Una amnist¨ªa constitucional

El reenv¨ªo a la Comisi¨®n de Justicia de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa tras el voto en contra emitido por Junts, junto al PP y Vox, ha abierto ...

El reenv¨ªo a la Comisi¨®n de Justicia de la proposici¨®n de ley de amnist¨ªa tras el voto en contra emitido por Junts, junto al PP y Vox, ha abierto un debate acerca del margen de negociaci¨®n que existe sobre la redacci¨®n final de la ley. Las actuaciones judiciales que pretenden imputar a Carles Puigdemont por terrorismo hacen que Junts reclame ahora una amnist¨ªa que no contemple las excepciones en materia de terrorismo que recoge el texto en forma de actos que ¡°de forma manifiesta y con intenci¨®n directa¡± hayan causado ¡°violaciones graves de derechos humanos¡±. Aunque el miedo a que su l¨ªder quede fuera de la aplicaci¨®n de la ley tenga fundamento, la realidad es que el poder legislativo puede aprobar una ley de amnist¨ªa, pero no puede convertir la amnist¨ªa en la garant¨ªa absoluta de blindaje para nadie, pues la ley deber¨¢ ser, en ¨²ltimo extremo, aplicada por los jueces.

La ley de amnist¨ªa no solo debe tener los apoyos pol¨ªticos necesarios en las Cortes para que pueda entrar en vigor y aplicarse; debe reunir tambi¨¦n las exigencias t¨¦cnicas necesarias si quiere desplegar sus efectos con eficacia y mantenerse en el tiempo. Y es que tendr¨¢ que superar el control que sobre ella realice el Tribunal Constitucional y tambi¨¦n el Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, encargado de resolver las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales nacionales encargados de aplicar la norma. Nada de esto ocurrir¨¢ con ¨¦xito si la ley pretende amnistiar todo acto susceptible de ser considerado terrorismo.

El Gobierno de Pedro S¨¢nchez est¨¢ invirtiendo un capital pol¨ªtico muy importante al defender una amnist¨ªa apelando a los beneficios que la misma producir¨¢ en t¨¦rminos de convivencia. No le resta valor a la iniciativa pol¨ªtica el hecho de que haya sido un condicionante impuesto por Junts para garantizar su investidura. Con todo, la legitimidad que tiene un Gobierno para explorar opciones de alto voltaje pol¨ªtico como la que implica una amnist¨ªa debe poder maridar bien con una firme determinaci¨®n a la hora de identificar claramente los l¨ªmites de negociaci¨®n que el instrumento legislativo admite sin comprometer su viabilidad. Y es que la ley solo podr¨¢ desplegar los efectos para los que ha sido creada si nada compromete su vigencia futura. Parece claro que el texto rechazado por Junts no admite m¨¢s retoques sin comprometer su constitucionalidad y su compatibilidad con el derecho de la Uni¨®n Europea. Tiene sentido que el Gobierno se mantenga firme en la negativa a cambiar la redacci¨®n actual de la ley de amnist¨ªa y, en cambio, carece de sentido que admita explorar para seguir negociando con Junts cambios en una norma tan relevante para la buena marcha de los procesos penales como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Las dudas que suscitan algunas actuaciones como la del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n contra Puigdemont invitan a creer en explicaciones metajur¨ªdicas. Afortunadamente, el Estado de derecho permite canalizar cualquier duda a trav¨¦s de los mecanismos de control que analizan la existencia de indicios o actuaciones contrarias a derecho. Carles Puigdemont podr¨¢ activar todos los mecanismos para afrontar la defensa de su causa y reclamar, en su caso, la aplicaci¨®n de la ley de amnist¨ªa para s¨ª. Tratar de aliviar esta pesada tarea a quien huy¨® de Catalu?a tras declarar su independencia no es raz¨®n suficiente para comprometer la entrada en vigor de una norma que beneficiar¨¢ a cientos de personas, ni puede justificar ad eternum una negociaci¨®n cuyo margen de acci¨®n para el Gobierno parece agotado.