Gu¨ªa para navegantes del pacto catal¨¢n

El pacto entre PSC y ERC no se ha hecho para mejorar la eficiencia o la equidad de la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas. Es un acuerdo firmado porque los votos de ERC eran necesarios para gobernar. Es dudoso que, sin esta necesidad, se hubiera firmado este pacto. Pol¨ªticamente, es improbable que el pacto frene el proc¨¦s, porque una parte del independentismo lo considera insuficiente y otra un paso hacia la independencia. Pondr¨¢ sordina al independentismo en el corto plazo, pero le da m¨¢s instrumentos para el futuro. Incluso si detuviera el proc¨¦s, para muchos el pacto ser¨ªa un precio demasiado alto. Econ¨®micamente, es un acuerdo regresivo que s¨®lo beneficia a Catalu?a a expensas de las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas (salvo las forales). Adem¨¢s, limita los recursos y la capacidad recaudatoria de un Gobierno central que renuncia a gravar un 20% de su econom¨ªa.

El pacto es un concierto econ¨®mico con Catalu?a (recauda todos los impuestos a cambio de pagar una cantidad al Gobierno central). Por la indefinici¨®n de algunos elementos, el Gobierno puede intentar transformarlo en una compartici¨®n de impuestos. Pero no es probable que Catalu?a lo acepte porque el pacto establece claramente que el pago al Estado depender¨¢ de los servicios que el Estado preste a Catalu?a m¨¢s una aportaci¨®n a la solidaridad. Si el pacto se aplica como est¨¢ dise?ado, el Estado no recaudar¨¢ impuestos en Catalu?a. Que un Gobierno no pueda recaudar impuestos en una regi¨®n de su territorio no ocurre en ning¨²n pa¨ªs (salvo Espa?a en las comunidades forales).

Aunque se modifique la Ley Org¨¢nica de Financiaci¨®n de las Comunidades Aut¨®nomas (Lofca), habr¨¢ problemas legales. El acuerdo s¨®lo se ofrece a Catalu?a y le da m¨¢s recursos y capacidad fiscal que al resto de las comunidades de r¨¦gimen com¨²n. Es, por tanto, un privilegio contrario al art¨ªculo 139 de la Constituci¨®n. Si el Tribunal Constitucional utiliza criterios t¨¦cnicos, tiene que declararlo inconstitucional. ?Con base en qu¨¦ raz¨®n econ¨®mica, pol¨ªtica o ¨¦tica se le podr¨ªa negar a Madrid o a otra comunidad un trato similar? Pero si el acuerdo se generalizara, s¨®lo a las autonom¨ªas m¨¢s ricas o a todas, el Gobierno acabar¨ªa sin capacidad para desarrollar cualquier papel econ¨®mico significativo.

Parar justificar el pacto, Catalu?a afirma estar infrafinanciada. Es cierto que la financiaci¨®n auton¨®mica tiene problemas y perjudica a algunas comunidades. Pero Catalu?a no puede quejarse, porque siempre ha recibido alrededor del promedio de financiaci¨®n per capita. Si tiene d¨¦ficits y se ha endeudado mucho ha sido porque nunca ha aceptado la igualdad en la que se basa el sistema de financiaci¨®n, y ha decidido gastar m¨¢s que el resto. Catalu?a dice tambi¨¦n que aporta demasiado a la solidaridad. El grado adecuado de redistribuci¨®n es subjetivo y debe dilucidarse colectivamente. Y as¨ª se hizo cuando se dise?¨® un sistema de financiaci¨®n auton¨®mica muy igualitarista. Decir ahora que se redistribuye demasiado y se roba es una afirmaci¨®n propia de libertarios como Javier Milei. Lo sorprendente es que en Espa?a haya partidos y organizaciones progresistas que apoyan a ricos que exigen pagar menos.

Seg¨²n el pacto, se mantendr¨¢ la solidaridad con otras comunidades aut¨®nomas. Pero incluso si la aportaci¨®n de Catalu?a al sistema de financiaci¨®n no cambiara mucho (que est¨¢ por ver) o el Estado pusiera la diferencia, esto no significar¨ªa que las dem¨¢s autonom¨ªas no perdiesen nada. Las comunidades deben analizar no solo lo que Catalu?a aporta directamente al sistema, sino tambi¨¦n lo que aporta al Presupuesto del Estado. Primero, porque el Estado aporta recursos a la financiaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas y parte de esos recursos provienen de impuestos recaudados en Catalu?a. De hecho, Catalu?a aporta m¨¢s a las autonom¨ªas por esta v¨ªa indirecta que por la v¨ªa directa. Segundo, porque las prestaciones que tendr¨¢ que reducir el Estado afectar¨¢n a quienes residen en sus comunidades. Si Catalu?a aporta menos y se quieren mantener las prestaciones del Estado y las comunidades aut¨®nomas, se deber¨¢n subir los impuestos. Pero esa subida no afectar¨¢ a Catalu?a y recaer¨¢ sobre las mismas autonom¨ªas que, por el acuerdo, van a recibir menos solidaridad. Al final, cada euro adicional que tenga Catalu?a es un euro menos que tendr¨¢n los residentes en otras autonom¨ªas (en menos gasto o m¨¢s impuestos).

