Menos c¨¢rcel, menos delitos futuros

A pesar de tener unas tasas de criminalidad bajas, Espa?a registra cifras de encarcelamiento relativamente altas en el entorno europeo. M¨¢s que en el n¨²mero de entradas, esta robustez penitenciaria encuentra su origen en la importante duraci¨®n de las penas. Resulta una constante: cuando existe un problema, la respuesta f¨¢cil es una reforma del C¨®digo Penal (inflacionaria casi siempre). Es una pr¨¢ctica com¨²n del legislador, muchas veces empujado por din¨¢micas period¨ªsticas y partidistas demasiado pegadas a la inmediatez y efectismo. Una pr¨¢ctica a la vez excesivamente ajena al estudio comparado y a la evidencia emp¨ªrica. Porque la criminolog¨ªa ha demostrado ampliamente que m¨¢s c¨¢rcel no significa m¨¢s desistimiento del delito, y que penas excesivamente altas o r¨ªgidas en internamiento dificultan la reinserci¨®n.

No deja de ser parad¨®jico que esta din¨¢mica se produzca en un pa¨ªs cuya primera ley en democracia fue una garantista y avanzada norma penitenciaria. Muchos de los protagonistas en las primeras Cortes hab¨ªan conocido la punici¨®n franquista y proyectaron un mundo donde la ejecuci¨®n penal, y sobre todo la c¨¢rcel, se ten¨ªa que consolidar como ¨²ltima ratio, a la vez que la institucionalizaci¨®n deb¨ªa responder a un claro objetivo de reinserci¨®n. Entend¨ªan que la democratizaci¨®n y un buen funcionamiento del Estado de bienestar deber¨ªan reducir al m¨¢ximo el n¨²mero de personas en internamiento. Y que un sistema de ejecuci¨®n penal contenido, junto a otras intervenciones p¨²blicas y comunitarias, deber¨ªa ser concebido como maquinaria de generaci¨®n de segundas oportunidades.

Desde mi punto de vista, esta reflexi¨®n es plenamente vigente casi medio siglo despu¨¦s. Es bueno parar m¨¢quinas y recuperar aquel esp¨ªritu fundacional de la democracia. Y a la vez incorporar conocimiento experto para un mejor dise?o de la pol¨ªtica criminal. Tres deber¨ªan ser los ejes de una pol¨ªtica p¨²blica de ejecuci¨®n penal que entronque con aquel esp¨ªritu. En primer lugar, la centralidad en la reinserci¨®n y la garant¨ªa de los derechos humanos, junto con la priorizaci¨®n de la atenci¨®n a la v¨ªctima. En segundo lugar, la apertabilidad del sistema (libertades condicionales, medio abierto, salidas) entendiendo el internamiento como ¨²ltimo recurso, y con especial cuidado en el tr¨¢nsito de la institucionalizaci¨®n a la vida en sociedad. En tercer lugar, la mejora del clima social en los centros y el bienestar emocional. En pleno s. XXI, en una sociedad con nuevos retos y oportunidades, toca dar un salto cualitativo al sistema para que sirva m¨¢s y mejor a los objetivos estrat¨¦gicos de cohesi¨®n social y seguridad.

Aparte de la anhelada deflaci¨®n penal en la legislaci¨®n ¡ªtema que dar¨ªa para otra reflexi¨®n¡ª, los pa¨ªses europeos m¨¢s avanzados y algunos de los Estados m¨¢s din¨¢micos de Estados Unidos est¨¢n profundizando en reducir el internamiento y fomentar alternativas de ejecuci¨®n penal. De la misma manera en como ya se ha normalizado en la jurisdicci¨®n de menores, la intervenci¨®n en la comunidad se plantea como una forma normal y habitual de cumplimiento de la pena por razones normativas, de eficacia y de eficiencia. El internamiento penitenciario interpone una barrera muy s¨®lida entre el interno y su entorno social, laboral y familiar, con la consiguiente dificultad de reinserci¨®n. Evitarla o minimizarla tendr¨¢ efectos positivos para el interno y para la ciudadan¨ªa en general. Menos c¨¢rcel son menos delitos futuros. Es en el tr¨¢nsito a la comunidad cuando nos jugamos el ¨¦xito del itinerario. Un estudio elaborado por el Centre d¡¯Estudis Jur¨ªdics i Formaci¨® Jur¨ªdica, y en la l¨ªnea de los resultados que arrojan estudios similares a nivel internacional, sostiene con evidencia emp¨ªrica esta idea: controlando estad¨ªsticamente el resto de variables en juego, la diferencia entre salir en libertad desde el internamiento o desde el medio abierto es de 12 puntos porcentuales en la tasa de reincidencia penitenciaria.

La c¨¢rcel debe reservarse para aquellos casos de delitos graves y tambi¨¦n para personas que a¨²n no est¨¢n preparadas para retornar a la vida en libertad. Pero hay que avanzar en otros colectivos. Por ejemplo, en Catalu?a (datos similares al conjunto del Estado) un 42% de la poblaci¨®n penitenciaria se encuentra en situaci¨®n de prisi¨®n provisional a la espera de juicio o bien cumpliendo penas inferiores a dos a?os por delitos leves o menos graves gran parte de ellos vinculados a la pobreza y la exclusi¨®n. Tenemos el reto de actuar. Y se requiere de un intenso trabajo conjunto y colaboraci¨®n entre diversos actores institucionales y sociales: para la promoci¨®n de las medidas penales alternativas y el avance en la clasificaci¨®n, para potenciar el papel de inserci¨®n de la comunidad del tejido social, etc. Tambi¨¦n utilizando las herramientas y pr¨¢cticas que nos ha tra¨ªdo el siglo XXI: pulseras electr¨®nicas, digitalizaci¨®n de las apud actas, refuerzo de equipos de asesoramiento a los ¨®rganos judiciales o avance en justicia restaurativa en todas las fases. En definitiva, necesitamos una conversaci¨®n p¨²blica fundamentada y un avance ambicioso por este camino. Tambi¨¦n legislativamente.