Bulos e hip¨¦rboles sobre la amnist¨ªa: del ¡°esto es la dictadura¡± a ¡°inocentes a la c¨¢rcel¡±

La oposici¨®n ha explotado el cambio de posici¨®n del PSOE y de su l¨ªder, Pedro S¨¢nchez, respecto a la amnist¨ªa para los condenados, procesados o imputados por el proc¨¦s. En efecto, antes de las elecciones del 23 de julio, los socialistas negaron que fuera constitucional y presumieron de no haber cedido ante esa pretensi¨®n de los independentistas. La firma de los acuerdos con Junts y ERC para favorecer la investidura de S¨¢nchez ha provocado un salto hiperb¨®lico en las cr¨ªticas del PP y de Vox, que han llegado a asegurar que el pacto convierte a Espa?a en una dictadura. El catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Juan Jos¨¦ Soloz¨¢bal, la doctora en Derecho Mariola Urrea y el magistrado Ximo Bosch, miembro de la Asociaci¨®n Juezas y Jueces para la Democracia, desmontan los bulos coreados a la par por dirigentes de la derecha y de la extrema derecha.

¡°Esto es una dictadura¡±

La presidenta madrile?a, Isabel D¨ªaz Ayuso, del PP, asegur¨® el jueves que el pacto para la ley de amnist¨ªa acaba con la democracia. ¡°Han estado con el se?uelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro¡­ y nos han colado una dictadura por la puerta de atr¨¢s¡±. Ella misma admiti¨®, en una entrevista en Antena 3, lo llamativo de sus declaraciones. ¡°Entiendo que la gente puede decir: ¡®?Qu¨¦ exagerado, no?¡¯ Claro, vas por la calle y todav¨ªa no te est¨¢n pidiendo el DNI. Todav¨ªa no estamos en eso, pero cuando uno piensa que es exagerado vive en un mundo feliz, un mundo de ayer (...). En el momento en que un Gobierno es legislativo, ejecutivo y poder judicial, eso es una dictadura. En el momento en que periodistas, pol¨ªticos... no pueden hablar (...). En el momento en el que los votos est¨¢n por encima de las leyes, eso es dictatorial porque podemos hacer lo que nos da la gana¡±. En t¨¦rminos muy parecidos se expres¨® el l¨ªder de Vox, Santiago Abascal: ¡°Se ha puesto en marcha el golpe definitivo contra la democracia. Los golpistas del PSOE y de Junts han sellado su amenaza a la unidad nacional con un acuerdo que implica la abolici¨®n del Estado de derecho, el principio del fin de la democracia y una clar¨ªsima amenaza a la soberan¨ªa nacional. El aut¨®crata de la anterior legislatura no se conforma, en esta legislatura quiere ser, directamente, un dictador¡±. El l¨ªder del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, opin¨®, por su parte, que el acuerdo supone ¡°un hito m¨¢s en la erosi¨®n de la democracia en Espa?a¡± y lo compar¨® con ¡°otros ataques¡± al sistema como el 23-F, el terrorismo de ETA o la declaraci¨®n unilateral de independencia de Catalu?a en 2017.

Para el catedr¨¢tico de Derecho Constitucional Juan Jos¨¦ Soloz¨¢bal, esas declaraciones son ¡°hip¨¦rboles¡± no ajustadas a la realidad. ¡°En el sistema democr¨¢tico que tenemos¡±, recuerda, ¡°el Tribunal Constitucional es la v¨ªa que asegura que predomina la Constituci¨®n y el Estado de derecho. Estas declaraciones alarmistas no responden a la situaci¨®n, no hay riesgo efectivo para la democracia¡±. El magistrado Ximo Bosch, de la Asociaci¨®n Juezas y Jueces para la Democracia, coincide: ¡°Las medidas que se est¨¢n negociando se hacen dentro del Estado de derecho y todas las instituciones de nuestra democracia constitucional van a funcionar exactamente igual despu¨¦s del acuerdo¡±. Mariola Urrea, doctora en Derecho, a?ade: ¡°Ni la ley de amnist¨ªa ni afrontar pol¨ªticamente la soluci¨®n del conflicto de Catalu?a debilitan a Espa?a como Estado de derecho o como democracia, sino todo lo contrario, la fortalecen. Esto no impide que muchas personas tengan dudas acerca de si esto es oportuno, conveniente o merecido y ese debate, incluso de posici¨®n contraria a los mecanismos de gracia, no solo es posible, sino razonable. Lo que no lo es es realizar manifestaciones violentas o recurrir al lenguaje grueso para suscitar miedo en la ciudadan¨ªa¡±.

