N¨¢ Lupita, mujer de las nubes frente a las e¨®licas
Hace una d¨¦cada, Guadalupe Ram¨ªrez comenz¨® a formarse en modo autodidacta en energ¨ªas renovables, derecho y obligaciones del Estado con los ind¨ªgenas para, as¨ª, poder defender su territorio. A sus 70 a?os, encabeza la resistencia de su comunidad zapoteca frente a empresas e¨®licas y ya ha logrado victorias
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Guadalupe Ram¨ªrez es una mujer septuagenaria que proviene de las nubes. La fuerza con la que defiende su territorio puede compararse con la que tiene el viento del istmo de Tehuantepec, la regi¨®n oaxaque?a al sur de M¨¦xico que habita y protege. Ah¨ª, las rachas de vientos son comparadas con las r¨¢fagas de huracanes de categor¨ªa dos y tres, pues la zona tiene el segundo mayor potencial de energ¨ªa e¨®lica del mundo despu¨¦s de la Patagonia en Argentina.
Esto lo saben bien las empresas que, adem¨¢s de no compartir sus ingresos con las comunidades, tampoco comparten la energ¨ªa que generan. Tambi¨¦n lo sabe el Gobierno mexicano, que desde el sexenio del presidente Felipe Calder¨®n no ha cesado de otorgar licitaciones, seg¨²n una investigaci¨®n de la Plataforma Period¨ªstica para las Am¨¦ricas. Por ello, el paisaje sonoro que anteriormente era dominado por las aves, ahora se compone del incesante ruido que generan las aspas de los m¨¢s de dos mil aerogeneradores que se han instalado.
Ram¨ªrez vive en Uni¨®n Hidalgo, una comunidad de ind¨ªgenas zapotecas que se autonombran Binni¡¯zaa (personas que provienen de las nubes). Para referirse a las mujeres de mayor edad usan el apelativo de N¨¢, por eso la llaman N¨¢ Lupita. Hace una d¨¦cada, cuando ten¨ªa 60 a?os, comenz¨® un proceso autodidacta para aprender sobre energ¨ªa e¨®lica, derecho internacional, derecho agrario y obligaciones del Estado con las comunidades ind¨ªgenas y as¨ª poder defender el territorio.
Hasta el momento acumula una gran victoria: que Desarrollos E¨®licos Mexicanos (Demex) no haya instalado ning¨²n aerogenerador en sus terrenos. Este 2021, junto con su comunidad, N¨¢ Lupita se enfrenta a ?lectricit¨¦ de France (EDF), empresa que busca instalar el parque e¨®lico Gunna Sicar¨² en Uni¨®n Hidalgo. Su defensa se basa en dos procesos: una demanda ante un Tribunal Franc¨¦s y un amparo que ordena a la Secretar¨ªa de Energ¨ªa llevar a cabo una consulta ind¨ªgena adecuada. Ambas empresas fueron contactadas para la realizaci¨®n de este reportaje, pero hasta el cierre del texto no se recibi¨® respuesta.
Su resistencia tambi¨¦n es ante el Estado mexicano que ratifica acuerdos internacionales, pero no los cumple, algo que sostiene tambi¨¦n una investigaci¨®n de la Universidad Aut¨®noma Metropolitana de M¨¦xico. En la instalaci¨®n de los parques e¨®licos de la regi¨®n se ha violentado el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza el derecho de los pueblos ind¨ªgenas a la consulta previa, libre e informada.
La reciente ratificaci¨®n del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci¨®n, la Participaci¨®n P¨²blica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am¨¦rica Latina y el Caribe (Acuerdo de Escaz¨²), puede representar una oportunidad para su lucha, pues el documento, que entre otras medidas, busca proteger a defensoras del ambiente para que puedan actuar sin amenazas e inseguridad.
Una gesta que empez¨® en los noventa
A finales de los a?os noventa, ¡°unas veletas muy chistosas¡±, tal y como describe N¨¢ Lupita, aparecieron en el paisaje. Las torres con turbinas blancas se multiplicaron en la regi¨®n r¨¢pidamente. En 1994 se instal¨® el parque piloto conocido como La Venta en Juchit¨¢n, un poblado a solo 20 minutos de Uni¨®n Hidalgo.
