Respeto a las urnas

Los acuerdos de investidura a los que ha llegado esta semana el PSOE con Junts, PNV y Coalici¨®n Canaria configuran un bloque que se traduce en la mayor¨ªa m¨¢s transversal de apoyo a un Gobierno que Espa?a ha tenido en la historia de esta democracia. La carrera final de las negociaciones asegura a Pedro S¨¢nchez el respaldo de 179 de los 350 diputados del Congreso, diputados que van desde el centroderecha perif¨¦rico espa?ol pasando por el centroizquierda hasta la izquierda a secas. El PSOE debe explicar el proyecto de pa¨ªs que gestionar¨¢ a partir de todos estos acuerdos tan dispares.

El pacto entre PSOE y Junts se ha producido tras una semana de tensas negociaciones y preocupaciones generalizadas sobre la ley de amnist¨ªa que se presentar¨¢ ante el Parlamento, con cr¨ªticas del Consejo General del Poder Judicial, pero tambi¨¦n de todas las asociaciones de jueces ¡ªun¨¢nimes contra un punto concreto del acuerdo, la menci¨®n del lawfare¡ª y de otras corporaciones del mundo econ¨®mico, la Iglesia cat¨®lica, o el aparato del Estado que incluyen a empresarios, obispos, abogados, inspectores de Hacienda, de Trabajo, e incluso, ins¨®litamente, a la Guardia Civil. El acoso a las sedes del PSOE ha contado con la presencia de ciudadanos an¨®nimos alentados por miembros de Vox y con la presencia de grupos neofascistas que han provocado altercados entre los manifestantes y la polic¨ªa antidisturbios. Aunque en democracia solo cabe el respeto escrupuloso a toda reacci¨®n de protesta, son preocupantes algunas im¨¢genes en las que se ve a los manifestantes ¡ªa veces con actitudes violentas¡ª llamando a S¨¢nchez ¡°dictador¡±. Y lo son en parte porque reproducen una m¨²sica muy parecida a las declaraciones de Isabel D¨ªaz Ayuso al afirmar que con el pacto entre el PSOE y Junts hab¨ªan ¡°colado una dictadura por la puerta de atr¨¢s¡±, sin ninguna desautorizaci¨®n por parte de la direcci¨®n de Alberto N¨²?ez Feij¨®o. En democracia los discursos pol¨ªticos tienen consecuencias: pueden alentar y legitimar la polarizaci¨®n pol¨ªtica y estados emocionales de fanatismo. Pero m¨¢s problem¨¢tica a¨²n es la tentaci¨®n de aprovechar la ola de protestas y disturbios para activar el lema de la ilegitimidad del futuro Gobierno, como hizo este pasado viernes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, asegurando que la investidura de Pedro S¨¢nchez ser¨¢ ¡°un fraude electoral¡±.

El mensaje que ha adoptado el PP tras las elecciones del 23-J introduce una perversi¨®n sobre las reglas de juego en una democracia parlamentaria, donde es perfectamente normal que un Ejecutivo en funciones sea capaz de articular una mayor¨ªa para gobernar. Usar expresiones como ¡°acuerdo vergonzoso y humillante¡± o ¡°traici¨®n a su historia y sus principios¡± supone adoptar deliberadamente una ret¨®rica que dibuja un escenario catastrofista y de excepcionalidad para poder presentarse como restauradores del orden constitucional aunque en realidad lo est¨¢n erosionando. El PP no solo trata as¨ª de opacar la oportunidad pol¨ªtica, social y econ¨®mica que representa devolver a todas las fuerzas independentistas al per¨ªmetro constitucional ¡ªcon los riesgos que conlleva toda apuesta apurada por la necesidad de unos votos¡ª sino esconder una realidad m¨¢s inc¨®moda: Feij¨®o no logr¨® reunir el apoyo que necesitaba para formar Gobierno con Vox, y eso dej¨® el camino libre para el PSOE y su capacidad para conseguir aliados. El resultado de las negociaciones deja al PP peligrosamente solo con la extrema derecha. No es una buena noticia para Espa?a. La naci¨®n que aseguran defender no puede ignorar a los espa?oles que representan los 179 sobre 350 diputados que dar¨¢n la investidura a Pedro S¨¢nchez.

En vez de ser la palanca de normalizaci¨®n democr¨¢tica que se espera de un partido con vocaci¨®n de gobierno, el PP ha optado por una barbarizaci¨®n ret¨®rica que presenta los pactos del PSOE como un punto de no retorno en nuestra democracia. Su narrativa rima con las declaraciones de un poder judicial con mandato caducado y con una mayor¨ªa de jueces conservadores que afirman que la ley de amnist¨ªa ¡ªque a¨²n no conocen¡ª podr¨ªa conducir ¡°a la degradaci¨®n, si no a la abolici¨®n, del Estado de derecho en Espa?a¡±. Cuando la cr¨ªtica y la libertad de expresi¨®n se mezclan desde cargos institucionales con relatos apocal¨ªpticos, se invalida la funci¨®n que est¨¢n llamados a ejercer como actores de una cr¨ªtica racional a los acuerdos del candidato a la investidura. Forma parte de su responsabilidad que los debates de estos d¨ªas transcurran con la normalidad democr¨¢tica que merecen. Y que lo hagan con normalidad es lo que exige el respeto a la Constituci¨®n de 1978 bajo cuyo marco se celebran.