La comunidad q¡¯eqchi¡¯ contra Guatemala, un precedente en la lucha de los derechos ind¨ªgenas

?Qu¨¦ relaci¨®n puede haber entre su veh¨ªculo el¨¦ctrico y la vida de un l¨ªder comunitario en una peque?a poblaci¨®n guatemalteca? Tal vez no mucha a simple vista, pero el auge de este medio de transporte est¨¢ suponiendo un aumento de la demanda de materias primas como el n¨ªquel, imprescindible para las bater¨ªas de muchos aparatos que funcionan con electricidad. Solo hasta 2040, se prev¨¦ un aumento en la demanda de este mineral de hasta 2,6 millones de toneladas en todo el mundo. El n¨ªquel es uno de los muchos recursos naturales que se extraen en pa¨ªses latinoamericanos como Guatemala.

Es en este pa¨ªs donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha iniciado este mi¨¦rcoles una investigaci¨®n que promete hacer justicia a m¨¢s de una decena de comunidades mayas, cuatro d¨¦cadas despu¨¦s de que el Gobierno abriera por primera vez su tierra natal a la extracci¨®n de n¨ªquel. En su fallo, la Corte se pronunciar¨¢ sobre el derecho de las comunidades ind¨ªgenas a controlar las riquezas minerales en el subsuelo de sus tierras.

Por un lado, es el primero en que se reconoce el derecho a los pueblos ind¨ªgenas a participar en el proceso donde se debate la soberan¨ªa de sus recursos naturales. Por otro, dada la alta demanda de minerales que se prev¨¦ para los pr¨®ximos a?os en el mercado de las renovables, la decisi¨®n de la CIDH puede afectar directamente a muchas empresas mineras situadas en territorios pertenecientes a comunidades ind¨ªgenas.

La comunidad maya q¡¯eqchi¡¯ de Agua Caliente es la que lleva litigando contra el gobierno de Guatemala y la protagonista de este hist¨®rico proceso judicial en el que tiene depositadas sus esperanzas. Desde hace 40 a?os, diferentes pueblos originarios en Guatemala est¨¢n pidiendo la clausura de una mina de n¨ªquel a cielo abierto en El Estor, operada por una filial del grupo suizo Solway Investment y a la que acusan de contaminar las aguas, el aire y el suelo. El Estor es una peque?a localidad junto al lago Izabal, la mayor extensi¨®n de agua dulce de todo el pa¨ªs y una parte fundamental de la vida de muchos de los clanes que siempre han vivido all¨ª.

Desde hace 40 a?os, diferentes comunidades ind¨ªgenas en Guatemala reclaman la clausura de una mina de n¨ªquel a cielo abierto en su territorio

Este caso es de especial relevancia por ser el primero que reconoce el derecho de los nativos a participar en el proceso de decisi¨®n de la soberan¨ªa sobre los recursos naturales de los lugares que habitan desde tiempos ancestrales. Asimismo, les reconoce tambi¨¦n sus derechos colectivos, el ser part¨ªcipes en el desarrollo de sus comunidades y el poder luchar contra el cambio clim¨¢tico.

El objetivo de la demanda presentada ante el tribunal internacional, en palabras de Leonardo Grippa, parte del equipo jur¨ªdico del Centro de Recursos Jur¨ªdicos para Pueblos Ind¨ªgenas (ILRC por sus siglas en ingl¨¦s), no es solo asegurar la titulaci¨®n colectiva de las tierras. Se trata, tambi¨¦n, de denunciar los efectos nocivos de la miner¨ªa sobre el medio ambiente cuando no se respetan los derechos de quienes tradicionalmente han vivido en esos territorios, un aspecto muy relacionado con las decisiones que se alcanzaron en la pasada COP26 de Glasgow. En esta reciente cumbre por el clima, por primera vez, los representantes de etnias nativas se sentaron como uno m¨¢s en la mesa de negociaciones para reivindicar su papel fundamental como guardianes de la naturaleza y garantes de la biodiversidad.

