Deficiencias federales en la gesti¨®n de la dana

El paso de una potent¨ªsima dana por nuestro pa¨ªs ha tra¨ªdo consigo efectos devastadores que alcanzaron su punto ¨¢lgido en la provincia de Valencia. A los m¨¢s de 200 fallecidos se suma un panorama de destrucci¨®n material de proporciones dantescas. Con la ingente tarea de reconstrucci¨®n apenas iniciada, se mantiene con fuerza la profunda indignaci¨®n de la ciudadan¨ªa a ra¨ªz de la p¨¦sima gesti¨®n de la cat¨¢strofe en su primera ¡ªy, por lo dem¨¢s, m¨¢s intensa¡ª fase por parte de los poderes p¨²blicos. Las dudas planteadas a este respecto son muchas y la reciente comparecencia del presidente Carlos Maz¨®n ante las Cortes valencianas, lejos de configurarse como una ocasi¨®n para asumir responsabilidades, ha servido para ¡°echar balones fuera¡±. As¨ª pues, resulta imprescindible identificar algunas de las causas principales que est¨¢n en la base de la p¨¦sima gesti¨®n inicial de la crisis. La calidad de nuestro sistema democr¨¢tico y la recuperaci¨®n de la confianza ciudadana en sus instituciones representativas as¨ª lo exigen.

En primer lugar, el despliegue de mecanismos preventivos no funcion¨® en absoluto, a pesar de que la informaci¨®n proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorolog¨ªa puso claramente de manifiesto que una potente gota fr¨ªa se aproximaba a la Comunidad Valenciana. De este modo, al no activarse la necesaria alerta por parte de la Generalitat, en tanto que instancia competente, se incumpli¨® clamorosamente lo previsto por la Ley del Sistema Nacional de Protecci¨®n Civil (LSNPC) que, para casos de emergencia, establece el derecho de la ciudadan¨ªa a recibir informaci¨®n de las administraciones responsables ¡°antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes¡± (art¨ªculo 6.2). La patente falta de diligencia demostrada por las autoridades auton¨®micas en los inicios del temporal, por lo dem¨¢s, se mantuvo en la gesti¨®n inmediatamente posterior, cuando la extrema gravedad de los efectos que la dana iba dejando a su paso resultaba incuestionable.

Dada la magnitud de la devastaci¨®n que se estaba produciendo, el argumento del mejor conocimiento del terreno por parte de las autoridades auton¨®micas esgrimido por el Gobierno central no resulta de suficiente entidad para justificar que no se declarara entonces la emergencia de inter¨¦s nacional. Esta figura puede activarse en situaciones que se corresponden con alguno de los estados excepcionales (entre estos, el estado de alarma, previsto para cat¨¢strofes naturales); cuando presentan una dimensi¨®n nacional o de naturaleza supraauton¨®mica, y, en ¨²ltimo lugar, en aquellas ¡°que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una direcci¨®n de car¨¢cter nacional¡± (art¨ªculo 28 LSNPC). La facultad para su declaraci¨®n corresponde al ministro del Interior, pudiendo este actuar por iniciativa propia o previa petici¨®n de la comunidad aut¨®noma afectada.

Una vez puesta en marcha esta modalidad de emergencia, su principal efecto es que ¡°la ordenaci¨®n y coordinaci¨®n de las actuaciones y la gesti¨®n de todos los recursos estatales, auton¨®micos y locales del ¨¢mbito territorial afectado¡± pasan a ser gestionados en persona por el Ejecutivo estatal. La filosof¨ªa que subyace a esta previsi¨®n no es otra que la de primar la eficacia que se deriva de la creaci¨®n de un mando unificado que es asumido por el poder central, que cuenta con todos los recursos p¨²blicos disponibles, con lo que queda habilitado para definir el plan de acci¨®n para la gesti¨®n de la crisis. Consecuentemente, las competencias auton¨®micas afectadas son desplazadas, cediendo el protagonismo a las decisiones adoptadas por el ministro del Interior.