El fin del C¨®digo Penal...

La presidenta madrile?a lleg¨® a sugerir que dejar¨ªa de funcionar el C¨®digo Penal y la ley: ¡°Ahora mismo, nosotras dos [le dijo a su entrevistadora, Susana Griso] decidimos que nos quedamos con el coche del c¨¢mara que nos est¨¢ grabando porque somos dos contra uno y este hombre dir¨¢: ¡®Ya, pero hay unas leyes que me amparan¡¯. En el momento en el que las leyes ya no sirven, que dos contra uno est¨¢ por encima de lo que dicen los propios jueces, eso es una democracia sin ley, o sea, otra cosa¡±. Declar¨® el l¨ªder de su partido, Alberto N¨²?ez Feij¨®o: ¡°Se est¨¢ sacrificando el Estado de derecho de todos (...). Esto es un golpe en los cimientos del poder judicial¡±. Abascal, que vincul¨® el tiroteo a Alejo Vidal-Quadras con los atentados de Ham¨¢s, los socios del Gobierno y la amnist¨ªa, fue m¨¢s lejos: ¡°Debemos ser conscientes del peligro que enfrentamos. Quien saca de la c¨¢rcel a los criminales para mantenerse en el poder est¨¢ a un paso de meter en la c¨¢rcel a los inocentes para mantenerse en el poder¡±.

Soloz¨¢bal aclara: ¡°El C¨®digo Penal se seguir¨¢ aplicando. La amnist¨ªa es una medida de gracia que borra la responsabilidad penal de una actuaci¨®n, pero no implica la derogaci¨®n de delitos¡±. Bosch insiste en que afecta a ¡°hechos concretos y personas determinadas¡± y ¡°no se modifica el C¨®digo Penal, es decir, que en el futuro, esas conductas no quedar¨ªan amparadas por la amnist¨ªa. La ley ¨²nicamente opera sobre el pasado¡±. Preguntados por si podr¨ªa volver a aplicarse el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n si fuera necesario, ambos juristas explican que s¨ª.

... y el fin de la separaci¨®n de poderes

El acuerdo, declar¨® Feij¨®o, ¡°socava la separaci¨®n de poderes y humilla al poder judicial¡±. Tanto el PP como Vox coinciden en ese planteamiento. Urrea afirma que es rotundamente falso. ¡°La amnist¨ªa es un instrumento de gracia que, a diferencia del indulto, cuya competencia es del Gobierno, corresponde tramitar y aprobar al poder legislativo. Requiere ser tramitada como ley org¨¢nica, es decir, con unas mayor¨ªas ampl¨ªsimas, y despu¨¦s de un proceso deliberativo en el que podr¨¢n tomar parte y presentar enmiendas todos los grupos parlamentarios. En este caso, el poder ejecutivo ni siquiera impulsa la ley, porque est¨¢ en funciones, y queda intacta la funci¨®n del poder judicial, al que le corresponde aplicarla¡±. La jurista recuerda, adem¨¢s, que ¡°podr¨¢ ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por un grupo de parlamentarios y que, si un juez tiene dudas de la constitucionalidad de la ley cuando le toque aplicarla, puede plantear una cuesti¨®n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y el proceso quedar¨¢ en suspenso hasta que decida¡±.