No fue hasta 2011 cuando ella y su esposo, Juan Regalado, supieron que las veletas eran aerogeneradores. Demex, empresa filial de la espa?ola Renovalia Energy, toc¨® a su puerta y les ofreci¨® un contrato de arrendamiento, seg¨²n la versi¨®n de la pareja. A cambio de 750 euros anuales, la compa?¨ªa podr¨ªa instalar aerogeneradores en sus terrenos para el parque e¨®lico Piedra Larga. Les aseguraron que el ganado y sus cosechas no se ver¨ªan afectados. Ambos decidieron firmar. Lo explican: ¡°Las mentiras que nos contaron no sonaban mal en un principio y nos dijeron que adem¨¢s ser¨ªa en beneficio de la comunidad¡±.
Poco tiempo pas¨® para que se diera cuenta ¡°del enga?o¡±. Comenz¨® a ver la maquinaria pesada que arrasaba con todo lo que encontraba. ¡°No talaban los ¨¢rboles, los destru¨ªan, no los dejaban ni para usarlos como le?a¡±, cuenta Rosalba Cuevas, una de las compa?eras de resistencia de Lupita. Cree que eso lo hac¨ªan para destruir una evidencia: ¡°Que tenemos mucha diversidad ac¨¢ en la regi¨®n¡±. La presencia de flora y fauna en el espacio donde se construy¨® el parque qued¨® verificada en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
Sumado a la tristeza que les provocaba ver c¨®mo ¡°en un ratito convert¨ªan en polvo los ¨¢rboles¡± que por tantos a?os ellos hab¨ªan cuidado, cuando Lupita y a su esposo acudieron a Financiera Rural para renovar el cr¨¦dito que les permit¨ªa comprar semilla de sorgo para siembra, encontraron que la empresa ya hab¨ªa hipotecado sus terrenos para financiar la construcci¨®n, decidieron que quer¨ªan cancelar el contrato.
Aunque la empresa les asegur¨® que en cualquier momento pod¨ªan revisar las cl¨¢usulas, no pudieron rescindir el acuerdo. Incluso quisieron dialogar con el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cu¨¦, para que ¨¦l pudiera intervenir, pero el mandatario nunca los recibi¨®. ¡°Nos vimos en la necesidad de buscar a un abogado que nos ayudara; otros 20 propietarios tambi¨¦n se mostraron disconformes y as¨ª naci¨® el Comit¨¦ de Resistencia¡±.
Juan Antonio L¨®pez, coordinador de justicia transicional de la organizaci¨®n ProDESC, es uno de los abogados que acompa?a a la comunidad. Explica que los contratos se hicieron de forma ama?ada, pues desde 1954, Uni¨®n Hidalgo se declar¨® como una comunidad agraria, por lo tanto, las tierras no son propiedad privada y no pueden existir documentos de arrendamiento realizados de forma individual.
En la instalaci¨®n de los parques e¨®licos se ha violentado el derecho de los pueblos ind¨ªgenas a la consulta previa, libre e informada
En 2013 esta activista dio su primera batalla legal, cuando ella y otros propietarios presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec (Oaxaca) pidiendo la nulidad de todos los contratos firmados con Demex. Aunque en 2016 el magistrado reconoci¨® que en Uni¨®n Hidalgo existe un r¨¦gimen comunal, no favoreci¨® a la comunidad, bajo el argumento de que a la empresa ¡°no le avisaron de que ese r¨¦gimen exist¨ªa¡±, explic¨® el abogado.
ProDESC se ampar¨® ante la resoluci¨®n, pero hasta la fecha el proceso sigue sin respuesta. Sin embargo, N¨¢ Lupita ya puede contar una victoria, pues antes de que el Tribunal Agrario emitiera ese primer fallo, en 2015, Demex rescindi¨® los contratos de siete propietarios, incluido el de ella. ¡°La empresa tuvo miedo de una sentencia que le resultara desfavorecedora y por eso los rescindieron, no construyeron nada en esos terrenos. Eso ya es un gran triunfo, y fue posible gracias a que ella estuvo en desacuerdo y se los cont¨® a sus compa?eros¡±, expresa el abogado L¨®pez.
Hasta la fecha, el rancho de la familia se encuentra rodeado de aerogeneradores, pero no invadido. En lugar de torres met¨¢licas, tienen sembrad¨ªos de sorgo, ma¨ªz y frijol, siguen viendo c¨®mo crecen los ¨¢rboles frutales que las gallinas ayudan a abonar y sus animales cuentan con un amplio espacio para pastorear.
