La financiaci¨®n auton¨®mica: el camino hacia un sistema federal

Salvador Illa es el nuevo president de la Generalitat. Lleg¨® pues el momento de hacer una lectura reposada de lo que puede deducirse del acuerdo suscrito entre el PSC y ERC sobre la financiaci¨®n de la comunidad aut¨®noma, evitando juicios precipitados y prejuicios que no pueden deducirse autom¨¢ticamente. Un ejemplo sencillo: si Catalu?a recauda todos los ingresos a trav¨¦s de un consorcio entre la Agencia Tributaria y la comunidad, quedar¨ªa fuera del r¨¦gimen com¨²n, a no ser que una modificaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (LOFCA) permitiera a todas las autonom¨ªas recaudar a trav¨¦s de consorcios similares sus ingresos tributarios. En este supuesto, la financiaci¨®n de Catalu?a ser¨ªa ¡°singular¡±, pero no estar¨ªa radicalmente fuera del r¨¦gimen com¨²n.

La Constituci¨®n no aclara suficientemente cu¨¢les son los ingresos tributarios que corresponden a las comunidades. Esta carencia ha producido sistemas de financiaci¨®n aplicados mediante leyes org¨¢nicas espec¨ªficas, de los que a veces se han excluido algunas autonom¨ªas, y en la pr¨¢ctica totalidad de los casos una relaci¨®n muy estrecha entre cada sistema y acuerdos pol¨ªticos de ¨¢mbito estatal o territorial. Cada nuevo sistema ha supuesto siempre un aumento de los recursos de las comunidades, a la vez que un incremento del peso de los tributos, cedidos o participados, en su financiaci¨®n.

El sistema vigente se aprob¨® por unanimidad en un momento de grave crisis financiera y ha sido aplicado en periodos similares por gobiernos del PP y el PSOE, con una general insatisfacci¨®n muy conveniente por lo equitativo. La presentaci¨®n de una modificaci¨®n del sistema en clave catalana (como sucedi¨® con el incremento de la cesi¨®n del IRPF del 15% al 30%) ha generado suspicacias. Hace hincapi¨¦ en un concepto, la ¡°singularidad¡±, que en Catalu?a siempre ha sido muy demandado. Hasta el Partido Popular se comprometi¨® a defenderlo en su programa electoral de 2012. Pero nuestro federalismo asim¨¦trico est¨¢ plagado de singularidades. No hablemos s¨®lo del r¨¦gimen econ¨®mico y fiscal de Canarias. Las comunidades uniprovinciales fusionaron la hacienda de la antigua diputaci¨®n provincial con la auton¨®mica, y esta singularidad las ha beneficiado en t¨¦rminos administrativos, pero tambi¨¦n financieros, y sirve de reclamo para proclamas secesionistas. En su d¨ªa, Jes¨²s Ruiz-Huerta y yo analizamos para la Fundaci¨®n Ortega y Gasset el sistema de 2001. La multiplicaci¨®n de ¡°singularidades¡± era tal que la suma de las mismas atribu¨ªa mayores recursos que las normas de car¨¢cter general. La ¨²ltima ¡°singularidad¡± era esperp¨¦ntica: para mejorar la financiaci¨®n de las comunidades despobladas se a?adi¨® un fondo que retribu¨ªa la baja densidad de poblaci¨®n¡­ del que se exclu¨ªa a las comunidades con superficie mayor de 50.000 kil¨®metros cuadrados, como Castilla y Le¨®n. Durante muchos a?os he procurado que mi papel en los acuerdos PP-PSOE no fuera demasiado conocido (entre 1983 y 2001 fui senador por Castilla y Le¨®n). Cualquier financiaci¨®n que aspire a un m¨ªnimo de equidad y justicia ser¨¢ complicada, y deber¨¢ reconocer m¨²ltiples singularidades.

Nadie ha cuestionado demasiado el consorcio catal¨¢n, aceptado en su d¨ªa por el Tribunal Constitucional, pero deber¨ªamos a empezar a pensar si esta f¨®rmula no deber¨ªa ser general, para instrumentar algo hasta ahora infrecuente en el plano tributario: la lealtad institucional. Tenemos leyes que se aplican para evitar reformas legales de otras administraciones, cuotas cero simb¨®licas que solo buscan evitar la entrada en el campo desfiscalizado de otros tributos no cedidos, una desvergonzada reclamaci¨®n de solidaridad despu¨¦s de la aplicaci¨®n de beneficios fiscales indefendibles, estrategias de atracci¨®n de los principales patrimonios para conseguir cambios de residencia, y otras maniobras que la existencia de instituciones paritarias y neutrales, alejadas de los focos medi¨¢ticos y pol¨ªticos, podr¨ªan deshacer.

Porque adem¨¢s, es evidente que cuando una Administraci¨®n gasta sin recaudar se dificulta el control de los ciudadanos y se facilita el gasto improductivo. Y las comunidades, que en estos momentos gestionan los servicios p¨²blicos fundamentales (educaci¨®n, sanidad, parte de los servicios sociales) deber¨ªan aprovechar su mayor cercan¨ªa para que la fiscalidad gane en eficiencia. Nos estamos acostumbrando tanto a no exigir responsabilidades que cuando llegue un momento de ahogo vamos a estar desprotegidos. Ah¨ª va otro ejemplo: mi comunidad, Castilla y Le¨®n, recibe una magn¨ªfica atenci¨®n de los fondos Next Generation. Como parte de la cofinanciaci¨®n recae sobre la Administraci¨®n auton¨®mica, esta, para cumplir sus nuevos compromisos, ha dejado sin financiaci¨®n (transferida por el Estado en su d¨ªa) a las inversiones materiales de las universidades p¨²blicas.

Una mayor responsabilidad y la puesta en marcha de instituciones que hagan posible la lealtad fiscal podr¨ªan basarse en reformas de la financiaci¨®n como la que se ha propuesto desde Catalu?a. Para nuestra desgracia, como ha pasado siempre, estar¨¢n vinculadas a pactos de gobierno. Y tienen riesgos: si se rompe la regla com¨²n que fija los est¨¢ndares de gasto en todos los territorios, la operaci¨®n ser¨¢ desastrosa. Pero si se hace bien puede obtener efectos positivos en toda Espa?a, y tal vez la oportunidad merezca la pena.