Urrea, Bosch y Soloz¨¢bal s¨ª consideran ins¨®lita la intervenci¨®n contra la amnist¨ªa realizada por miembros del Consejo General del Poder Judicial. Afirma la primera: ¡°Las declaraciones de la APM [la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, que asegur¨® que la amnist¨ªa es ¡°el principio del fin de la democracia¡±] no tienen el menor rigor jur¨ªdico y son burdas e impropias de personas que se ocupan profesionalmente de conocer y aplicar el derecho, pero no creo que atenten contra la separaci¨®n de poderes, aunque s¨ª pueden generar dudas en la ciudadan¨ªa sobre la imparcialidad de los jueces. Pero el Consejo General del Poder Judicial es un ¨®rgano constitucional y ha decidido pronunciarse sobre una ley que no conoce, lo que resulta extravagante, y sobre la que no tiene competencias cuando exista, porque va a tener naturaleza de proposici¨®n de ley y no de proyecto de ley, de modo que puede deducirse que detr¨¢s hay una intencionalidad pol¨ªtica. Si esto es as¨ª, est¨¢ interfiriendo en la separaci¨®n de poderes. Y todo eso teniendo en cuenta que llevan cinco a?os con el mandato caducado, lo que afecta a su legitimidad¡±. ¡°Me parece especialmente grave¡±, a?ade Bosch, ¡°que un ¨®rgano constitucional emita declaraciones de tipo pol¨ªtico. Es un salto cualitativo peligros¨ªsimo de seria intromisi¨®n de la c¨²pula judicial en la actuaci¨®n del poder legislativo y en la configuraci¨®n del poder ejecutivo¡±. Soloz¨¢bal insiste: ¡°Hay que ser cuidadoso con la actuaci¨®n de cada rama del Estado. Esas declaraciones, sin tener siquiera el texto, me han parecido imprudentes e intempestivas¡±.

¡°Habr¨¢ refer¨¦ndum¡±

El acuerdo no lo dice, pero tanto el PP como Vox han asegurado que el PSOE acepta el refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n en Catalu?a. ¡°No se puede deducir eso del texto¡±, aclara Mariola Urrea. ¡°Lo que contiene es un profundo desacuerdo: el PSOE considera que la soluci¨®n al conflicto de Catalu?a pasa por el desarrollo estatutario, y Junts por el refer¨¦ndum, es decir, no incorpora nada nuevo y desde luego, no va en la l¨ªnea del refer¨¦ndum¡±.

La igualdad de los espa?oles

Una de las principales cr¨ªticas es que la futura ley atenta contra el principio de igualdad entre espa?oles. ¡°Es cierto¡±, explica el magistrado Bosch, ¡°que una amnist¨ªa supone una desigualdad en la aplicaci¨®n de la ley y afecta a la actuaci¨®n judicial, pero son unos efectos que est¨¢n previstos en la propia Constituci¨®n, que dice que se puede ejercer el derecho de gracia. Cuando todos los gobiernos de este pa¨ªs han acordado miles de indultos, a veces por delitos grav¨ªsimos, eso afecta a la igualdad de la aplicaci¨®n de la ley porque hay gente que cumple condenas y otra que no y se deja sin efecto lo que ha realizado el poder judicial, pero son excepciones que permite la propia Constituci¨®n. Si no se quiere que haya situaciones de este tipo, de aplicaci¨®n de medidas desiguales, lo que se tiene que hacer es eliminar el derecho de gracia de la Constituci¨®n y decir que queda prohibido, pero que yo sepa nadie ha planteado hasta ahora modificar la Constituci¨®n en ese apartado¡±. Soloz¨¢bal coincide: ¡°El trato desigual es posible si est¨¢ justificado, si hay razones especiales. Toda regulaci¨®n, toda norma, en realidad establece una diferencia entre la situaci¨®n anterior y la nueva. El cambio, digamos, es consustancial al derecho¡±.