Al no haber hecho uso de esta v¨ªa en su momento, tanto la Generalitat como el Gobierno central eludieron utilizar una herramienta que hubiera reforzado sustancialmente, unific¨¢ndola, la capacidad de respuesta p¨²blica ante la cat¨¢strofe. No se hizo as¨ª, y a lo largo de las semanas transcurridas est¨¢n quedando patentes las importantes dificultades de los responsables auton¨®micos para afrontar por s¨ª mismos de forma eficaz las tareas pendientes. Por su parte, la falta de iniciativa del Ejecutivo del Estado para tomar entonces las riendas de la excepcional situaci¨®n vivida en Valencia, aparece despojada de justificaci¨®n objetiva y pone de manifiesto una criticable actitud en t¨¦rminos institucionales. Que el Gobierno haya aprobado la declaraci¨®n de ¡°zona afectada gravemente¡± (otra de las figuras para la gesti¨®n de la emergencia previstas por la LSNPC), que incluye un cuantioso paquete de ayudas econ¨®micas destinadas a asistir a las personas damnificadas, as¨ª como a la reconstrucci¨®n de los da?os materiales y abre la puerta a la coordinaci¨®n entre las distintas administraciones (estatal, auton¨®mica y local), aunque sea muy bienvenida, no puede servir para pasar p¨¢gina con respecto a lo insatisfactorio de la actuaci¨®n previa.

Una primera conclusi¨®n que cabe extraer de lo acaecido con la dana en Valencia apunta directamente al profundo d¨¦ficit que presentan los principios de lealtad institucional y de cooperaci¨®n entre niveles de gobierno en nuestro pa¨ªs. En un contexto de emergencia extrema como el acontecido en dicho territorio, que ya en sus inicios mostr¨® que superaba ampliamente la capacidad de gesti¨®n auton¨®mica, la reacci¨®n l¨®gica habr¨ªa sido declarar la emergencia nacional, imponi¨¦ndose una din¨¢mica de rec¨ªproca colaboraci¨®n en aras de una m¨¢s adecuada tutela del inter¨¦s general. Pero no podemos llamarnos a enga?o: el escenario de aguda polarizaci¨®n pol¨ªtica dominante y los recelos mutuos entre dos gobiernos de diferente orientaci¨®n ideol¨®gica se erigen en factores esenciales que han tenido un papel determinante tambi¨¦n en esta problem¨¢tica coyuntura, lo que ha dificultado dar una respuesta institucionalmente adecuada a las dram¨¢ticas circunstancias.

Con ocasi¨®n de la gesti¨®n de la dana en Valencia ha quedado claro una vez m¨¢s que la existencia de un marco regulador es condici¨®n necesaria, pero no suficiente en s¨ª misma. Sencillamente, porque la lealtad y la colaboraci¨®n no pueden ser fruto de la imposici¨®n normativa, sino, antes bien, de la voluntad de sus destinatarios, los responsables pol¨ªticos. La experiencia en los Estados federales de nuestro entorno as¨ª lo demuestra, y pone de manifiesto que las din¨¢micas cooperativas se desenvuelven primordialmente en un ¨¢mbito informal, sin que la escasez o incluso la ausencia de previsiones jur¨ªdicas suponga un problema para su afirmaci¨®n. Lo determinante es que los principios aludidos se interioricen como premisas insoslayables por los distintos niveles de gobierno concernidos. Debemos ser conscientes, por lo tanto, de que el d¨¦ficit cr¨®nico que en este ¨¢mbito presenta el Estado auton¨®mico espa?ol tras 45 a?os de andadura es de dif¨ªcil superaci¨®n sin un cambio de actitud por parte de los sujetos llamados a ponerlo en acci¨®n.

Nuestro modelo de descentralizaci¨®n territorial vive momentos muy dif¨ªciles en la presente legislatura, con el avance de l¨®gicas confederales disgregadoras que amenazan con quebrar principios constitucionales b¨¢sicos. La gesti¨®n de la emergencia meteorol¨®gica en tierras valencianas, por su parte, aporta un nuevo y preocupante episodio de escasa cooperaci¨®n intergubernamental. Y es que cada vez nos queda menos de lo que Daniel Elazar denomina federal thinking, esto es, de un marco conceptual de referencia que se nutre de una serie de valores y principios relativos a la concepci¨®n del poder y a su ejercicio que es asumido por todos los actores territoriales. Un sustrato de base que permite forjar un sistema de poder compartido, basado en la corresponsabilidad, la cooperaci¨®n y la confianza rec¨ªprocas entre el centro y la periferia. Un sistema que, en definitivas cuentas, deber¨ªa anteponer el inter¨¦s general al mero tacticismo partidista.