Nueva batalla judicial
Mientras N¨¢ Lupita buscaba echar atr¨¢s su contrato, una firma francesa ya estaba preparando su llegada a la poblaci¨®n. En 2017, la Comisi¨®n Reguladora de Energ¨ªa emiti¨® el permiso E/1922/GEN/2017 para que Electricit¨¦ de France (EDF) pudiera generar energ¨ªa e¨®lica por 30 a?os. Para ese momento, la empresa ya contaba con los estudios que avalan el potencial energ¨¦tico y otro m¨¢s de impacto ambiental. Adem¨¢s, siguiendo el ejemplo de otras e¨®licas, ya ten¨ªa firmados contratos de arrendamiento luego de cambiar la situaci¨®n jur¨ªdica de la tierra de propiedad comunal a propiedad privada.
Desde que comenzaron a convocarse asambleas y reuniones en la comunidad para hablar de este nuevo proceso, ella y su prima Rosario Fuentes estuvieron presentes, y ambas decidieron tomar la palabra y participar activamente en la oposici¨®n al proyecto. Junto a otras compa?eras integraron el Comit¨¦ de Mujeres Gubi?as en Defensa de la Vida ¡ªgubi?a es el gentilicio de Uni¨®n Hidalgo en zapoteco¡ª, desde el cual se organizaron para dar informaci¨®n a las personas de su pueblo, recorrer casa por casa cuando fuera necesario y traducir al zapoteco todo aquello que no se entendiera, pues del proceso previo hab¨ªa aprendido que para la construcci¨®n de este proyecto extractivo era y es necesaria la realizaci¨®n de una consulta ind¨ªgena.
Para la instalaci¨®n de los 28 parques e¨®licos que ahora se encuentran en el Istmo oaxaque?o no se firmaron contratos bajo la v¨ªa comunal. Adem¨¢s, durante la construcci¨®n de los parques e¨®licos Piedra Larga I y II (ubicados en Uni¨®n Hidalgo), el Convenio 169 de la OIT, vigente en M¨¦xico desde 1990, fue completamente ignorado, pues ninguna consulta fue realizada.
De acuerdo con N¨¢ Lupita, sus compa?eras y el abogado que las acompa?a, las estrategias de la empresa para que se apruebe la instalaci¨®n incluyen brindar informaci¨®n sesgada, dar dinero a algunos de los pobladores o ayudar a las escuelas para contar con el apoyo del alumnado.
Esto ha provocado un ambiente de polarizaci¨®n entre los habitantes, ¡°debilitando el tejido comunitario, e incrementado el riesgo y la violencia contra quienes defienden el territorio¡±, explica ProDESC, que ahora tambi¨¦n acompa?a a la comunidad en la presentaci¨®n de una acci¨®n legal bajo la Ley Francesa de Vigilancia, que obliga a las firmas galas a respetar los derechos humanos en otros territorios donde planean desarrollar un proyecto.
Entre las resoluciones m¨¢s favorables para Uni¨®n Hidalgo no solo estar¨ªa la cancelaci¨®n del proyecto, sino tambi¨¦n una reparaci¨®n integral sobre las violaciones a los derechos humanos que ya se han llevado a cabo. N¨¢ Lupita no habla franc¨¦s, pero va a participar en la audiencia, pues dice, su abuela le ense?¨® ¡°a defender a quienes no pueden hacerlo y eso est¨¢ pasando en el pueblo¡±.
EDF ya ha dado una respuesta, argumentando que no ha violentado ning¨²n derecho humano, pues quien est¨¢ obligado a hacer la consulta es el Gobierno mexicano. El primer intento del Estado por llevar a cabo esa pesquisa, sin seguir las directrices que establece la OIT, fue en 2017. ProDESC present¨® un recurso de amparo ante un juez de distrito que fue concedido y mediante el cual se orden¨® a la Secretar¨ªa de Energ¨ªa (Sener) realizar una consulta apegada a los m¨¢s altos est¨¢ndares del derecho ind¨ªgena a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
EDF ya ha dado una respuesta, argumentando que no ha violentado ning¨²n derecho humano, pues quien est¨¢ obligado a hacer la consulta es el Gobierno mexicano
¡°En abril de 2018 volvieron otra vez con la consulta y siguieron aunque no todo estaba reconstruido¡±, cuenta N¨¢ Lupita en el patio de su casa, que colinda con una vivienda que a¨²n permanece en escombros despu¨¦s del sismo que en septiembre de 2017 destruy¨® buena parte de la comunidad.
