Nuevo CGPJ, misma conducta

El gobierno de los jueces se renov¨® hace medio a?o por acuerdo de las dos fuerzas parlamentarias mayoritarias, que se repartieron a partes iguales el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): 10 vocales a propuesta del Ejecutivo de coalici¨®n y 10 designados por el Partido Popular. Con ese pacto, alcanzado en plena refriega pol¨ªtica, parec¨ªa terminar una situaci¨®n perversa provocada por cinco a?os de bloqueo del PP, que as¨ª logr¨® mantener la hegemon¨ªa conservadora en los ¨®rganos judiciales clave desde al menos 2018, fecha en la que expir¨® el mandato del anterior CGPJ. Sin embargo, la experiencia de estos meses de funcionamiento del nuevo vaticina lo contrario.

Por un lado, hab¨ªa 126 cargos judiciales pendientes de cubrir debido al veto legal que imped¨ªa hacer nombramientos a un CGPJ con el mandato caducado. Pues bien, ese centenar de cargos sigue sin cubrirse pese a que las plazas est¨¢n convocadas desde septiembre. El trabajo administrativo est¨¢ hecho; el trabajo pol¨ªtico para favorecer el consenso sigue empantanado. Por otro lado, los 10 vocales designados por el PP vetan poner al mando de la sala de lo penal del Supremo ¡ªla que investiga y juzga la corrupci¨®n de los pol¨ªticos¡ª a magistrados progresistas, para lo que har¨ªa falta una mayor¨ªa de tres quintos. As¨ª, tres salas clave del alto tribunal con la presidencia vacante siguen sin acuerdo.

A la nueva situaci¨®n de bloqueo contribuye adem¨¢s un debate doctrinal sobre c¨®mo aplicar la vigente ley de paridad, que establece que ning¨²n g¨¦nero puede tener una representaci¨®n inferior al 40% en los ¨®rganos directivos de las grandes empresas y de la Administraci¨®n del Estado. Los conservadores ¡ªque solo han propuesto hombres como candidatos para presidir las citadas tres salas¡ª sostienen que hay que aplicarla en el conjunto de los nombramientos, lo cual podr¨ªa terminar relegando a las mujeres a los puestos de menor poder y representaci¨®n. Los progresistas, por su parte, defienden que la paridad debe cumplirse en cada tipo de ¨®rgano. Se trata de una controversia que solo demuestra c¨®mo la derecha judicial trata de mantener el poder que atesora desde hace, al menos, 25 a?os en el Gobierno de los jueces por la v¨ªa de usar su capacidad de bloqueo para tratar de evitar que magistrados de otra tendencia ideol¨®gica puedan ocupar cargos destacados en los tribunales.

La que perpet¨²a este comportamiento es la misma derecha que defiende un cambio en el sistema de elecci¨®n de los vocales del CGPJ. Su pretensi¨®n es que sean los jueces quienes los elijan directamente, sin intervenci¨®n de las Cortes. Parad¨®jicamente, esa misma derecha no reivindic¨® tal cambio cuando gobern¨® el PP con mayor¨ªa absoluta.

El acuerdo alcanzado en junio pasado entre PP y PSOE inclu¨ªa que el nuevo CGPJ elaborase en el plazo de seis meses una propuesta de reforma del sistema de elecci¨®n de sus vocales. Esa propuesta debe ser aprobada antes del pr¨®ximo 6 de febrero por una mayor¨ªa de tres quintos (13 de los 21 miembros del pleno). Todo apunta a que el trabajo no podr¨¢ presentarse en el plazo comprometido debido a la falta de entendimiento entre los dos bandos.

En definitiva, estamos ante un Consejo General del Poder Judicial renovado, s¨ª, pero con los mismos comportamientos que contribuyeron durante a?os a su desprestigio. El suspenso en el primer semestre de funcionamiento es inquietante. La Justicia, que adem¨¢s de independiente debe ser imparcial, no puede seguir m¨¢s tiempo bloqueada por intereses de parte.