Antes de que Espa?a infarte

La excepcionalidad de una medida de gracia como la que negocian el PSOE y Sumar con los partidos independentistas ha extremado la suspicacia y hasta la alarma democr¨¢tica de buena parte de la poblaci¨®n: perdonar, exonerar, olvidar o cancelar las consecuencias penales que corresponden a altos cargos ¡ªy al m¨¢s alto cargo, el expresident de la Generalitat¡ª por los hechos de septiembre y octubre de 2017 resulta profundamente dif¨ªcil de asumir para una gran parte de espa?oles y para muchos catalanes que padecieron una insumisi¨®n democr¨¢tica perpetrada desde el poder auton¨®mico y que los puso al borde del enfrentamiento personal, intrafamiliar y laboral. Fueron la temeridad y la incompetencia combinadas, no de Espa?a y Catalu?a, sino de dos gobiernos ¡ªy sus respectivas terminales pol¨ªticas y medi¨¢ticas¡ª quienes condujeron al pa¨ªs a una extrema tensi¨®n. C¨¢lculos temerarios, tacticismo imprudente y el desbordamiento pasional de la calle y los despachos acabaron llevando al independentismo a donde seguramente no quer¨ªan llegar parte de sus propios l¨ªderes: fuera de la ley y sin obtener a cambio ning¨²n resultado pr¨¢ctico ni simb¨®lico favorable a su causa sino todo lo contrario.

La necesidad de los votos de Junts que hoy tiene Pedro S¨¢nchez para obtener la investidura es la causa material e inmediata que ha activado la negociaci¨®n sobre una amnist¨ªa tras los resultados del 23-J. El actual presidente en funciones busca leg¨ªtimamente los instrumentos que permitan garantizar el voto afirmativo o la abstenci¨®n de un independentismo que ha vivido la larga resaca de su propia temeridad con cifras decrecientes de respaldo y una desmovilizaci¨®n consecuencia directa de un error garrafal de m¨¦todo: la unilateralidad no es un procedimiento democr¨¢tico. La evidencia de un Ejecutivo de otro talante en Madrid qued¨® cifrada en la decisi¨®n pol¨ªtica de S¨¢nchez de indultar a quienes hab¨ªan incurrido flagrantemente en ¨¦l y llevaban ya cuatro a?os presos, tras ser condenados varios de ellos a m¨¢s de 10 a?os de c¨¢rcel por el Tribunal Supremo. Los indultos facilitaron as¨ª el regreso de uno de los dos partidos mayoritarios independentistas (ERC) al cauce democr¨¢tico.

La coyuntura actual puede ser la ocasi¨®n para que Junts haga lo mismo. El objetivo pr¨¢ctico de la coalici¨®n de gobierno de los dos partidos de izquierda, PSOE y Sumar, incluye la voluntad de garantizar la consolidaci¨®n de la estabilidad y la conciencia de mantener discrepancias y confrontaciones propias de democracias vivas y en perpetua transformaci¨®n. La pregunta es si medidas como la amnist¨ªa parcial o condicionada, o cualquier otra f¨®rmula, podr¨¢n cambiar de escala la calidad de nuestra democracia para que un choque pol¨ªtico en ning¨²n caso conduzca a nadie a la tentaci¨®n de traspasar las fronteras tangibles e intangibles de la legalidad y el respeto al discrepante. Ser¨¢n medios para un fin, en efecto, pero tanto el fin de un gobierno de coalici¨®n como el medio de una amnist¨ªa deben poder ser defendibles sin retorcer la Constituci¨®n y sin ofender a la inteligencia de la mayor¨ªa de la poblaci¨®n. ?Cabe argumentar racionalmente en favor de una medida que cancela los efectos penales de delitos cometidos hace seis a?os, o bien cualquier argumento imaginable en favor de la amnist¨ªa no ser¨¢ m¨¢s que ret¨®rica florida para justificar lo injustificable?

El fondo de la cuesti¨®n tiene naturaleza esencialmente pol¨ªtica y lo que pone en juego es la legitimidad de aprobar una ley en el Parlamento que libre a unos l¨ªderes pol¨ªticos de pagar las consecuencias que otros l¨ªderes ya pagaron ante el Tribunal Supremo. La magnanimidad que voten los diputados al aprobar la ley debe estar contrabalanceada por el reconocimiento del dolor causado, el desamparo en que el Govern mantuvo a los no independentistas durante a?os y la conciencia de haber llevado al pa¨ªs a una situaci¨®n extrema.