¡°Por primera vez, este caso brinda al Tribunal la oportunidad de pronunciarse sobre si los gobiernos deben actuar para reconocer los derechos de estas sociedades a la soberan¨ªa permanente sobre sus recursos naturales, como un principio del derecho internacional p¨²blico¡±, insiste Grippa. Tambi¨¦n destaca la importancia de este proceso alegando que, a nivel mundial, muchos de los financiadores internacionales e inversores actuales se van a ver afectados por la resoluci¨®n de la corte: ¡°Ahora tenemos un nuevo y poderoso aliado, un influyente p¨²blico mundial que exige el fin de las inversiones de empresas, bancos multilaterales, gobiernos y otros inversores que da?an el planeta y violan los derechos humanos¡±, explicaba este mi¨¦rcoles en una rueda de prensa desde Costa Rica, donde se encuentra la sede de la audiencia.

Aparte de su relevancia internacional, la decisi¨®n que adopte finalmente la corte tambi¨¦n tendr¨¢ efectos en las vidas diarias de los habitantes de la zona. Rodrigo Tot, l¨ªder q¡¯eqchi de Agua Caliente y ganador en 2017 del Premio Goldman, considerado el Nobel del Medioambiente, sabe bien los riesgos que implica alzar la voz por la defensa de los derechos de las comunidades ind¨ªgenas. Es uno de los pocos miembros de Agua Caliente que es biling¨¹e (habla q¡¯eqchi¡¯ y espa?ol) y su voz es pausada, pero firme, cuando recuerda que en 2012 unos desconocidos subieron al autob¨²s donde viajaban dos de sus hijos y su nieto, dispar¨¢ndoles a bocajarro. A consecuencia de ello, uno muri¨®, el otro sufri¨® heridas de gravedad y el ni?o, de ocho a?os, tuvo que recibir tratamiento psicol¨®gico por el trauma ocasionado.

Actualmente, su familia y ¨¦l siguen recibiendo amenazas y presiones de todo tipo. ¡°En los a?os anteriores de conflicto armado hubo muchos l¨ªderes que tambi¨¦n sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que est¨¢bamos en esa ¨¦poca todav¨ªa, en la que un l¨ªder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los dem¨¢s se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar¡±, explica Tot.

Un derecho violado a los pueblos ind¨ªgenas

Este caso es una situaci¨®n que se repite con relativa frecuencia. Puede cambiar el nombre de los actores involucrados, pero los hechos pueden ser los mismos en muchas zonas del planeta: derechos que se solapan. Por un lado, unas zonas habitadas por abor¨ªgenes desde tiempos inmemoriales, y, a la vez, un permiso de explotaci¨®n que otorga derechos sobre esos mismos terrenos a empresas extractivas, generalmente de capital extranjero.

La historia se remonta alrededor del a?o 1870, cuando numerosos colonos alemanes y guatemaltecos de otras partes del pa¨ªs vinieron a la zona del lago Izabal donde hist¨®ricamente viv¨ªan las comunidades mayas q¡¯eqchi¡¯. Tal y como explica Victoria Sandford, profesora de antropolog¨ªa y directora fundadora del Centro de Estudios de Derechos Humanos y Paz en Lehman College (Estados Unidos): ¡°Hasta la entrada en el mercado internacional del caf¨¦ hab¨ªa muy poca interacci¨®n entre la gente q¡¯eqchi¡¯ y el Estado de Guatemala, pero vinieron colonos de fuera a trabajar y quer¨ªan la mano de obra de los habitantes¡±.

