Teor¨ªa de la libertad asim¨¦trica

La proposici¨®n de reforma del C¨®digo Penal con respecto a la libertad de expresi¨®n, que present¨® Sumar y cuya tramitaci¨®n se aprob¨® en el Congreso la semana pasada, tiene algo de trampantojo. Pretende eliminar las ofensas a los sentimientos religiosos o de escarnio p¨²blico, las ofensas a Espa?a y a sus s¨ªmbolos, el delito de injurias a la Corona, y las injurias al Gobierno y sus instituciones. Tambi¨¦n se propone suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo. Hay razones para apoyar la modificaci¨®n: algunos tipos son anacr¨®nicos o confusos, propician abusos y contrasentidos, o han chocado con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Libex tiene mucha informaci¨®n interesante sobre el asunto). Parece l¨®gico seguir sancionando ¡°la realizaci¨®n de actos que entra?en descr¨¦dito, menosprecio o humillaci¨®n de las v¨ªctimas de los delitos terroristas¡±; resulta m¨¢s discutible mantener el enaltecimiento del terrorismo. Para combatir el yihadismo se puede usar el art¨ªculo 575 del C¨®digo Penal, que tipifica el adoctrinamiento y el adiestramiento.

La defensa de la libertad de los pr¨®ximos de Sumar contrasta con otras tendencias restrictivas. Sumar retir¨® de su programa electoral la expulsi¨®n de la carrera period¨ªstica a quien ¡°manipule y desinforme¡±. La formaci¨®n atribuy¨® a ¡°un error¡± las medidas m¨¢s controvertidas: ?a qui¨¦n no le ha pasado? Propone la creaci¨®n de un consejo estatal de medios audiovisuales como ¡°¨®rgano regulador, supervisor y sancionador¡±. El portavoz del PSOE anunci¨® una denuncia por delito de odio tras unas declaraciones de Abascal sobre el presidente del Gobierno, convertido de repente en minor¨ªa vulnerable. En parte por las transformaciones tecnol¨®gicas, pero no solo por eso, cada vez hablamos m¨¢s de discurso del odio, que b¨¢sicamente son los discursos que no nos gustan. Mientras proclamamos la libertad de expresi¨®n de los que nos caen bien, limitamos la de los que no piensan como nosotros: no ocurre solo en la discusi¨®n p¨²blica, sino que se legisla para que as¨ª sea. As¨ª, la ley de memoria democr¨¢tica establece sanciones de hasta 150.000 euros por actos de exaltaci¨®n del franquismo. No se limita a regular las actuaciones de los poderes p¨²blicos sino que, como ha escrito el especialista Germ¨¢n Teruel, invade la libertad de los ciudadanos. La sanci¨®n queda en manos de autoridades administrativas y no judiciales, lo que ofrece menos garant¨ªas. La llamada ley trans tambi¨¦n incluye sanciones por v¨ªa administrativa. La palabrer¨ªa virtuosa camufla una pulsi¨®n antiliberal cada vez m¨¢s repartida y profunda.