n sumar uno m¨¢s: despreciar una nueva oportunidad, quiz¨¢ la ¨²ltima para ellos, de participar en una consolidaci¨®n de las instituciones democr¨¢ticas vigentes en Espa?a que permita, por fin, consagrar nuestros esfuerzos a la prosperidad y las libertades. Y no es que sin su participaci¨®n nadie vaya a renunciar a esos objetivos; es que tambi¨¦n ellos, a su manera, habr¨¢n tomado posici¨®n frente a ellos: haciendo de su naci¨®n un martillo, se habr¨¢n condenado a vivir en un mundo donde todo, absolutamente todo, son clavos.
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