La reducci¨®n de la aportaci¨®n de Catalu?a ser¨¢ considerable. Si aumentara sus recursos en un 50%, casi 13.000 millones. Pero pueden ser muchos m¨¢s. De momento, el pacto establece que a corto plazo debe haber un aumento sustancial de los recursos y respetar la ordinalidad (a m¨¢s recaudaci¨®n per capita, m¨¢s financiaci¨®n per capita). De forma un tanto vergonzante para las dem¨¢s comunidades, el pacto establece que anualmente se calcule y reconozca (?y se agradezca con reverencias?) a Catalu?a su aportaci¨®n a la solidaridad.

El pacto tiene elementos no definidos, entre ellos, c¨®mo calcular la aportaci¨®n al gasto del Estado y ligarlo a la recaudaci¨®n de Catalu?a, c¨®mo determinar la aportaci¨®n a la solidaridad, qu¨¦ capacidad normativa tendr¨¢ Catalu?a, c¨®mo coordinar la inspecci¨®n, qu¨¦ parte de cada impuesto se considerar¨¢ pagado por Catalu?a o qu¨¦ pasar¨¢ cuando el Estado suba o baje impuestos sobre los que siga teniendo capacidad normativa. La respuesta a estas cuestiones acentuar¨¢ o minorar¨¢ los efectos negativos del acuerdo.

El pacto establece que la autonom¨ªa normativa de Catalu?a debe aumentar sustancialmente, sin dar detalles. La UE impide que tenga capacidad en los impuestos indirectos m¨¢s importantes. Pero si lograra autonom¨ªa en los impuestos empresariales podr¨ªa reducirlos para favorecer a sus empresas y atraer empresas de otras comunidades. Esto perjudicar¨ªa al resto de autonom¨ªas.

La concesi¨®n a la Agencia Tributaria de Catalu?a (ATC) de la gesti¨®n de todos los impuestos puede suponer un aumento del coste recaudatorio, del fraude, de las diferencias de inspecci¨®n y del coste de cumplimiento para muchas empresas. La magnitud de estos problemas ser¨¢ proporcional al grado de independencia que dicha Agencia tenga respecto de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria (AEAT). La coordinaci¨®n puede resolver alguna de estas cuestiones, pero, como muestra la experiencia con las haciendas forales, tarda muchos a?os en llegar y en ciertos aspectos nunca llega. Por eso, la v¨ªa del consocio ser¨ªa la menos lesiva para el buen funcionamiento de la administraci¨®n tributaria en Espa?a. Por otro lado, el traspaso de personal a la ATC previsto en el pacto pondr¨¢ a muchos trabajadores de la AEAT en Catalu?a en una situaci¨®n complicada.

Desde la perspectiva del bienestar general, la salida ideal del problema generado por el pacto ser¨ªa eliminarlo y crear un sistema com¨²n de financiaci¨®n justo y eficiente. Pero si el pacto siguiera adelante, se deber¨ªan minimizar sus efectos indeseables buscando una interpretaci¨®n descafeinada que desactive sus principales riesgos. Esto pasar¨ªa por algunos principios: que el Gobierno central no pierda la capacidad de recaudar en Catalu?a; que la gesti¨®n tributaria de Catalu?a est¨¦ integrada y supervisada por la AEAT; que la aportaci¨®n de Catalu?a a otras comunidades aut¨®nomas y al Estado sea progresiva y no significativamente inferior a la actual; que no se d¨¦ capacidad normativa a Catalu?a ni en Sociedades ni en Actividades Econ¨®micas; y que el modelo se pueda extender a cualquier comunidad aut¨®noma que lo solicite.

Cuanto m¨¢s se aleje el acuerdo final de estos principios, peor ser¨¢ el resultado para el bienestar de los ciudadanos no catalanes. Sin embargo, no parece probable que Catalu?a acepte alguno de estos principios.