Sin derechos reconocidos y obligados a trabajar gratis esos cultivos durante tres meses al a?o, la situaci¨®n no mejora en el siglo XX. Durante la Guerra Fr¨ªa, Guatemala es escenario de numerosas masacres, y el conflicto armado interno se ha alargado durante m¨¢s de 36 a?os en los que la poblaci¨®n est¨¢ sufriendo una represi¨®n muy fuerte en sus propios territorios. Aunque la situaci¨®n ha mejorado en parte, Sandford reconoce que las estructuras que orquestaron muchos de los cr¨ªmenes y masacres se han reorganizado. ¡°Yo le tengo mucho respeto a Rodrigo Tot y a otros miembros de su comunidad. Tienen mucho valor para levantarse y decir lo que est¨¢ pasando¡±, insiste.

Es tambi¨¦n a finales del siglo XIX cuando se crea el Registro General de la Propiedad de Guatemala y comienzan a inscribirse las diferentes fincas. A pesar de estar habitadas por ind¨ªgenas, a los q¡¯eqchi¡¯ no se les reconoce ninguna titularidad sobre ellas.

En 1953, los latifundios pasan a ser parte de la naci¨®n y es cuando las comunidades comienzan a iniciar su reivindicaci¨®n sobre las mismas, pero el conflicto interno vivido en Guatemala hace que no sea posible retomar este problema hasta comienzos del siglo XXI. Despu¨¦s de un largo y duro proceso, los pueblos originarios pagan el precio total para recomprar los territorios, pero no se puede proceder a la inscripci¨®n por diferentes negligencias burocr¨¢ticas y del catastro. En un contexto de violencia continua, amenazas y asesinatos de l¨ªderes y numerosos intentos de desalojo, a pesar de que hay varias sentencias que dan la raz¨®n a los nativos, el Estado guatemalteco no cumple y por eso se pone en marcha el caso ante la CIDH.

¡°Toda Latinoam¨¦rica tiene problemas y crisis sobre tierras habitadas por etnias locales. Guatemala reconoce la jurisdicci¨®n de la CIDH desde 1987, por lo que est¨¢ sometida al hecho de que sus decisiones tienen valor, son vinculantes¡±, explica Carlos Pop, abogado guatemalteco y miembro del equipo legal que presenta la causa ante el tribunal, incidiendo en la importancia que puede suponer la resoluci¨®n judicial.

El derecho de consulta libre, previa e informada

En octubre de 2021 hubo una serie de protestas pac¨ªficas en El Estor llevadas a cabo por miembros de comunidades originarias y vecinos del municipio. Estos solicitaban el cumplimiento de una decisi¨®n judicial que ordenaba realizar un proceso de consulta sobre otro proyecto de miner¨ªa que se viene realizando en la zona. Estas protestas provocaron que el Gobierno declarase durante 30 d¨ªas la situaci¨®n de Estado de sitio y posteriormente el de prevenci¨®n una quincena m¨¢s.

La petici¨®n ante la CIDH es que el Estado de Guatemala debe garantizar la convivencia y armon¨ªa de vida de las comunidades ind¨ªgenas

Carlos Pop, abogado de la comunidad q¡¯eqchi¡¯

¡°[Los pueblos ind¨ªgenas] siguen avanzando pese a todos los obst¨¢culos a los que se han enfrentado. Estas tienen su origen en la historia colonial de discriminaci¨®n y violencia. Hasta el punto en que las decisiones judiciales obligan a reconocer los derechos bajo normas nacionales e internacionales¡±, explica Pop. ¡°La petici¨®n ante la CIDH es que el Estado debe garantizar la convivencia y armon¨ªa de vida de las comunidades tal y como las regulaciones nacional e internacional establecen, a la vez que respeta los derechos de consulta libre, previa e informada a los nativos¡±, a?ade.

El siguiente paso ser¨¢ que la CIDH estudie en profundidad la situaci¨®n de este caso para poder tomar una decisi¨®n respecto el fondo de la cuesti¨®n, algo en lo que previsiblemente tardar¨¢ entre unos siete y 11 meses. Una vez dictado, el fallo final ser¨¢ inapelable. Mientras tanto, los l¨ªderes tienen claro que van a seguir luchando por sus derechos y los de sus comunidades.

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