Estoy entre quienes creen que perdura en el coraz¨®n y las v¨ªsceras de muchos catalanes la memoria de la humillaci¨®n institucional y la aberraci¨®n pol¨ªtica. La votaci¨®n del 1 de octubre de 2017 fue el punto de infarto de Espa?a y una parte del coraz¨®n catal¨¢n se necros¨® tambi¨¦n. M¨¢s de la mitad de ciudadanos vivieron con consternaci¨®n que una exigua mayor¨ªa en el Parlament echase a rodar las leyes de desconexi¨®n de los d¨ªas 6 y 7 de septiembre con artima?as chapuceras y convocase sin ning¨²n acuerdo previo con el Gobierno de Espa?a (pero tampoco con las fuerzas no independentistas catalanas) un refer¨¦ndum que no fue sobre la independencia, sino a favor de la independencia, sin pactar la participaci¨®n m¨ªnima, sin acordar la valoraci¨®n de los resultados, sin atisbo de neutralidad institucional, sin que los no independentistas nos sinti¨¦semos llamados a votar porque ¨ªbamos en realidad a una encerrona.

Pero vaya por delante tambi¨¦n que creo que buena parte de la poblaci¨®n catalana que m¨¢s sinti¨® el acoso de su propio Gobierno hoy puede entender una medida de gracia en un contexto nuevo y con una ventaja decisiva: arrancar del independentismo institucional ¡ªel de ERC y el de Junts¡ª el compromiso democr¨¢tico de preservar la legalidad sin perjuicio de que persigan el objetivo de ensanchar las bases que apoyan la independencia de Catalu?a, hoy visiblemente mermadas. No cabe en ninguna cabeza, ni aqu¨ª ni en el resto de Europa, la imposici¨®n de la independencia a toque unilateral de silbato.

Este es el horizonte real en el que se mueve hoy el secesionismo. Si la propuesta de repensar una posible ley de claridad que delimite las condiciones acordadas de una votaci¨®n no es descartable de plano, seguramente es m¨¢s inmediata la necesidad de reconsiderar la anomal¨ªa democr¨¢tica de que Catalu?a est¨¦ regida por un Estatut que no vot¨®: parte del origen del proc¨¦s nace de que ni lo votado por la ciudadan¨ªa ni por el Parlament ni por el Congreso de los Diputados acab¨® siendo el Estatut real. Y nada impedir¨ªa constitucionalmente que los catalanes votasen una reforma con capacidad para satisfacer a la mayor¨ªa de los catalanes, por mucho que sean previsibles sectores descontentos. El compromiso de afrontar esa reforma puede formar parte del punto de encuentro y tambi¨¦n ser el punto de arranque que justifique una amnist¨ªa y abra la puerta a un futuro que impida las condiciones que llevaron a la pesadilla que culmin¨® en el verano y el oto?o de 2017. Las ventajas para el actual Gobierno son obvias, pero los efectos beneficiosos para la derecha lo son todav¨ªa m¨¢s, al reducir de forma inequ¨ªvoca la conflictividad asociada a la evidencia de que seguir¨¢ habiendo partidos y votantes independentistas en la Catalu?a de las pr¨®ximas d¨¦cadas. Ese compromiso significar¨ªa, de hecho, la exclusi¨®n legal de cualquier tentaci¨®n de unilateralidad.

Seis a?os despu¨¦s, un gobierno de izquierdas ha devuelto la confianza en la negociaci¨®n como instrumento de funcionamiento pol¨ªtico. ?Entender¨ªa la mayor¨ªa de la poblaci¨®n catalana y espa?ola la extinci¨®n de las consecuencias penales de hechos tan graves a cambio de armar el protocolo del futuro en direcci¨®n a un nuevo Estatut que sirva de referente com¨²n y pactado por todas las fuerzas pol¨ªticas y, por tanto, con exclusi¨®n forzosa de cualquier variante unilateral o antidemocr¨¢tica? La condici¨®n central es que las medidas de gracia sean entendidas por la mayor¨ªa como una forma de cerrar un ciclo pol¨ªtico y social traum¨¢tico y abrir una etapa en la que el independentismo muestre expl¨ªcitamente su compromiso democr¨¢tico con quienes no creen lo mismo que ellos. S¨¢nchez necesita los siete votos de Junts, pero la sociedad espa?ola necesita visualizar el inicio de una ruta que descarte la repetici¨®n de una tensi¨®n como la vivida entonces y permita encauzar las aspiraciones, leg¨ªtimas y constitucionales, de los independentistas. La desdramatizaci¨®n emocional, la desactivaci¨®n del instinto de castigo y la racionalidad pol¨ªtica tanto de las izquierdas espa?olas como del independentismo catal¨¢n pueden ser en realidad a la vez el medio y el fin para reducir dr¨¢sticamente los riesgos de sacudir de nuevo los cimientos de una sociedad.