Las cifras de la pederastia en la Iglesia cat¨®lica

No todos lo sab¨ªan, pero no es verdad que nadie lo supiera. Esta frase resume el esp¨ªritu de las pronunciadas ayer por el defensor del pueblo, ?ngel Gabilondo, en la presentaci¨®n ante el Congreso del informe sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia cat¨®lica espa?ola. Y revela la dimensi¨®n de un grav¨ªsimo problema sobre el que durante a?os se ha cernido, conscientemente, un pacto de silencio. Hoy sabemos que cientos de miles de personas sufrieron abusos y que la Iglesia los encubri¨®. Tambi¨¦n sabemos que la instituci¨®n religiosa no ha querido colaborar plenamente en la investigaci¨®n y que habr¨¢ un fondo estatal para indemnizarlas. Se trata de un triunfo hist¨®rico de la verdad, pero tambi¨¦n de un punto de inflexi¨®n en la atenci¨®n y reparaci¨®n a las v¨ªctimas y en la adopci¨®n de medidas de prevenci¨®n de delitos que se prolongaron durante d¨¦cadas y cuyo conocimiento ha sacudido a la sociedad espa?ola.

No se hubiera llegado a este momento sin la exhaustiva investigaci¨®n que desde hace cinco a?os viene realizando EL PA?S, con decenas de informaciones que han roto el muro de silencio e impunidad demostrando que no se trataba ¡°de unos pocos casos aislados¡±, como sosten¨ªa la jerarqu¨ªa cat¨®lica espa?ola, sino de una pr¨¢ctica delictiva desarrollada, como m¨ªnimo, durante los ¨²ltimos 80 a?os. Una labor que fue vilipendiada por la misma jerarqu¨ªa ¡ªla tach¨® de poco rigurosa¡ª, que solo decidi¨® tomar m¨ªnimamente cartas en el asunto cuando, en diciembre de 2021, EL PA?S entreg¨® directamente al papa Francisco un documentado informe sobre su trabajo. La labor de este diario es un buen ejemplo de c¨®mo el periodismo puede servir para cambiar la vida de las personas y obligar a los poderes p¨²blicos a tomar medidas ante la injusticia.

Las cifras que se desprenden del informe de 779 p¨¢ginas elaborado durante 18 meses por el equipo del Defensor del Pueblo son demoledoras. Al menos 440.000 personas sufrieron abusos sexuales a manos de sacerdotes, religiosos o individuos vinculados a la Iglesia cat¨®lica. Representan el 1,13% de la poblaci¨®n espa?ola adulta actual. El porcentaje se extrae de la encuesta a 8.013 personas realizada para el Defensor por el instituto demosc¨®pico GAD3, una metodolog¨ªa aplicada de las ciencias sociales que evita sesgos y especulaciones. Hay que destacar que el n¨²mero de v¨ªctimas en nuestro pa¨ªs supera las 330.000 que calcul¨® la investigaci¨®n realizada en 2021 en Francia, y, a diferencia de la espa?ola, encargada por la propia c¨²pula eclesi¨¢stica. Tampoco es posible olvidar que ese mismo a?o el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Arg¨¹ello, aseguraba que conoc¨ªa ¡°cero o muy pocas¡± denuncias. Espa?a tiene desde ayer el triste r¨¦cord de ser el pa¨ªs que cuenta con la proyecci¨®n m¨¢s alta de v¨ªctimas de abusos sexuales en la Iglesia cat¨®lica.

Desgraciadamente, los responsables de la Iglesia espa?ola no han entendido la importancia ni la legitimidad de la investigaci¨®n. Seg¨²n recoge el informe, su colaboraci¨®n ha sido dispar y, aunque algunas di¨®cesis han facilitado informaci¨®n valiosa, los datos aportados por los obispos tienden a minimizar el problema, lo presentan como algo marginal y reh¨²yen abordar los aspectos internos que pueden favorecer el abuso y el encubrimiento. Cabe destacar muy negativamente la actitud de la di¨®cesis de Vic, que, en una actitud propia de otros tiempos, ha llegado a cuestionar el propio encargo realizado por el Congreso. Por su parte, la di¨®cesis de Oviedo se neg¨® a dar dato alguno y ni siquiera contest¨® a un segundo requerimiento del Defensor del Pueblo. En la Espa?a democr¨¢tica la autoridad de un obispo no puede prevalecer sobre la del Parlamento.

Los abusos han causado, en palabras de Gabilondo, un impacto devastador en sus v¨ªctimas, que han vivido un nuevo drama ante la actitud indiferente de la Iglesia, de la Administraci¨®n de Justicia y de la sociedad cuando decidieron hacer p¨²blicos unos hechos tan dolorosos. Tal como propone el informe, la Iglesia cat¨®lica no solo debe reconocer y reparar a las v¨ªctimas, sino tambi¨¦n hacer las reformas institucionales necesarias para evitar estos delitos. Se trata de una lacra que ha perjudicado principalmente a menores de edad (el 64,6% son varones) abrumados por el contexto institucional en el que se produc¨ªa.

Acierta el Defensor al pedir responsabilidades tambi¨¦n al Estado, encargado en ¨²ltimo t¨¦rmino de supervisar lo que sucede en el sistema educativo, el ¨¢mbito donde se ha producido el mayor n¨²mero de casos. Aunque la casu¨ªstica se remonta al franquismo, el periodo investigado afecta tambi¨¦n al Estado democr¨¢tico. Por ello es pertinente la propuesta de que la inspecci¨®n educativa ejerza una supervisi¨®n efectiva en los centros, independientemente de si son p¨²blicos, concertados o privados. Del mismo modo, la Iglesia tiene la obligaci¨®n de poner los medios para la atenci¨®n y reparaci¨®n de las v¨ªctimas. La creaci¨®n de un fondo estatal de reparaciones no puede eximir completamente a la instituci¨®n religiosa de su responsabilidad tanto en la financiaci¨®n del proceso de recuperaci¨®n de las v¨ªctimas como de su resarcimiento. Cada parte debe asumir su culpa, pero en absoluto son iguales.

Durante d¨¦cadas, cientos de miles de personas han sido v¨ªctimas de abusadores pertenecientes a la Iglesia cat¨®lica que han gozado de total impunidad gracias al encubrimiento de algunos y la indiferencia de muchos. La verdad revelada por el informe del Defensor del Pueblo debe transformarse en pol¨ªticas p¨²blicas que pongan fin definitivamente a uno de los episodios m¨¢s oscuros y traum¨¢ticos vividos en la historia reciente de nuestro pa¨ªs.