Fracaso judicial para las mujeres

Siete hombres que pagaron por agredir sexualmente a ni?as adolescentes a trav¨¦s de una red de explotaci¨®n de menores en Murcia no van a pasar ni un d¨ªa en la c¨¢rcel. Tampoco lo har¨¢n tres de los miembros de la red de prostituci¨®n. S¨ª ingresar¨¢n en prisi¨®n otros tres, entre ellos dos de las mujeres que captaban a las j¨®venes en discotecas, ofertas de empleo en internet e incluso en colegios. La Fiscal¨ªa lleg¨® en septiembre con todos los acusados a un acuerdo por el que estos reconocen los hechos para rebajar sustancialmente sus penas, al aplicarse la atenuante de ¡°dilaciones indebidas¡±. La operaci¨®n contra la red de trata fue en 2014 y llevaba una d¨¦cada en los juzgados. Ninguna de las condenas supera los dos a?os de prisi¨®n y, en una decisi¨®n excesivamente reglamentista y carente de toda sensibilidad social, en los 10 casos citados la Audiencia de Murcia ha decidido suspender el encarcelamiento pese a reconocer la ¡°gravedad¡± de los hechos. Todo ello es perfectamente legal, pero al mismo tiempo es un fracaso de la justicia que deja desamparadas a las 11 menores prostituidas y resulta incomprensible para la sociedad. Por extensi¨®n, es un fracaso de todo el sistema de cara a los miles de mujeres que sufren la violencia machista en Espa?a.

Pese a los innegables avances de los ¨²ltimos a?os (legislativos, policiales y jur¨ªdicos) en materia de violencia de g¨¦nero, en particular de la sexual, sigue ocurriendo que el proceso penal de sus casos sirva solo para revictimizar a las mujeres. ¡°La decepci¨®n con el sistema la tengo de todos modos¡±, escribi¨® Conchi Granero, la joven barcelonesa violada en 2020 que recientemente comparti¨® su historia con EL PA?S, en una carta a su abogada antes del juicio.

Este intolerable retraso que justifica el acuerdo judicial precisa una explicaci¨®n que vaya mucho m¨¢s all¨¢ de la sobrecarga de trabajo y la falta de medios de jueces y fiscales. Ninguna de las 11 adolescentes se person¨® como acusaci¨®n en el juicio ni fueron informadas del acuerdo de conformidad hasta que la sentencia ya era firme. Solo entonces las escuch¨® el tribunal, y pusieron de relieve el esfuerzo que les supon¨ªa tener que enfrentarse de nuevo a sus recuerdos. Probablemente, eso explica que cinco de ellas mostraran su intenci¨®n de ¡°pasar p¨¢gina¡± y aceptaran que los hombres que las prostituyeron no entren en prisi¨®n. Las v¨ªctimas ten¨ªan entre 15 y 17 a?os en el momento de los hechos. Una de ellas sigue necesitando ayuda psicol¨®gica una d¨¦cada despu¨¦s.

Los siete hombres ¡ªotros ocho inicialmente acusados no llegaron a ser juzgados¡ª eran personas en buena situaci¨®n econ¨®mica que consideraban aceptable pagar por lo que ellos entienden como sexo con menores. Por cada una de esas veces, la Fiscal¨ªa les solicitaba inicialmente cuatro a?os de prisi¨®n. Finalmente, se les condena a entre cinco y seis meses por cada una. El fiscal ha anunciado que recurrir¨¢ el caso de uno de ellos, el empresario Juan Castej¨®n, quien era entonces vicepresidente de la patronal de Cartagena. Castej¨®n ha reconocido haber prostituido a menores en cinco ocasiones.

El caso produce una indignaci¨®n justificada y demuestra todo lo que falta por avanzar en perspectiva de g¨¦nero en la justicia para que los procesos no se conviertan en da?o sobre da?o para las v¨ªctimas. La libertad de quienes usaron su posici¨®n de poder para abusar de menores puede ser justicia, pero es un tipo de justicia que produce estupor y desolaci¨®n, adem¨¢s de hacer un enorme da?o al objetivo general de que las mujeres agredidas conf¨ªen en las leyes y los tribunales que deben protegerlas.