Evitar un genocidio

El objetivo es parar esta guerra. Este es el sentido de la demanda de Sud¨¢frica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia por vulneraci¨®n de la Convenci¨®n de Naciones Unidas para la Prevenci¨®n y Sanci¨®n del Genocidio. A falta de otros instrumentos para presionar al Gobierno de Netanyahu, el Ejecutivo de Pretoria ha recurrido a una convenci¨®n ¡ªno solo firmada, sino impulsada por el Israel reci¨¦n fundado en 1948¡ª para obligar al Estado jud¨ªo a detener su operaci¨®n de asedio, bombardeo e invasi¨®n de Gaza en respuesta a los criminales ataques de Ham¨¢s del 7 de octubre.

La vista celebrada ayer y anteayer en La Haya no pretend¨ªa a¨²n enjuiciar si en la Franja se est¨¢ cometiendo un genocidio. Lo que deber¨¢n determinar con la m¨¢xima urgencia los 17 jueces que componen el tribunal es si hay que imponer medidas cautelares al Estado denunciado para evitar que se siga cometiendo tal delito. M¨¢s tarde, en meses o quiz¨¢s a?os, se pronunciar¨¢ sobre el fondo de la demanda. La mera denuncia y la vista ante la opini¨®n p¨²blica mundial constituyen un rev¨¦s pol¨ªtico para Israel y, sobre todo, para el Gobierno de Netanyahu, puesto que refuerzan los argumentos de quienes se oponen a la guerra y subraya su aislamiento diplom¨¢tico y el de su principal aliado: Estados Unidos.

No es un detalle menor que el denunciante sea el actual r¨¦gimen multirracial de Sud¨¢frica, fundado por Nelson Mandela y miembro del grupo de los BRICS. Sud¨¢frica termin¨® en 1991 con el apartheid organizado por una minor¨ªa blanca que tuvo precisamente en Israel uno de sus ¨²ltimos y m¨¢s s¨®lidos valedores internacionales. Con la presentaci¨®n de la demanda, el Gobierno de Cyril Ramaphosa no solo lidera el sur global frente a Israel y EE UU, sino que pasa facturas hist¨®ricas al sionismo conservador de Netanyahu.

No resulta f¨¢cil la tipificaci¨®n de un delito que exige demostrar la intenci¨®n de exterminar a un determinado grupo humano, pero son abrumadoras las pruebas, minuciosamente recogidas en la demanda, en forma de llamamientos al exterminio de la poblaci¨®n de Gaza por parte de responsables gubernamentales israel¨ªes. Es dif¨ªcil desvincular esos llamamientos, como hizo la defensa, del devastador balance de destrucci¨®n y del elevad¨ªsimo n¨²mero de v¨ªctimas palestinas, el uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza, el car¨¢cter de castigo colectivo, la desprotecci¨®n de la poblaci¨®n civil y, sobre todo, del temor a una nueva ocupaci¨®n de Gaza y la correspondiente expulsi¨®n de su poblaci¨®n. Todas ellas son acciones que pueden implicar cr¨ªmenes de lesa humanidad como los que incluye el Estatuto de Roma establecido en 1998 por el Tribunal Penal Internacional, aunque sea dif¨ªcil incluirlas en la figura exacta del genocidio.

Esta demanda abre un debate jur¨ªdico extremadamente trascendente para el futuro del orden y de la justicia internacionales. Ni siquiera es seguro que una medida cautelar vaya a ser atendida por el ¨²nico ¨®rgano ejecutivo de Naciones Unidas ¡ªel Consejo de Seguridad¡ª puesto que EE UU cuenta con un derecho de veto que ya ha utilizado dos veces para no obligar a Israel a decretar un alto el fuego definitivo. Sin embargo, incluso sin medidas cautelares, a la vista est¨¢ que el Gobierno de Netanyahu ha ejercido su derecho a la leg¨ªtima defensa empleando un m¨¦todo indiscriminado que, lejos de conseguir la paz, est¨¢ sembrando entre sus vecinos la semilla de la discordia futura y ha convertido nada menos que a Israel en un Estado sospechoso de cometer un crimen de genocidio.