Ya en 2019 el proceso se reanud¨® y, de acuerdo con las minutas de las sesiones informativas de la consulta, a algunas de las pl¨¢ticas acudieron alrededor de 40 personas que en su mayor¨ªa hablaban zapoteco, y a quienes se les presentaron en espa?ol todas las especificaciones t¨¦cnicas y ecol¨®gicas del proyecto. Durante el proceso de consulta se han registrado acciones que van en contra de los lineamientos que defini¨® el amparo; por ejemplo, ha sido financiado por el gobierno local y ha contado con la participaci¨®n de representantes de la empresa.
La pandemia de covid-19 detuvo la consulta, pero desde julio de 2021, Sener quiere renovar el proceso sin considerar el aumento en los casos de contagios y el n¨²mero de decesos que se han registrado en la regi¨®n. ¡°Muchas de las sesiones se han convertido en gritos e insultos, y hasta gente armada hay ah¨ª. Luego se ponen a gritar cuando yo quiero tomar la palabra, pero yo me quedo ah¨ª parada callada, con el micr¨®fono en mano hasta que se callen y me escuchen (...) El proceso de consulta es muy importante para ver en qu¨¦ quedamos con EDF¡±. A N¨¢ Lupita le preocupa que si la compa?¨ªa empieza la construcci¨®n ¡°entonces van a empezar a venir las dem¨¢s compa?¨ªas que ya le echaron el ojo a Uni¨®n Hidalgo¡±.
Amenazas y amedrantos
Lupita no tiene planes de abandonar el activismo. A diferencia, afirma, de las e¨®licas y algunos pol¨ªticos, ella sabe que la tierra es noble. ¡°Nos dicen que las tierras no son f¨¦rtiles, que era tierra in¨²til y que finalmente se iban a aprovechar por parte de las e¨®licas, pero eso no es cierto¡±, cuenta en el patio de su casa, donde las papayas crecen incluso en macetas.
Algunas personas aseguran que ella y sus compa?eras se ¡°oponen al desarrollo¡± y son ¡°anti e¨®licas¡±; algunas otras usan los micr¨®fonos para gritar y as¨ª no permitir su participaci¨®n, y unas m¨¢s consideran que ¡°andar detr¨¢s de Na Lupe es peligroso¡±. En una ocasi¨®n intentaron secuestrarla y a su esposo lo llegaron a atar y amordazar en su propio negocio. No les ha pasado nada grave, pero consideran que es una amedentraci¨®n.
Ella no duda en poner todo lo que tiene a disposici¨®n del movimiento y su comunidad: su tiempo para cocinar, convocar o participar; su camioneta para que un grupo de vecinos o incluso periodistas puedan trasladarse, o su casa para que se lleven a cabo reuniones y conversaciones. Su patio es fiel testigo de ello, pues en ¨¦l se apilan sillas suficientes para simular un peque?o auditorio de al menos 25 personas.
En una ocasi¨®n intentaron secuestrar a Na Lupita y a su esposo lo llegaron a amordazar y atar dentro de su propio negocio
Esa entereza y disposici¨®n tambi¨¦n estuvo presente en el sismo de 2017, cuando la comunidad qued¨® destruida y su veh¨ªculo se utiliz¨® para ir buscar v¨ªveres y alimentos a la comunidad m¨¢s cercana. Incluso dispuso un terreno para que se construyera una cocina comunitaria que lleg¨® a ofrecer hasta 100 desayunos y 100 comidas diarias a quienes hac¨ªan las labores de reconstrucci¨®n.
Quienes la han acompa?ado en su proceso de desarrollo y han sido consultadas para esta historia la han visto incluso presentar su defensa en instancias internacionales. Consideran que perdi¨® el miedo a tomar la palabra, pero que la falta de respuesta y de resoluci¨®n del caso le ha generado un desgaste fuerte en t¨¦rminos emocionales y familiares.
Alejandra Ancheita, fundadora y directora de ProDESC, sostiene que el Acuerdo de Escaz¨² representa una oportunidad para que el Estado mexicano demuestre que la ratificaci¨®n de convenios y tratados no son letra muerta y busque crear herramientas y recursos para la protecci¨®n efectiva de defensoras del territorio como la protagonista de este texto.
Este reportaje es parte del proyecto Defensoras del territorio de ClimateTracker y FES Transformaci¨®n.
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